Los Jóvenes colombianos decimos #NoSirvoALaGuerra

Juvenil
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Colombia, junio de 2016

Señores:

Humberto de la Calle

Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional de la República de Colombia

Iván Márquez

Jefe de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo – FARC EP

Durante casi 70 años Colombia ha vivido con la violencia política, como telón de fondo de su historia. Varias generaciones hemos crecido en medio del ejercicio de la violencia por parte del Estado y la Sociedad, como herramienta de acción política. Una constante así, ha permeado todas las esferas de la vida social y cultural del país, al punto que el tratamiento por la fuerza, militarista, patriarcal y autoritario ha hecho parte de nuestra cotidianidad y sentido común. Lastimosamente, la sociedad colombiana se caracteriza aun hoy ad portas de la paz, por la militarización de la vida social: un conjunto de ideas, acciones y prácticas que justifican y normalizan el tratamiento por la fuerza a la diferencia; que reclaman la eliminación de la disidencia y crean la idea de normalidad de la violencia, promoviendo la criminalización a la protesta social y la disidencia política, militarizando los campus universitarios y legitimando prácticas de subordinación por la fuerza y violencia sexual como acciones de poder sobre los cuerpos de las mujeres en el marco del conflicto. 

Somos jóvenes convencidos del papel que nos corresponde en la construcción de la paz. Consideramos que la reconciliación nacional debe quebrar la lógica guerrerista en la cotidianidad juvenil: Militarizar la juventud es sembrar la guerra hacia el futuro ¡sin desmilitarización de la vida social y juvenil será imposible lograr una paz estable y duradera! Bajo esta elemental, pero vital premisa, respaldamos decididamente los esfuerzos entre el Gobierno Nacional y el movimiento insurgente colombiano en la búsqueda de un acuerdo que de fin a la guerra en Colombia. 

Jóvenes de todo el territorio nacional, conscientes de nuestra responsabilidad con el futuro del país en la búsqueda de caminos de reconciliación, hemos concertado los siguientes puntos que son extensivos y vinculantes a cualquier proceso de diálogo entre Gobierno y Organizaciones Insurgentes. Estas propuestas expresan un pacto con nuestra paz y el buen vivir:

1)    Desde niños hemos sabido, y no lo olvidamos, que “Mambrú se fue a la guerra, y nunca más volvió.” Nos declaramos en desacato ante el servicio militar obligatorio y cualquier forma de reclutamiento forzoso. Ante el inminente fin del conflicto labrado en La Habana, en medio del clamor nacional e internacional carece de cualquier sentido la perpetuación de la obligatoriedad del servicio militar, y la ampliación del reclutamiento de jóvenes; se debe a la juventud un compromiso estatal de frenar el reclutamiento legal e ilegal como las “batidas”. Por el contrario, ¡nos declaramos en Servicio Social para la Paz!; ofreciendo todo nuestro entusiasmo para el desarrollo y respaldo a la necesaria pedagogía de reconciliación y paz en el país, la acogida y construcción de alternativas laborales y de vida a la juventud de ambas partes en contienda, y la necesaria veeduría contra cualquier tipo de reclutamiento forzoso.

2)    Exigimos al Gobierno Nacional y el Movimiento Insurgente, en proceso de diálogos, un gesto de reconciliación hacia el país: Clamamos el inmediato cese al fuego y de hostilidades que permita, definitivamente, iniciar la transición y normalización de la vida en el País. El cese bilateral al fuego y hostilidades implica que la sociedad colombiana pueda iniciar el proceso de construcción de consensos hacia el fin de la guerra, la refrendación e implementación de los acuerdos construidos, y las transformaciones necesarias para la paz. Denunciamos las amenazas y persecución que las expresiones organizativas de la juventud vivimos a nivel nacional por cuenta del paramilitarismo; consideramos su tratamiento debe ser objeto de atención en lo que refiere a garantías de no repetición del conflicto armado.

3)    Que el fin de la guerra y la construcción de escenarios de reconciliación, sea el preámbulo para desligar a la juventud de la forzosa militarización a la que se ha visto abocada. Proponemos que el proceso de regularización de los jóvenes integrantes del movimiento insurgente –en lo  concerniente con su situación militar–  se amplié a los más de 764.161 mil jóvenes remisos que existen en el país. Los acuerdos de La Habana deben implicar un Acuerdo de Punto Cero para: multas, cuotas de compensación militar y expedición de libretas militares para todos los hombres entre los dieciocho (18) y los treinta (30) años de edad, a la fecha de la firma del acuerdo final. De igual manera, el Punto Cero debe aplicarse a miembros de las fuerzas militares o ciudadanos juzgados por evasión del servicio o el delito deserción. Ofrecemos todos nuestros esfuerzos organizativos, sociales e investigativos, en la materialización de esta iniciativa. 

Consideramos esto un gesto contundente que afirma nuestro compromiso como Jóvenes, Insurgencias y Estado de que la guerra ha acabado, y que inicia la transición, la desmilitarización y reconciliación nacional. Por ello solicitamos a las partes que estas medidas sean incluidas en el acuerdo del punto 3 Fin del Conflicto de la Agenda de La Habana y en el Acuerdo Final.

4)    Exigimos al Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y el Congreso de la República, retirar el proyecto de ley de reclutamiento e instalar una cumbre de concertación con la juventud colombiana. La ley 48 de 1993 debe ser revisada a fondo y modificada estructuralmente: la lógica coercitiva hacia la juventud; la limitación en acceso a derechos derivados por la no posesión de libreta militar, en especial el derecho a un trabajo digno; los obstáculos para objetar conciencia; y la legalización de prácticas como menores de edad reclutados a filas de las fuerzas militares, y programas cívico militares de los planes de consolidación son contrarios al establecimiento de una paz estable y duradera, y profundizan la lógica militarista en la sociedad colombiana y la juventud.

La Cumbre debe construir colectiva y democráticamente, una ruta concertada para la eliminación de la obligatoriedad del Servicio Militar en Colombia mediante la incorporación del Servicio Social para la Paz, como alternativa en el cumplimiento del deber y derecho a la paz, que constitucionalmente está consagrado y que no cuestionamos como jóvenes. Lo anterior implica el Estado colombiano suscriba la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes. Reportes del Ministerio de Defensa evidencian que existe un rechazo generalizado de los jóvenes a la obligación de prestar el servicio militar: del total de los jóvenes que prestaron el servicio militar desde el año 1993 a 2015, tan solo el 12% decidió continuar con la carrera militar; 35.237 jóvenes han abandonado el servicio militar, de estos el 80% corresponde a soldados regulares, seguidos de los soldados campesinos con el 14%. 

Consideramos que este espacio participativo de la juventud colombiana puede aportar al diálogo entre Insurgencias – Sociedad – Estado. En el caso de la  Mesa de Diálogos de La Habana esta propuesta de Servicio Social como un componente para el desarrollo del punto 6 de Implementación, Verificación y Refrendación de los acuerdos. Es, por tanto, un aporte desde la juventud para construir un momento distinto en la vida social, política y cultural del país.

5)    Proponemos que se incorpore como eje temático y de investigación, un apartado especial en Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del SIVJRNR, referente a Juventud, Conflicto y Victimización, contando para ello con la participación del movimiento juvenil. La juventud como sujeto social y político reclama la verdad de los hechos asociados al conflicto armado en Colombia como forma de reparación. Por ello, iniciamos la preparación de la documentación de los casos de persecución hacia la juventud por parte de actores estatales y no estatales en medio del conflicto; dichos expedientes serán presentados al Tribunal para la Paz para su consideración y concepto conforme a la JEP. 

Proponemos que la FMJD y OCLAE como organismos juveniles e internacionales ejerzan el acompañamiento en la verificación de la implementación de las medidas acá propuestas. Solicitamos a la misión de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y la dejación de armas de la ONU, incluya indicadores sobre reclutamiento forzoso por parte del Estado colombiano, la insurgencia y el paramilitarismo. Lo anterior como mecanismos de implementación y verificación del Nunca Más la Guerra; del Nunca Más Jóvenes para la Guerra.

Nuestro compromiso y respaldo al dialogo como ruta para la terminación del conflicto armado se basa en la esperanza de un futuro. Un futuro que implique que las y los jóvenes colombianos no tengamos que empuñar un arma por obligación legal, negación de derechos o ausencia de garantías para el desarrollo de nuestros proyectos de vida. Hoy levantamos la bandera de la paz, que no es otra que la exigencia del derecho a ser joven. 

Reciban nuestro más fraterno y cariñoso saludo, celebrando el empeño puesto en la construcción de un acuerdo que permita que el país abra una nueva etapa en su historia. Los vientos de la reconciliación corren, y es irremediable la hora de las transformaciones para la paz. Nuestra esperanza no es otra que poder reencontrarnos en las ciudades, veredas y calles del país con ustedes, alimentando el empeño de una Colombia Feliz, llena de esperanza y que camina hacia el buen vivir de las gentes del común. Acá nos pillamos para vivir la fiesta de la paz.

 

¡Nunca más jóvenes para la guerra!

¡Nunca más guerra para la juventud!

 

 

 

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