Marcha Patriótica, Sobre foro de Víctimas

Víctimas
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1) carácter social y político del conflicto colombiano y su temporalidad histórica.

Para el movimiento social y político Marcha Patriótica, la actual dinámica del conflicto no puede explicarse como el producto del ensañamiento contra la población civil de parte de una amenaza terrorista, tal y como ha querido plantearse por los Estados Unidos y por el Estado Colombiano especialmente después del 11 de septiembre de 2001, dicha caracterización busca desconocer no solo las causas sociales y políticas del conflicto sino también la altísima responsabilidad del estado colombiano, de partidos políticos y de agentes económicos en el origen de la actual expresión del conflicto y en todo su desarrollo.

Por el contrario, para MAPA es claro que lo que existe en nuestro país es un conflicto social político y armado, que encuentra su origen en la decisión deliberada y consciente de la elite política de nuestro país de utilizar la guerra y el exterminio físico como forma de acabar con expresiones políticas y sociales que pongan en riesgo su continuidad en el ejercicio del gobierno y del poder político, así como una manera de acumular y concentrar riqueza por la vía del despojo y el impedimento de cualquier expresión  de organización social que busque distribuir riqueza o generar condiciones reales de igualdad, realidad que ha traído como consecuencia que Colombia es hoy uno de los países más desiguales y con mayor concentración de la riqueza en el mundo, la perpetuación de un régimen político altamente antidemocrático y  la configuración de un estado criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, realidades todas estas reconocidas por múltiples autores, ONGS e instancias multilaterales.

De igual forma, aunque podría decirse que nuestro país ha vivido en una permanente dinámica de violencia sociopolítica, sin lugar a dudas el origen del actual ciclo del conflictos encuentra como hito histórico el 9 de abril de 1948, con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y no entendido este como causa, sino más bien como una expresión visible del asesinato político y el despojo armado a miles de campesinos de sus tierras.

Es por esto que si realmente se quiere avanzar hacia un ejercicio integral y estructural de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y de construcción de una paz estable y duradera, es indispensable que la elite política colombiana,  la cual se expresa hoy a través de las diferentes formas del bipartidismo clásico, reconozca su responsabilidad en el origen y desarrollo de la actual dinámica de conflicto, asumiendo su condición de principal responsable de promover y ejercer   la violencia,  reparando a sus víctimas y renunciando  de una vez y para siempre al exterminio del contradictor político y al ejercicio de la violencia como forma de acumular riqueza. En este mismo sentido, todo acto de construcción de memoria y de reparación de las víctimas debe tener como fecha de referencia el año de 1948,  ya que la normatividad vigente en materia de reparación a las víctimas ( ley 1448)  y los informes oficiales de reconstrucción de memoria lo hacen desde 1984, hecho que no solo desvirtúa el verdadero origen y carácter del conflicto, sino que afecta ostensiblemente el ejercicio de construcción de memoria histórica y desconoce un número muy significativo de víctimas.

Para profundizar en estas discusiones y en la construcción de acuerdos que reparen efectivamente a las víctimas y la edificación de acuerdos que nos permitan al conjunto de los colombianos saber por qué y conocer la verdad frente a los hechos que constituyen la historia del actual conflicto social y armado, consideramos de vital importancia la creación de una comisión de esclarecimiento del origen del conflicto armado.     

 

 2) Reconocimiento de la criminalidad estatal, desmonte del Estado Criminal y construcción de una nueva institucionalidad garante de los derechos humanos, mediante la asamblea nacional constituyente.

Según diferentes informes sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario realizados por diferentes ONG e instancias internacionales, entre ellas por el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y por el mismo estado Colombiano, el mayor número de hechos victimizan tés y de violaciones a los derechos humanos son atribuibles al Estado bien sea por la acción directa de sus agentes o por los crímenes cometidos por los grupos paramilitares, grupos que en nuestro criterio y como lo expondremos más adelante han hecho parte de una estrategia estatal.

Este hecho bastante significativo pone de presente que en Colombia se ha configurado un verdadero Estado Criminal que de múltiples y variadas formas viola sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos, hechos como las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las torturas, las detenciones arbitrarias, los abusos sexuales por parte de las fuerzas armadas contra la población civil y la persecución y genocidio político se han desarrollado y se desarrollan diariamente con la participación directa del Estado colombiano.

Estos crímenes han sido cometidos por el Estado como un todo y no por agentes aislados o manzanas podridas como se ha planteado en múltiples ocasiones, ya que en su preparación, desarrollo, consolidación e impunidad han participado todas las ramas del poder público y las fuerzas militares tanto a nivel local, regional y nacional. Es claro que las dinámicas del narcotráfico, la corrupción y el paramilitarismo han copado espacios muy importantes en todas las instituciones del estado colombiano, como parte de la implementación de la "guerra sucia". Diferentes jefes paramilitares han declarado públicamente que han logrado influir de forma determinante en la elección de fiscales, designación de jueces, notarios, congresistas, alcaldes, gobernadores y demás autoridades, dicha realidad ha configurado una verdadera institucionalidad mafiosa y criminal, que no solo permite perpetrar las violaciones de los derechos humanos y la victimización de miles de colombianos, sino que promueve dichas violaciones, las consolida y garantiza casi una total impunidad.

Frente a esta realidad es absolutamente indispensable el reconocimiento de la criminalidad estatal como un fenómeno sistemático y estructural, avanzar en el desmantelamiento de la actual institucionalidad criminal depurando la rama judicial, los entes de control, el ejecutivo y el legislativo de cualquier injerencia paramilitar y mafiosa, de igual forma urge crear una nuevas instituciones verdaderamente garantes, promotora del respeto y del goce efectivo de los derechos humanos del conjunto de los colombianos,  para avanzar hacia una sociedad en paz. La creación de ese nuevo estado de cosas solo es posible mediante el desarrollo de una asamblea nacional constituyente en la que participen todos los sectores excluidos históricamente del poder político entre ellos las insurgencias colombianas.           

 

3) Los grandes beneficiarios de la violencia socio política: Partidos políticos tradicionales, gremios económicos colombianos y trasnacionales.

Para lograr una efectiva y real reconstrucción de la verdad histórica, así como en la generación de justicia, reparación y garantías de no repetición es necesario que los principales beneficiarios de la violencia socio política que se ha desarrollado en Colombia, reconozcan su responsabilidad y se comprometan a fondo con todo lo que implica reparar a las víctimas y la construcción de una paz estable y duradera.

Debe esclarecerse el papel de las trasnacionales en la conformación  y financiación de grupos paramilitares que buscan eliminar físicamente organizaciones sindicales de trabajadores de sus empresas, así como generar dinámicas de amedrentamiento contra las comunidades que habitan los territorios donde desarrollan sus actividades económicas, todas estas realidades con el beneplácito estatal. La permanencia de estas trasnacionales en el país, debe estar sujeta al reconocimiento de su responsabilidad, sanciones judiciales efectivas y parte importante de sus ganancias económicas deben estar destinadas a la reparación de sus víctimas y a la financiación de proyectos importantes para la construcción de la paz.

De igual forma los gremios económicos colombianos, especialmente los agroindustriales y ganaderos, deben reconocer su responsabilidad en la conformación y financiación de los grupos paramilitares que han despojado y desplazado a más de nueve millones de campesinos, generando no solo una aberrante concentración de la tierra, en la figura del latifundio, sino también el acaparamiento de los mejores suelos para el desarrollo de proyectos productivos agroindustriales. Como medida de reparación es indispensable que dichos grupos económicos restituyan el total de las tierras despojadas, financien proyectos de reparación de víctimas y de reconstrucción de la verdad, renuncien de una vez por todas a dichas prácticas y sean judicializados. 

En el mismo sentido los partidos políticos también han sido grandes beneficiarios del exterminio físico de los partidos y movimientos sociales de izquierda, así como de las dinámicas de empoderamiento local de los grupos paramilitares que los han ayudado a perpetuarse en el poder político y económico , dichas agrupaciones políticas deben reconocer sus responsabilidades públicamente y ayudar de forma decidida en la construcción de una dinámica integral de reparación y de reales garantías de no repetición.

 El establecimiento Colombiano ha implementado desde hace más de 50 años, un aparato criminal, compuesto por empresarios, políticos, militares y paramilitares que han sido el factor principal de violencia sociopolítica en Colombia. Esos aparatos criminales que se han anidado por años tanto en ámbitos privados como en el Ejército, en la Policía y en sus aparatos de inteligencia inspirados en doctrinas de seguridad nacional, la lucha contra el enemigo interno y más recientemente en la lucha contra el terrorismo, son un obstáculo real para una verdadera democracia y abrir la posibilidad de hacer política y trasformar el país a partir de nuevos escenarios de participación política.  Es posible y necesario desarticular las estructuras criminales del Estado.  La experiencia del DAS y los recientes escándalos al interior del ejército (operación Andrómeda, entre otros) enseñan que existen fórmulas para desmontar las estructuras criminales estatales, lo cual incluye procesos de investigación y sanción de los máximos responsables. 

 

4) La Marcha Patriótica así como otras organizaciones sociales y políticas son víctimas de la criminalidad estatal. 

La criminalidad estatal no tiene como únicas víctimas a personas individualmente consideradas, sino que gran parte de su estrategia  se ha encaminado contra organizaciones sociales y políticas buscando su desarticulación como proyecto colectivo, que de una u otra forma amenaza con modificar el actual estado de cosas, es por eso que es necesario avanzar en el reconocimiento como víctimas no solo  de las personas sino también de las organizaciones sociales,  políticas y gremiales  que cotidianamente se enfrentan a la persecución y el exterminio sistemático , para que puedan efectivamente gozar de medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición

Este es el caso de nuestro movimiento político y social Marcha Patriótica, el cual  a poco más 2 de dos años de haberse creado, ha sido víctima de una feroz e ilegal persecución estatal, mediante una agresiva campaña de estigmatización en la que han participado directamente agentes estatales y  que tiene como propósito,  legitimar todas las agresiones en nuestra contra, amenazas constantes por parte de grupos paramilitares a toda la dirección nacional y a una buena parte de los liderazgos regionales, alrededor de cuatrocientos  montajes judiciales contra líderes y el asesinato de 56 de nuestros militantes. Es importante recordar que a pesar de haber hecho las denuncias correspondientes, actualmente no existe ningún indiciado ni condenado por los delitos en nuestra contra.

La generación de un estatuto de la oposición que nos garantice el acceso a los medios de comunicación, la financiación de nuestro movimiento político y social, así como poder acceder en igualdad de condiciones a las diferentes instancias del poder político colombiano, se constituye como una inaplazable y urgente forma de reparación colectiva a favor nuestra y de todas las organizaciones sociales y políticas.

 

5) La población carcelaria víctima de los crímenes de Estado

Especial atención merece la población carcelaria colombiana a la cual se le violan sistemáticamente sus derechos, sometiéndola a los más indignantes vejámenes y a situaciones no toleradas por ninguno de los estándares internacionales que se han creado sobre la materia.

Dentro de esta población se encuentran los prisioneros políticos que en la mayoría de los casos han sido víctima de montajes judiciales y contra quienes se generan situaciones aún más gravosas que las que tienen que soportar el conjunto de la población carcelaria. A dichos prisioneros continuamente se les condena en varias oportunidades por el mismo hecho, se les niega la presunción de inocencia y las garantías judiciales mínimas; esta población debe ser reconocida como víctima y debe ser reparada integralmente.     

las detenciones arbitrarias han ido en ostensible aumento, lo cual ha afectado notablemente el ejercicio político de los movimientos sociales y populares; tal es el caso de MAPA que a la fecha cuenta con más de 330 líderes sociales y populares detenidos, entre quienes se encuentran HUBER BALLESTEROS, WILMER MADROÑERO, JORGE ELIECER GAITAN Y CARLOS LUGO, entre otros. Una de las modalidades a través de las cuales se implementa la persecución judicial es la construcción de montajes judiciales contra dirigentes de los distintos sectores del movimiento social. La Fiscalía, con gran concentración de casos en la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía, parece haberse convertido en una fábrica de montajes judiciales dirigidos a encarcelar a dirigentes sociales y pensadores críticos por sus supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley.

Durante los últimos años, el Gobierno nacional ha robustecido su política criminal en función de la restricción del derecho a la protesta y la organización. En el mismo sentido, ha avanzado en la desnaturalización del delito político, en armonía con la consolidación de un derecho penal del enemigo que acoge como sustento político la denominada lucha antiterrorista; todo esto, en total desconocimiento del desarrollo de un conflicto social y armado en el país y en contravía de la “voluntad de paz” que se anuncia en el marco del actual proceso de diálogo. La promulgación de esta legislación punitiva, se contrapone el posible tránsito de la lucha armada hacia la lucha política que exige mayores espacios para la participación ciudadana en el escenario político. Un claro ejemplo de ello lo constituye la denominada Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que criminaliza la protesta social al punto de ilegalizarla.

 

 6) Cambio de la Doctrina Militar, democratización de las fuerzas armadas y desmonte real y efectivo del paramilitarismo, garantías indispensable de no repetición.

La doctrina de seguridad nacional impartida por el departamento de estado norteamericano y por la escuela de las américas a las fuerzas armadas colombianas, en sin lugar a dudas una de las principales causantes de la sistemática violación a los derechos humanos que realizan las fuerzas armadas oficiales contra la población civil colombiana. Dicha doctrina con su visión de enemigo interno ha planteado que el enemigo no son solo las fuerzas insurgentes sino la misma comunidad y cualquier tipo de expresión organizada bien sea esta política o social que se encuentre en contravía de las políticas establecidas por el estado colombiano valiéndose de cualquier práctica para su derrota, prácticas entre las que encontramos la conformación de grupos paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales. Las torturas, la guerra psicológica contra la población civil, las masacres y muchas otras más.    

En este sentido como garantía de no repetición es imperioso modificar dicha doctrina ya que de lo contrario las fuerzas armadas de nuestro país seguirán viendo a la población civil como un potencial enemigo al que hay que combatir bajo cualquier método, deben modificarse los actuales manuales, órdenes operativas, así como la política de formación en el exterior de las fuerzas armadas, para terminar con el actual ciclo del conflicto es necesario crear una doctrina verdaderamente patriota y respetuosa de los derechos humanos que inspire y guíe el accionar de las fuerzas armadas.

Sin embargo dicho cambio no será posible si no se genera un importante proceso de depuración de las fuerzas armadas, desvinculando de estas todas las personas vinculadas con las violaciones de Derechos Humanos y adelantando un proceso de democratización en el que a sus rangos de dirección pueda llegar cualquier persona por sus méritos y no por su condición de clase y en el que miembros de las insurgencias firmantes del acuerdo de paz puedan participar.

Una parte fundamental y condición sine qua non para lograr la paz, es el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares ya que contrario a la versión oficial, la realidad es que dichos grupos siguen existiendo a lo largo y ancho del país, para dicho propósito es necesario el concurso real y efectivo del Estado Colombiano, las trasnacionales, el empresariado y las fuerzas militares.

 

7) Legislación soberana para la paz. Prohibición de la extradición

Para alcanzar la solución política al conflicto social y armado colombiano, es preciso crear un marco jurídico soberano que no intercambie impunidades como el actual marco jurídico para la paz, que genere reales garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero que no se convierta en un obstáculo para la paz tal y como lo son el actual fenómeno de la extradición particularmente a los Estados Unidos y el Estatuto de Roma con su corte penal internacional.  

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