¿Qué han ganado los trabajadores?

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Los resultados del diálogo entre capital, trabajadores y Estado en torno al aumento salarial en Colombia. A propósito de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales

Alfonso Velásquez

La Constitución del 91 dejó al Congreso de la República la facultad para desarrollar el artículo 53, planteando para ello 16 principios sobre los cuales debería establecerse una ley laboral, que respetara los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos. Luego, en 1996, esa corporación aprobó la ley 278, estableciendo un organismo tripartito denominado Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, dejando en sus manos resolver los asuntos de la órbita laboral, antes de llevarlos al Congreso de la República.

Si hacemos un recorrido desde entonces, tenemos que esa comisión siguió funcionando como si fuese el Consejo Nacional de Salarios que venía sesionando desde antes del glorioso paro cívico nacional de 1977 para efectos de establecer el salario mínimo legal (SML) y solo quedó de los resultados de los acuerdos logrados con el gobierno de entonces la unificación de ese SML; lo cual quiere decir que los sucesivos gobiernos han burlado inclusive las normas impulsadas por ellos a través de los mecanismos de una escasísima y casi nula democracia, porque esos ejercicios son propios de naciones democráticas donde se honran los acuerdos.

En contra de esa dirección, la Constitución ha tenido 38 mordiscos desde su proclamación hace 23 años, que han lesionado de manera severa lo establecido luego de los acuerdos del Estado con las insurgencias, que se estamparon intentando la tenencia de una herramienta garantista.

Los recursos naturales vienen siendo entregados a empresas transnacionales y multinacionales sin que a la nación le retribuyan el daño que dejan con su actitud depredadora, la salud atraviesa por su peor momento desde la ley 100 de 1993, la educación no obtiene los recursos necesarios para su implementación y los salarios de los maestros son de los más bajos en la región, los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga son pisoteados todo el tiempo por los patronos y los mismos gobiernos, llegando a su nivel histórico más bajo (3,8% sobre la Población Económicamente Activa).

En fin, pareciera que todo lo social está en peores condiciones que antes de la ley reglamentaria de la falsa concertación. Veamos los puntos que se han presentado desde comienzos del siglo actual:

• Eliminación de todas las formas de intermediación laboral (y la CGT, una de las centrales sindicales que hace presencia en la mesa, es tercerizadora e intermediaria a través de los contratos sindicales),

• Fortalecimiento de la inspección del trabajo,

• Crear consejerías territoriales y nacional, que atiendan las reclamaciones de los pensionados en todo el país y eliminar los copagos y cuotas moderadoras, así como el pago por el derecho a su salud y de beneficiarios en 4% (sobre ello hay acuerdo incumplido),

• Actualización salarial para el sector público aplicando la ley 4ª de 1992,

• Negociación para el sector público (se han expedido tres decretos en menos de diez años: 535, 1092 y 160, y aún persiste el incumplimiento de los convenios 151 y 154 de la OIT),

• No privatización de la salud pública,

• No desmontar el ISS,

• Reconocer las comisiones sindicales para el ejercicio de la actividad sindical,

• Derogatoria de la ley 789/2002,

• Políticas de precios para peajes y combustibles,

• Fortalecimiento sindical,

• Aumento general de sueldos y salarios,

• Seguridad social para los trabajadores de la economía informal, salario mínimo legal para las madres comunitarias,

• Mecanismos que garanticen el pago del SML, etc.

Los resultados de los acuerdos firmados por los presidentes de las centrales sindicales no aguantan la más mínima evaluación, cuando ha habido acuerdos y cuando es a través de decretos, los resultados han sido los mismos, o sea absoluto retroceso:

-La salud de los colombianos está en su peor momento y amerita una cirugía profunda y urgente que se viene proponiendo desde la Alianza Nacional por la Salud, siendo ignorada hasta ahora por el Congreso y el Gobierno, mientras la corrupción campea por todas las EPS, produciendo despidos masivos de trabajadores que son los que han pagado los platos rotos.

El SML para lo que ha servido es para tener un referente para las multas de tránsito y otros mecanismos indemnizatorios, que se tasan por esos valores y se actualiza anualmente, pero es evidente que cada vez un mayor número de trabajadores laboran por menos de esas cuantías, fundamentalmente en el sector rural y en empresas ubicadas en las zonas francas donde se ignora el CST.

Del resto de los puntos presentados a consideración de la mesa, los empresarios los han calificado, en varias ocasiones, como un “arbolito de navidad”, con el propósito de descalificarlo y reducirlo solo a un mísero porcentaje, que nunca ha sido de aumento y cuando más de recuperación de su valor, quedando siempre infinitamente menor a los costos de la canasta familiar para los trabajadores. Esto obliga a los componentes de una familia a que, inclusive los menores, estén obligados a rebuscarse para ayudar en los gastos que son obligatorios para su manutención.

Este año, según el pronóstico del DNP, el crecimiento será entre 4,7% y 5,1%. De ello todo le toca a los empresarios y muy poco a los trabajadores (Colombia es de los países donde es mayor la distancia entre los más ricos y los más pobres), mientras que el gobierno, a través del ministro del Trabajo, siempre fungirá como un mero observador o árbitro, porque al modelo no le quitarán una coma en La Habana, menos en una mesa de falsa concertación, en la cual hay quintacolumnistas que poco les importa la suerte de los más desfavorecidos y excluidos por las políticas neoliberales, mientras campea y avanza la descomposición del régimen, de tal manera que, haya “acuerdo” o decreto, la única salida es organizando al pueblo para lograr ser gobierno y poder, y virar hacia una sociedad democrática y con justicia social.

Semanario Voz

 

A propósito de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales

Alfonso Velásquez

La Constitución del 91 dejó al Congreso de la República la facultad para desarrollar el artículo 53, planteando para ello 16 principios sobre los cuales debería establecerse una ley laboral, que respetara los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos. Luego, en 1996, esa corporación aprobó la ley 278, estableciendo un organismo tripartito denominado Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, dejando en sus manos resolver los asuntos de la órbita laboral, antes de llevarlos al Congreso de la República.

Si hacemos un recorrido desde entonces, tenemos que esa comisión siguió funcionando como si fuese el Consejo Nacional de Salarios que venía sesionando desde antes del glorioso paro cívico nacional de 1977 para efectos de establecer el salario mínimo legal (SML) y solo quedó de los resultados de los acuerdos logrados con el gobierno de entonces la unificación de ese SML; lo cual quiere decir que los sucesivos gobiernos han burlado inclusive las normas impulsadas por ellos a través de los mecanismos de una escasísima y casi nula democracia, porque esos ejercicios son propios de naciones democráticas donde se honran los acuerdos.

En contra de esa dirección, la Constitución ha tenido 38 mordiscos desde su proclamación hace 23 años, que han lesionado de manera severa lo establecido luego de los acuerdos del Estado con las insurgencias, que se estamparon intentando la tenencia de una herramienta garantista.

Los recursos naturales vienen siendo entregados a empresas transnacionales y multinacionales sin que a la nación le retribuyan el daño que dejan con su actitud depredadora, la salud atraviesa por su peor momento desde la ley 100 de 1993, la educación no obtiene los recursos necesarios para su implementación y los salarios de los maestros son de los más bajos en la región, los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga son pisoteados todo el tiempo por los patronos y los mismos gobiernos, llegando a su nivel histórico más bajo (3,8% sobre la Población Económicamente Activa).

En fin, pareciera que todo lo social está en peores condiciones que antes de la ley reglamentaria de la falsa concertación. Veamos los puntos que se han presentado desde comienzos del siglo actual:

• Eliminación de todas las formas de intermediación laboral (y la CGT, una de las centrales sindicales que hace presencia en la mesa, es tercerizadora e intermediaria a través de los contratos sindicales),

• Fortalecimiento de la inspección del trabajo,

• Crear consejerías territoriales y nacional, que atiendan las reclamaciones de los pensionados en todo el país y eliminar los copagos y cuotas moderadoras, así como el pago por el derecho a su salud y de beneficiarios en 4% (sobre ello hay acuerdo incumplido),

• Actualización salarial para el sector público aplicando la ley 4ª de 1992,

• Negociación para el sector público (se han expedido tres decretos en menos de diez años: 535, 1092 y 160, y aún persiste el incumplimiento de los convenios 151 y 154 de la OIT),

• No privatización de la salud pública,

• No desmontar el ISS,

• Reconocer las comisiones sindicales para el ejercicio de la actividad sindical,

• Derogatoria de la ley 789/2002,

• Políticas de precios para peajes y combustibles,

• Fortalecimiento sindical,

• Aumento general de sueldos y salarios,

• Seguridad social para los trabajadores de la economía informal, salario mínimo legal para las madres comunitarias,

• Mecanismos que garanticen el pago del SML, etc.

Los resultados de los acuerdos firmados por los presidentes de las centrales sindicales no aguantan la más mínima evaluación, cuando ha habido acuerdos y cuando es a través de decretos, los resultados han sido los mismos, o sea absoluto retroceso:

-La salud de los colombianos está en su peor momento y amerita una cirugía profunda y urgente que se viene proponiendo desde la Alianza Nacional por la Salud, siendo ignorada hasta ahora por el Congreso y el Gobierno, mientras la corrupción campea por todas las EPS, produciendo despidos masivos de trabajadores que son los que han pagado los platos rotos.

El SML para lo que ha servido es para tener un referente para las multas de tránsito y otros mecanismos indemnizatorios, que se tasan por esos valores y se actualiza anualmente, pero es evidente que cada vez un mayor número de trabajadores laboran por menos de esas cuantías, fundamentalmente en el sector rural y en empresas ubicadas en las zonas francas donde se ignora el CST.

Del resto de los puntos presentados a consideración de la mesa, los empresarios los han calificado, en varias ocasiones, como un “arbolito de navidad”, con el propósito de descalificarlo y reducirlo solo a un mísero porcentaje, que nunca ha sido de aumento y cuando más de recuperación de su valor, quedando siempre infinitamente menor a los costos de la canasta familiar para los trabajadores. Esto obliga a los componentes de una familia a que, inclusive los menores, estén obligados a rebuscarse para ayudar en los gastos que son obligatorios para su manutención.

Este año, según el pronóstico del DNP, el crecimiento será entre 4,7% y 5,1%. De ello todo le toca a los empresarios y muy poco a los trabajadores (Colombia es de los países donde es mayor la distancia entre los más ricos y los más pobres), mientras que el gobierno, a través del ministro del Trabajo, siempre fungirá como un mero observador o árbitro, porque al modelo no le quitarán una coma en La Habana, menos en una mesa de falsa concertación, en la cual hay quintacolumnistas que poco les importa la suerte de los más desfavorecidos y excluidos por las políticas neoliberales, mientras campea y avanza la descomposición del régimen, de tal manera que, haya “acuerdo” o decreto, la única salida es organizando al pueblo para lograr ser gobierno y poder, y virar hacia una sociedad democrática y con justicia social.

 

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