Nuestros aportes a la mesa de La Habana

Marcha Patriótica Construyendo País.
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APORTES DEL MOVIMIENTO MARCHA PATRIÓTICA AL FORO NACIONAL “FIN DEL CONFLICTO” Y “REFRENDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN”- MESA DE DIÁLOGO DE LA HABANA

Bogotá D.C., 8, 9 y 10 de febrero de 2016

Puntos 3 y 6 del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

En el marco de la convocatoria al Foro Nacional “Fin Del Conflicto” Y “Refrendación, Implementación y Verificación” coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, proyectado a petición de delegados del gobierno Nacional y las FARC – EP, en desarrollo del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, resaltando la importancia de este espacio y reconociendo las dificultades metodológicas y económicas para una mayor participación de la sociedad, manifestamos públicamente nuestra decisión de realizar foros y conversatorios regionales sobre el tema, en la idea de discutir y recoger la mayor cantidad de propuestas a lo largo y ancho de la geografía nacional; en este sentido convocamos a comunidades, organizaciones sociales, étnicas, de género, de Derechos Humanos, de víctimas y populares, a las iglesias, a los gremios y a las instituciones nacionales e internacionales a encontrarnos en los territorios para continuar generando espacios de discusión y construcción de propuestas los cuales remitiremos tanto al gobierno nacional como a las FARC-EP.

De acuerdo a lo anterior presentamos las siguientes propuestas como aportes a ser tenidos en cuenta para continuar avanzando en el camino por la búsqueda y consolidación de la paz estable, duradera y con justicia social para nuestra Colombia:

3. FIN DEL CONFLICTO

3. 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Con relación a este punto, es fundamental para Marcha Patriótica, plantear la existencia de un acuerdo formal suscrito por las partes, legalmente vinculante e informado, que incluya a la sociedad en su conjunto y sea susceptible de seguimiento, monitoreo y verificación. Un acuerdo de este tipo debe contar con un componente no armado de “tercero neutral”, quien establezca una relación de ayuda y genere confianzas; en este sentido respaldamos lo acordado y difundido por las partes mediante “Comunicado conjunto N0. 65”[1], con funciones entre las que estarían la de dirimir controversias y presentar los informes correspondientes de acuerdo a la verificación del cese bilateral entre las partes y la dejación de armas y llegado el caso adelantar acciones de persuasión.

Con el ánimo de que el cese bilateral se materialice, es preciso que se defina la creación de los Territorios Especiales de Paz –TerrePaz que permitan la presencia en los territorios y regiones de los integrantes de las FARC-EP. La extensión y complejidad geográfica del territorio colombiano y la presencia histórica de esta insurgencia, hace necesaria la localización de sus unidades militares en zonas delimitadas para crear las condiciones de convivencia y paz en los territorios.

Los Territorios Especiales de Paz–TerrePaz, deberán ser reglamentados de forma consensuada y señalarán: a. Objetivos, b. Tamaño, c. Temporalidad y condiciones para prórrogas, d. Reglas de movilidad y rotación, e. Reglas de convivencia con población civil, f. Funcionamiento (Normas de funcionamiento interno, reglas de movilidad y accesibilidad), g. Seguridad (ubicación, traslado y esquemas de seguridad interno), h. Prohibiciones y mecanismos de convivencia, i. Garantías de seguridad de terceros nacionales e internacionales y j. Supervisión y verificación (Comité del cese al fuego, con una estructura y funciones de seguimiento, monitoreo y verificación).

Los Territorios Especiales de Paz – TerrePaz, podrían tener las siguientes características:

  • Serán territorios que se articulan mediante mecanismos específicos a la organización político administrativa actual.
  • Serán modelos de convivencia, planes pilotos de reconciliación nacional que generarán oportunidades para la integración social y el desarrollo económico. Por lo tanto deberán buscar la solución a necesidades, requerimientos y obligaciones surgidas del acuerdo final de paz.
  • La función de coordinación administrativa y policial, estaría a cargo de quienes estimen las partes.
  • Construirán medidas de protección colectiva y de restricciones dentro de estos territorios.
  • Podrán gozar de un régimen tributario especial.
  • Debe existir una instancia para aplicar decisiones y fórmulas de resolución de conflictos que permitan el bienestar comunitario.

Igualmente en el acuerdo sobre cese al fuego bilateral es preciso que se definan:

a. Zonas de exclusión o limitación.

b. Zonas de control.

c. Reducción Mutua de amenazas:

Separación y despliegue de fuerzas: se podría iniciar con el retiro de tropas y su movilización hacia las zonas de convivencia.

Zonas de restricción de vuelos.

Formas concertadas de contrarrestar otros grupos armados que pretendan ingresar a estas zonas y alterar el orden.

Restricción sobre el uso y despliegue de armamento.

Restricciones al movimiento de tropas, reabastecimiento y entrenamiento.

d. Garantías a terceros nacionales e internacionales:

Garantizar la seguridad de movimiento libre, sin restricciones, con libre acceso y derechos plenos para hacer seguimiento, monitoreo y verificación.

Cualificación de equipos de seguimiento, monitoreo y verificación.

Medidas de protección colectivas y coordinadas entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para coordinar dichos ingresos.

e. Sistemas conjuntos de monitoreo y verificación al cese al fuego.

f. Rol de terceros, relacionado con el monitoreo y la protección.

g.Preparación y alistamiento para el proceso de dejación de armas y reintegración.

Observando la presencia territorial que tienen las organizaciones de la sociedad civil colombiana a lo largo del territorio nacional y la legitimidad, reconocimiento y confianza de la que gozan frente a comunidades, organizaciones y movimientos sociales, además del conocimiento de los particulares contextos sociales, políticos, geográficos y culturales.

Resaltando la experiencia adquirida a través del trabajo histórico de las organizaciones de la sociedad civil colombiana en la construcción de la paz, la promoción de los Derechos Humanos, el seguimiento de hechos que se han presentado en desarrollo del conflicto armado interno y su afectación a comunidades e individuos. “Así como la experiencia desarrollada por la Veeduría Social del Cese Unilateral decretado por las FARC-EP, desde el 20 de diciembre de 2014, mediante la cual organizaciones sociales y eclesiales han desarrollado un seguimiento al compromiso de esta organización guerrillera, basándose en los informes de comunidades indígenas, campesinas y afros, y organizaciones sociales que habitan en los territorios donde se desarrolla el conflicto armado.”[2]

Para este proceso consideramos fundamental:

  • El fortalecimiento de la capacidad cualitativa de las comunidades y la articulación con la comunidad, organizaciones sociales, de víctimas y de defensores de Derechos Humanos, instituciones civiles y el componente de seguimiento, monitoreo y verificación tripartito acordado por las partes.
  • La misión de seguimiento, monitoreo y verificación debe tener la capacidad de adaptarse, entender y articularse a las dinámicas organizativas que se encuentran presentes en los territorios.
  • Se deben considerar los enfoques diferenciales (étnicos y de género) que contribuyan a tramitar eventuales dificultades de convivencia.
  • Mejorar la cualificación y la precisión de la información en los procesos de sistematización y análisis, reconociendo siempre los acumulados organizativos que existen sobre el tema.
  • Mejorar la infraestructura, medios y recursos suficientes que permitan y faciliten el desarrollo del trabajo de veeduría, monitoreo y verificación.
  • Deben existir condiciones de seguridad y garantías óptimas (eficientes, eficaces) para la vinculación de las organizaciones al proceso.
  • Debe ubicarse una forma adecuada de poner en diálogo las experiencias propias que existen en el tema de monitoreo y verificación con los elementos más técnicos que incorpore la Misión y que deban también desarrollarse.

3. 2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses.

Frente al eventual proceso de dejación de armas por parte de las FARC EP, quienes hemos tenido que enfrentar las consecuencias nefastas de la violencia sociopolítica, en el marco de lo señalado en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”[3] consideramos la necesidad del reconocimiento explícito por parte del Estado como responsable de promover y ejercer la violencia sociopolítica como fenómeno sistemático y estructural de criminalidad estatal, en donde la elite política ha obtenido importantes beneficios particulares, a través de las diferentes dinámicas de conflicto. Para que los hechos de violación a los Derechos Humanos no se repitan nunca más, se debe renunciar de una vez y para siempre al exterminio del contradictor político, abandonar la tesis del enemigo interno, al uso del aparato judicial a través del derecho penal del enemigo, a la criminalización de cualquier forma de organización política y social, del ejercicio constitucional a la protesta social y al ejercicio de la violencia como forma de acumular riqueza y agudizar las desigualdades sociales.

Es imperioso modificar las doctrinas de seguridad nacional enmarcada bajo los principios del “Enemigo interno, la guerra total, el conflicto de baja intensidad y la acción integral”, ya que de lo contrario, las Fuerzas Armadas de nuestro país seguirán viendo a la población civil como un potencial enemigo o como “Blanco Legítimo” al que hay que combatir bajo cualquier método y continuarán utilizando las armas en contra del pueblo colombiano. Para terminar con el actual ciclo del conflicto internoconsideramos necesario:

a. Crear una doctrina verdaderamente patriótica que promueva la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales, la legislación para la paz y sea respetuosa de los Derechos Humanos que inspire y guíe el accionar de las fuerzas armadas, plasmada en jornadas pedagógicas y de formación permanente.

b. Retomar el control civil de la fuerza pública, definir claramente el papel de la policía como cuerpo civil adscrito al Ministerio del Interior.

c. Generar un importante proceso de depuración y reformulación del accionar de las Fuerzas Armadas, que contemple aspectos tales como:

  • Una ley de ascensos y promociones de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que establezca como prohibición la posibilidad de promover a quienes hayan estado implicados – por acción u omisión - en grupos o actividades paramilitares y que a su vez garantice la democratización frente a los rangos de dirección para que pueda llegar cualquier persona por sus méritos y no por su condición de clase o pertenencia étnica. Esta legislación contemplará un procedimiento previo de verificación de antecedentes y conducta.
  • Retomar la importancia de la necesaria desmilitarización del territorio en la proyección de que los integrantes de las fuerzas militares vuelvan a los cuarteles y tengan como función principal el resguardar nuestras fronteras.
  • Desvinculación de las Fuerzas Armadas de todas las personas ligadas a graves violaciones de Derechos Humanos.
  • La modificación de los actuales manuales contra insurgentes, órdenes operativas y de batallas.
  • Constituir la figura de él servicio social para la paz y en consecuencia eliminar la figura del servicio militar obligatorio. Acogiendo el clamor de muchos nacionales entre ellos la iniciativa de “jóvenes objetores de conciencia” y la parte motiva de fallos judiciales sobre el tema.
  • Prohibición de la existencia de bases militares extranjeras y de operaciones de empresas mercenarias como DYNCORP que actualmente actúan en el territorio patrio. Y persecución judicial real y efectiva de aquellas misiones militares internacionales que vienen siendo acusadas de graves afectaciones a derechos sexuales de mujeres Colombianas.
  • Modificación de las prioridades que orientan la política de formación en el exterior de las Fuerzas Armadas
  • Debe existir una reducción sustancial del presupuesto militar que esté acorde con un horizonte de pos acuerdo y sea utilizado para la inversión social.

Y en consecuencia de lo anterior se finalice el desarrollo e implementación del “Plan Nacional de Consolidación Reconstrucción Territorial”.

d. El sistema de inteligencia y contra inteligencia estatal debe respetar las garantías y derechos fundamentales. Para lo cual deberá

  • Incluir mecanismos de control civil de los servicios de inteligencia incluidos órganos de supervisión legislativa.
  • Publicar y Depurar los actuales archivos de inteligencia, en particular la información que afecte a organizaciones y dirigentes sociales, defensores de Derechos Humanos
  • Introducir el Derecho al Habeas Data como mecanismo que pueda ser utilizado para garantizar el acceso a informaciones existentes en materia de inteligencia.
  • Regular los criterios de revisión de los archivos y de la información recolectada.
  • Fortalecer los mecanismos de control externo y político sobre la información y datos recolectados en el marco del ejercicio de la acción de la inteligencia del Estado.
  • Replantear el papel de la Fiscalía como ente investigador, en donde se persiga el crimen y no el liderazgo social y político de oposición y la defensa de los derechos humanos.
  •  
  • Igualmente se deben adoptar medidas para:
  • Lograr que el poder judicial sea democrático e independiente.
  • La protección de líderes y dirigentes sociales y populares, y en especial la labor de trabajadores de la salud, medios de comunicación independientes, víctimas y defensores de Derechos Humanos.
  • la revisión y derogación del marco normativo que materializan la doctrina militar vigente tales como: Fuero penal militar, inteligencia y contra inteligencia, de estados de excepción, código de policía y de Seguridad Ciudadana, entre otros.
  • Establecer los límites de la Justicia Penal Militar y que esta se restrinja a delitos específicamente militares, cometidos por militares.

Las FARC-EP deberán iniciar un proceso gradual de dejación de armas que sea proporcional y gradual al cumplimiento de los acuerdos a través de un mecanismo de verificación constituido por las partes con un componente internacional en el que se deberán establecer los mecanismos de supervisión con participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los acuerdos (proceso de reestructuración en las instituciones y el avance de las fases de la implementación de los acuerdos y de las reformas políticas, económicas y sociales).

3.3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

En el marco de las exigencias de la sociedad colombiana, de sus organizaciones, del borrador de acuerdo sobre víctimas y de fallos judiciales entre los que destacamos la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991, en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país[4], y que “la Política Criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena”[5], Es necesario:

Que se inicie el proceso de implementación del componente del Sistema integral de Verdad Justicia, reparación y garantías de no repetición en lo referente a indultos y amnistías.

Que se adelante un proceso de revisión de la situación jurídica tendiente a la extinción de responsabilidad penal de las personas privadas de la libertad y vinculadas a procesos judiciales por:

  • Los casos de dirigentes sociales y de campesinos que históricamente han habitado en zonas de conflicto acusados de supuestos vínculos con la insurgencia y que han sido víctimas de montajes judiciales en el marco de las denominadas redes de apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional o carteles de falsos testigos.
  • Los casos de penalizados por el procesamiento, transporte, porte y comercialización de cultivos de uso ilícito, en lo que concierne a pequeños cultivadores y recolectores (raspachines) teniendo en cuenta que esta situación se ha presentado producto de las condiciones socio-económicas materiales individuales y colectivas y el abandono estatal. (Aclaramos que, lo que persigue está propuesta es beneficiar a los campesinos, indígenas, afro descendientes no estamos en pro de beneficiar a los narcotraficantes o a las bandas criminales que tienen por actividad económica el micro-tráfico, entre otros).
  • Los casos de aquellos que participaron en las movilizaciones agrarias, campesinas, étnicas y populares, que se han desarrollado a lo largo y ancho del país, en el marco del ejercicio y acción del derecho constitucional a la protesta social.

Dar fundamento normativo a un mecanismo que viabilice la aplicación del estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los Derechos Humanos, de forma tal que se formule y diseñe una Política Criminal, el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Que se difunda entre las autoridades en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los Derechos Humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de la Sentencia de la Corte Constitucional T – 762 de 2015.

Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad.

Estructuración de una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos.

Revisión del sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso.

Elaboración de un plan integral de programas y actividades de resocialización, tendiente a garantizar el fin primordial de la pena en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Que fije fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales a corto, mediano y largo plazo.

El desarrollo de brigadas jurídicas conjuntas (organizaciones de la sociedad civil e instituciones) periódicas en los establecimientos de reclusión del país.

Y adelantar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar una adecuada infraestructura con los consecuentes recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para superar el estado de cosas inconstitucional.

3.4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra la población civil,  defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

Se debe avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales del Estado depurando la rama judicial, el ejecutivo y el legislativo,los entes de control de cualquier injerencia mafiosa. De igual forma, urge crear nuevas instituciones verdaderamente garantes, promotoras del respeto y del goce efectivo de los Derechos Humanos del conjunto de los colombianos, para avanzar hacia una sociedad en paz, se propone la creación del Ministerio de los Derechos Humanos que sea el órgano encargado del control de las instituciones del Estado para velar por el cumplimento de sus fines, la promoción  y la defensa de los DDHH, el desmonte del paramilitarismo y el seguimiento a los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las insurgencias armadas.

3.5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

Se requiere encaminar planes hacia el fortalecimiento institucional del Estado con miras a aportar al proceso de verificación e implementación de acuerdos. En lo relativo a funciones y capacidad de vinculación de acciones, personal, infraestructura técnica y financiera de la Defensoría del Pueblo, las personerías Municipales y las oficinas de Derechos Humanos de las Gobernaciones y mecanismos de protección conjuntos entre el Estado y las comunidades y las organizaciones objeto de medidas de protección, tanto individuales, como colectivas. Se deben tomar medidas de protecciones colectivas y diferenciadas dentro de los territorios para garantizar la vida y la integridad física de las todas las personas que se encuentren en riesgo hasta que no hayan garantías reales y políticas de protección.

Proponemos la conformación de un comité intersectorial y social que permita aportar información, avalar documentos y propuestas con una dinámica vinculante de responsabilidades para el Estado.

Adicionalmente como medidas en aras de garantizar la independencia de los poderes públicos, contra la corrupción y el constreñimiento al elector, se podrían adoptar las siguientes:

  • Ningún servidor público podrá utilizar las asignaciones presupuestales, los proyectos de inversión, los programas de asistencia y los empleos públicos para presionar a los ciudadanos para que voten por un candidato.
  • Los Congresistas, Diputados y Concejales no podrán actuar como ordenadores del gasto público.
  • Se prohibirán la creación de nóminas paralelas dentro de la administración pública, incluidos órganos de seguridad y defensa del Estado.
  • Los partidos y movimientos políticos que se declaren de manera oficial y pública en oposición al Gobierno y que no participen en las funciones ordinarias de este, serán considerados sujetos de especial protección constitucional. Para estos efectos se garantizarán los derechos a la información y a la documentación oficial, entre otros.

Por otra parte, la construcción de un nuevo país, requiere la eliminación de los tipos penales y modificar la conducta de los funcionarios que han provocado la criminalización de la protesta social. Tomar medidas para impedir estrategias dirigidas al uso del derecho penal como arma de represión de la disidencia política. Estas son pues algunas ideas que se plantean como apuestas claves para la terminación del conflicto y la implementación efectiva de los acuerdos de paz.

Como aporte a la consolidación de una paz estable y duradera se debe:

  • Constituir un nuevo sistema educativo para la paz que incluya la pedagogía para la paz. En este sentido, proponemos la creación de una Comisión que estructure el nuevo sistema educativo el cual deberá estar integrado entre otros por el Ministerio de Educación Nacional, docentes y estudiantes.
  • Frente al carácter consultivo de espacios inter institucionales como el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz, hay que fortalecer y ampliar su carácter dirigidos a ser mecanismos autónomos de interlocución y decisión entre la sociedad y el Estado para la construcción de una política pública de paz.
  • Establecer la necesaria participación de las comunidades y organizaciones sociales en la implementación de proyectos socio económicos en los territorios.
  • Reconocer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (normas de convivencia) construidos históricamente desde las comunidades.
  • Avanzar en el proceso de eliminación del latifundio y de límites a la propiedad territorial en la etapa de fin del conflicto.
  • Reglamentar la participación del movimiento político en que se constituyan las FARC-EP en el congreso, asambleas y consejos por 3 periodos.
  • Garantizar la reincorporación económica y social de los integrantes de las FARC-EP, brindando plenas garantías legales, económicas y políticas.

Para que la construcción de la paz con justicia social se materialice, es necesario que todos los actores del conflicto Colombiano se vinculen a procesos de diálogo y negociación política. En el marco de los avances de la fase exploratoria de diálogos entre el gobierno nacional y la insurgencia del ELN, se debe realizar la formalización de la fase de negociación para así avanzar en la concreción de acuerdos.

3. 6. Garantías de seguridad.

Ante las grandes dificultades en materia de normatividad alejada de la realidad que afectan derechos de poblaciones vulnerables y a las grandes deficiencias que presenta la implementación de medidas de protección que actualmente se encuentran a cargo de la UNP, del Ministerio del Interior, La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación,

Se creará un Sistema Integral de Seguridad y Protección. En este Sistema el Estado dará todas las garantías de seguridad integral para la población en general, para los movimientos políticos y sociales, organizaciones sociales y populares, defensoras de DDHH y de víctimas, movimientos políticos y para el movimiento político en el que se transformen las insurgencias armadas y para los Territorios Especiales de Paz. Dicha unidad deberá contar con una estructura, fuentes de financiación, protocolos de estudios de nivel de riesgo y medidas de protección colectivas y diferenciadas, acordes a contextos específicos y poblaciones concretas (indígenas, afro descendientes, campesinos, mujeres, población LGBTI, entre otros) en situación de vulnerabilidad, entre otros pertinentes acordadas por las partes.

Las partes integrarán una “Comisión especial de seguridad y protección” la cual se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. Esta Comisión diseñará un Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo movimiento y establecerá los recursos humanos y de presupuesto requeridos para su implementación. Tal Comisión tendrá un carácter permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas, en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre este tema.

Del mismo modo las comunidades en los territorios pertenecientes a la sociedad civil, construirán mecanismos de protección dentro de las regiones consistentes en preservar la seguridad y la convivencia en los territorios, deberán enfocarse en una protección colectiva y diferenciada de acuerdo a los contextos propios de cada región.

Se creará, en concordancia con lo acordado en el punto “Participación Política”, en materia de seguridad, un Sistema de prevención, alerta y de reacción a la presencia, operaciones y/o actividades de estructuras criminales, bajo la dirección de la Comisión, el cual deberá combinar actividades permanentes de monitoreo, capacidad de alerta temprana y despliegue de reacción rápida en el terreno.

El “Sistema de prevención, alerta y de reacción” contará con oficinas de monitoreo permanente y alerta de la presencia y actividad criminal en los territorios o zona que se definan, y con Comités Territoriales de Alerta y Reacción Inmediata, que coordinen a nivel local sus funciones.  Será un sistema  eficaz  y de aplicación de medidas  inmediatas. 

En los territorios especiales de convivencia para la paz se deberán brindar plenas garantías de seguridad y protección.

3.7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

Pese a los avances en el sendero de un eventual fin del conflicto y tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las organizaciones sociales hemos venido haciendo veeduría al accionar de estructuras criminales y paramilitares a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y consideramos que estas estructuras se han constituido en la principal amenaza para la sociedad y el movimiento político en que se conviertan las FARC-EP y un factor de riesgo fundamental a la hora de garantizar la no repetición del conflicto.

Considerando que el paramilitarismo desafortunadamente es un fenómeno enraizado en el sistema político, social, cultural y económico del país, que históricamente, ha actuado a través de redes interdependientes, agenciadas por instituciones y agentes del Estado, mafias políticas, sectores económicos y de delincuencia común, que han afectado a lo largo de nuestra historia a la población civil, se hace necesario evitar el fortalecimiento y generar acciones para el desmantelamiento de dichas estructuras criminales y sus redes de apoyo.Para ello, consideramos necesario que:

a. El Gobierno Nacional reconozca el resurgimiento y la existencia de estructuras paramilitares y sus redes de apoyo, estructuras que continúan violentando los Derechos Humanos de los colombianos y cometiendo graves crímenes en contra de la población civil.

b. Se debe realizar un acuerdo político nacional de rechazo a las estructuras criminales y paramilitares que garantice su identificación y desarticulación en todo el país y la elaboración consensuada y puesta en marcha de una política pública de combate al fenómeno, así como de educación y pedagogía para la paz.

c. La política de seguridad del Estado se debe dirigir a la protección de la vida y las garantías de la ciudadanía para el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.

d. Se deberá constituir una política criminal, dirigida a la desarticulación de la capacidad bélica, política y económica de estructuras paramilitares. Con un enfoque inter dimensional e institucional que desarticule todos los componentes del fenómeno además de fortalecer una acción efectiva y focalizada del Estado contra estas estructuras.

  • La creación e implementación de mecanismos legales especiales contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, especialmente las paramilitares, que permitan efectuar los ajustes normativos y obtener herramientas jurídicas para afianzar las capacidades del Estado dirigidas a romper la posibilidad de cualquier vínculo entre agentes del Estado y sectores políticos, sociales y económicos con este tipo de estructuras.
  • Se deberá incluir una norma constitucional dirigida a la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares.
  • Se deberá crear un nuevo tipo penal dirigido al paramilitarismo y que sancione la promoción, financiación, organización, fomento y ejecución de conductas y actos tendientes a la conformación de grupos criminales, estructuras paramilitares o contrainsurgentes ilegales o de mercenarismo, que entre otras incluya causales de agravación punitiva.
  • Se adoptarán medidas especiales para enfrentar la parapolítica y la paraeconomía. Por lo tanto, se deben reglamentar e implementar rigurosamente formas de sanción política en la normatividad vigente, no solo por el punible de concierto para delinquir sino por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derecho humanos. Además, se deben crear sanciones económicas para los partidos y pecuniarias para los individuos, y hacer más riguroso el sistema de control de otorgamiento de avales y de financiación de los partidos.
  • En el marco de lo aprobado en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, se deberá poner en marcha una unidad de naturaleza judicial de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales paramilitares y sus estructuras económicas.
  • Se creará una Comisión Nacional contra el paramilitarismo. Con una estructura, funciones y presupuesto especiales. Los comisionados, fiscales, jueces y funcionarios tendrán entre otras funciones la de investigación, análisis y judicialización, y se les garantizarán condiciones de independencia e imparcialidad. Así mismo, gozarán del acompañamiento internacional del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la CELAC

e. Se creará un cuerpo élite contra el paramilitarismo, con competencia para combatir las organizaciones criminales y sucesoras de este fenómeno en las zonas urbanas y rurales. Este cuerpo los enfrentará físicamente a través de acciones coordinadas y pondrá en marcha a su vez los mecanismos judiciales respectivos, bajo la dependencia del Ministerio del Interior, en coordinación con la Comisión Nacional contra el paramilitarismo.

f. Generar las condiciones adecuadas, suficientes y eficaces en materia de seguridad en el territorio nacional para evitar la afectación de los derechos y garantías fundamentales, desarrollando además la capacidad de prevenir, reaccionar, controlar y sancionar ante posibles violaciones  a los Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario

g. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada será adscrita al Ministerio del Interior, y sobre sus actuaciones se establecerá una auditoría social.

h. Creación de normatividad que sancione y censure contenidos audiovisuales que promueven el paramilitarismo

i. Generar programas audiovisuales dirigidos a la visibilización y sensibilización de las víctimas del paramilitarismo.

En síntesis, para que la construcción de una paz estable y duradera sea posible, es preciso develar la responsabilidad estatal en la creación, promoción, fomento y fortalecimiento del paramilitarismo para la legitimación del orden económico y social excluyente que consolidó su aplicación. Es fundamental a su vez, establecer la responsabilidad de los propietarios de las empresas nacionales y multinacionales que apoyaron el paramilitarismo y la consiguiente comisión de vulneraciones a los Derechos Humanos. 

6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

6.1. Mecanismos de implementación y verificación.

Para la implementación de los acuerdos expresamos la necesidad de la Estructuración de un Plan Nacional de Desarrollo para la Construcción de la Paz, con lineamientos dirigidos al fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción la paz estable y duradera.

Para ello se requiere la disponibilidad de recursos económicos para la conformación de un Fondo Nacional para la Construcción de la Paz. El cual deberá contar con una partida específica en el presupuesto general de la nación, una vigencia proyectada y un componente específico de seguimiento y control acordado por las partes, además de un componente de veeduría y control ciudadano.

Igualmente en la etapa del pos acuerdo se debe implementar un mecanismo de articulación entre los planes de Desarrollo Nacional, Departamentales y Municipales existentes y el Plan Nacional de Desarrollo para la Construcción de la Paz.

Asimismo, el pueblo colombiano debe expresar sus apuestas en un nuevo marco de desarrollo constitucional, legal, reglamentario y administrativo de los Acuerdos que contiene el acuerdo final. Para lo cual se deberá establecer y garantizar las modalidades específicas de creación o producción de borradores normativos, su incorporación en el ordenamiento jurídico, los lineamientos de política pública y la proyección fiscal que lo respalde.

Para el tema del seguimiento, monitoreo y verificación se debe tener preciso:

  • Composición y estructura (en la cual deben estar las partes, el componente internacional y organizaciones y procesos de la sociedad civil).
  • Las funciones y mandato de los integrantes de la comisión.
  • El grado de autonomía e independencia.
  • Objeto y alcance de la verificación.
  • Mecanismos de verificación, comunicación y reporte.
  • Recursos financieros y logísticos.
  • Se deben tomar como fuente primaria de información las comunidades y las organizaciones que hacen presencia en los territorios en donde se implementaran el seguimiento, monitoreo y verificación.

Partiendo que la participación de la sociedad no solo se debe limitar al Monitoreo y Verificación del Cese al fuego y de las Hostilidades Bilateral y Definitivo, si no que se debe proyectar a la verificación de los acuerdos. En este proceso se debe tomar en cuenta los aportes o apoyos al proceso de seguimiento, monitoreo verificación que podrían hacer las comunidades, organizaciones sociales y derechos humanos, en articulación a la Defensoría del Pueblo, las Personerías, Gobernaciones y Alcaldías.

Debe existir una diferenciación de tareas misionales para el tema de verificación. Entre gobierno civil, organismos de control, actores de la sociedad civil y el componente armado. Dirigido al seguimiento y control de la implementación de los acuerdos.

Es preciso definir los mecanismos de participación y toma de decisión de las comunidades en relación con la construcción de los planes de desarrollo local y municipal, el viraje del actual PND y la necesidad de construir una hoja de ruta y un marco legislativo para la construcción de una paz estable y duradera.

6.2. Herramientas de difusión y comunicación.

De acuerdo a los acumulados en la discusión sobre el tema y de los avances contenidos en los borradores de Acuerdo, consideramos la importancia de:

Realizar en todo el territorio jornadas pedagógicas y de difusión sobre los acuerdos, dichas jornadas se harán de forma conjunta y consensuada entre las partes y la sociedad en su conjunto.

Creación de una ley de medios que regule la transparencia y la imparcialidad a la hora de transmitir y difundir la información.

Generar mecanismos de difusión a través de los medios masivos de comunicación. Proscribiendo cualquier manifestación que pueda afectar o poner en riesgo la implementación de los acuerdos y el desarrollo social y participativo de las comunidades en los territorios.

Constitución de mecanismos para la construcción de una memoria histórica que cuente la realidad del país de acuerdo a lo que surja de la comisión del esclarecimiento de la verdad.

Realizar una democratización de los medios de comunicación no solo en lo referido a los contenidos sino en términos del fortalecimiento de la propiedad pública de medios de comunicación.

6.3. Mecanismo de refrendación de los acuerdos.

Ante la posición del gobierno, que de manera unilateral ha tramitado y pretendido posicionar iniciativas normativas de mecanismo de refrendación consideramos, que dicho mecanismo deberá ser acordado por las partes, teniendo en cuenta que los acuerdos de la mesa son vinculantes por el Bloque de Constitucionalidad en virtud de la normatividad internacional son “acuerdos especiales”[6] y que la paz es un derecho síntesis de todos los colombianos tal y como esta expresado en el borrador conjunto sobre el acuerdo de víctimas.

Conscientes de la necesidad de un nuevo pacto político colombiano, el mecanismo de refrendación acordado por las partes además de consultar a la sociedad sobre los acuerdos debe incluir la pregunta sobre la convocatoria a la realización a una Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del proceso de paz con cambios que se desarrolla en la actualidad en nuestro país.

Para abordar las tareas y retos que el pos acuerdo de cara al país es necesario un nuevo pacto social pues el ordenamiento actual no ofrece las condiciones para abordar satisfactoriamente dichas tareas y retos. No se puede perder de vista que se trata de resolver las condiciones que provocaron el conflicto armado para garantizar su no repetición. Habrá, no obstante, que precisar con base en los acuerdos suscritos y el Acuerdo final qué materia de sus contenidos son objeto de reforma constitucional, de desarrollo legal y aun de decretos reglamentarios.

Por lo tanto, planteamos la realización de la A.N.C. como un escenario indispensable para emprender el camino hacia la Paz con Justicia Social, donde los sectores sociales, populares, iglesias, academia, partidos, empresarios y el conjunto de la sociedad colombiana construyamos un pacto social y político de la reglas fundantes de la nueva etapa de una Colombia con paz democrática; será una reunión nacional de representantes populares que asumen el objetivo específico de construir y pactar las reglas que en el futuro, regirán la relación entre gobernantes y gobernados; el funcionamiento y distribución del poder, fundamento de su sistema político y social. Este ejercicio soberano es el mecanismo más pertinente no solo para refrendar los acuerdos con las insurgencias, sino para pactar las diversas aspiraciones del pueblo en una nueva Constitución para la Paz de Colombia.

Sobre la composición de la Asamblea Constituyente. La construcción de una propuesta en este tema seguramente deberá asegurar un número de delegados que no queden sometidos a la infranqueable lucha de los partidos políticos y el sistema electoral, para que dispongan de asientos diferenciales en la ANC de forma que se garantice la participación de comunidades cultural, étnica y ancestralmente diferenciadas como los campesinos, indígenas y afrodescendientes, pobladores urbanos y de delegados de la insurgencia armada, en atención a su composición proporcional respecto del conjunto de la sociedad.

Deberán plantearse por ejemplo circunscripciones territoriales o especiales, pensamos aquí en los territorios insulares o los territorios que abarcan las selvas del país. Pero también deberemos considerar la participación de las víctimas del conflicto armado interno. Por supuesto, como consecuencia de firma de acuerdos de paz, tendrá que preverse la circunscripción especial para las insurgencias que garantice su efectiva inclusión en el juego político de cara a lograr superar las causas que dieron origen y continuidad al conflicto armado colombiano.

En este entendido, la propuesta de convocatoria, composición, temario y tiempos de la asamblea constituyente debe ser construida pluralmente, producto de un gran acuerdo político y social para proyectar este escenario en un mecanismo popular y democrático, para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del Estado para la Paz estable y duradera.

 

Movimiento políitico y social Marcha Patriótica 

 

 


[1] Del 19 de enero de 2016

[2] Documento Veeduría Social, febrero de 2016

[3] Documento de febrero de 2015

[4] Sentencia T-388 de 2013. Corte Constitucional.

[5] Sentencia T – 762 de 2015. Corte Constitucional.

[6] Los acuerdos especiales son acuerdos que las Partes en conflicto pueden concertar entre ellas para mejorar o completar las normas estipuladas en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Artículo 6 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra. Esta definición remite a las normas contenidas en los artículos que en los Convenios de Ginebra se titulan ‘acuerdos especiales’, según los cuales los Estados pueden concertar este tipo de acuerdos sobre cualquier cuestión que les parezca pertinente definir particularmente, aclarando que estos no perjudicarán la situación de las personas protegidas.

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