Algunas tesis basicas sobre la actual coyuntura política colombiana

Blogger Piedad Córdoba
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1. Profundización de la crisis global capitalista y ofensiva contra-revolucionaria en América Latina

Todo nuestro accionar político debe partir de reconocer el convulsionado panorama internacional que inevitablemente influye en el desarrollo de la situación colombiana. No podemos soslayar que en el trasfondo del actual momento histórico se mantiene la crisis global del capitalismo, con severas consecuencias en todas las órbitas de nuestra vida. Algunas de sus facetas más recientes a tener en cuenta tienen que ver con la ralentización de la economía china y sus consecuencias deflacionarias para todo el mercado mundial de materias primas, la  sustancial reducción de los precios del petróleo, que llega a mínimos históricos, no como síntoma de mejoría económica sino como expresión misma de la volatilidad gestada por la crisis, la generalización de crisis monetarias y de deuda, con sus consabidas recetas de “austericidio” para las economías capitalistas menos desarrolladas incluyendo América Latina y los mismos países de la periferia europea,

Sobra decir que el calado de la crisis trasciende la dimensión económica y afecta todas las facetas de la vida, en medio de una creciente agudización de la lucha de clases en la que hasta ahora los poderosos buscan cargar con los costos de la recesión a los más pobres. El Papa Francisco definió la actual situación como de Tercera Guerra Mundial, que reconoce la generalización de conflictos irregulares e invasiones “no-convencionales” promovidas por el imperialismo global, que han sido la respuesta de los pueblos del mundo con resistencia  armadas de distinto tipo. Sin duda el más prominente escenario de esta trágica cara de la crisis capitalista es el conflicto en Siria, donde se han encabalgado causalidades de orden local, regional y global, como suele ser común en Medio Oriente, en guerras amamantadas por las potencias capitalistas. El Kurdistán, Palestina, el Donest o los estados fallidos de Irak, Afganistán o Libia, son solo otros espacios donde se repite el panorama de desolación y muerte, con los agravantes que en esta oportunidad, gracias al último Frankenstein imperialista llamado “Estado Islámico” las acciones de guerra han tocado el corazón de las potencias europeas a través del terrorismo, y que producto de todo esta situación se ha producido un auténtico tsunami migratorio sobre el Viejo Continente, incontenible e insostenible para una UE sumergida en crisis.

No podemos perder de vista que todas estas realidades pasan también por una agudización de la disputa entre las grandes potencias capitalistas en medio de un debilitamiento relativo de la hegemonía norteamericana, que obviamente no ha mellado la capacidad bélica de su complejo militar industrial, pero que si explica parte de su agresividad exacerbada. De igual forma el fortalecimiento del peso mundial de los BRICS, muy especialmente de Rusia y China como jugadores  globales con gran influencia en muchas regiones del mundo, que no obstante, no los hace inmunes a los avatares propios de la crisis capitalista.

Este marco global determina la actual etapa de agudización de la lucha política en Nuestra América.  Indudablemente el cierre del ciclo económico de las materias primas representa un punto de inflexión a tener en cuenta, al que el imperialismo y las oligarquías criollas han respondido ipso facto cabalgando en buena parte sobre dificultades de los proyectos alternativos, logrando así importantes golpes de mano en Argentina y Venezuela, pero manteniendo una ofensiva acechante en toda la región.

Dos aspectos a tener en cuenta en esta nueva etapa de la disputa política. El hecho que la derecha haya retomado la iniciativa continental no significa la invulnerabilidad ni la infalibilidad de ésta ni del imperialismo en la región; no borra de un plumazo una serie de componentes estructurales de la realidad latinoamericana labrada durante lo corrido del siglo XXI y que incluyen la creciente presencia e influencia china y rusa en la región, la nueva institucionalidad regional que incluyen CELAC, ALBA o Unasur, así como los acumulados políticos propios de los gobiernos alternativos y movimientos de resistencia.

De otra parte, la ofensiva contra-revolucionaria continental si expresa que el llamado “ciclo progresista” fue incompleto en varios sentidos. No se trataba de que Colombia fuera un caso atípico, sino que el proceso de segunda independencia iniciado en “El Caracazo” no se ha afincado por ahora en la totalidad de la región. Valga decir que de México a Chile, -con la mera excepción de Ecuador-, se extiende una zona de libre comercio con los EEUU por todos los países del Pacífico, en una especie de “Alca en la sombra” y que las 77 bases militares en el continente y la reactivación de la IV Flota en el Caribe nunca dejaron de ser un claro cerrojo contra toda nuestra gesta emancipatoria. Por ello retumban las palabras de Bolívar que advirtió que la independencia de Nuestra América será continental o no será.

Ahora bien, lo que si son inaceptables son las groseras “teorizaciones” de los propagandistas de Washington en América Latina, que profetizan el fin del ciclo progresista y el paso a la “nueva derecha” a nombre del cambio.  En la perspectiva de orientar de la mejor manera nuestro accionar en un eventual acuerdo de paz, es fundamental caracterizar este momento político que vive el continente. Antes que nada presenciamos los efectos políticos del deterioro económico de la crisis global capitalista en nuestros países, que han azuzado a las elites a retomar la iniciativa política en aras de mantener sus privilegios. De forma algo tragicómica tendríamos que reconocer que la crisis capitalista ha afectado más a los gobiernos de izquierda, que a los de derecha en Nuestra América, en parte por la obvia contemporización de las oligarquías con sus gobiernos de bolsillo que les permiten gerenciar a su favor el momento económico; pero, también por la incapacidad de los procesos alternativos por romper con la dependencia del mercado global y el rentismo exportador, círculo vicioso de atraso que redundó en grandes desequilibrios económicos, mientras se fortalecía una burguesía contra-revolucionaria que hoy conspira en toda la región por una plena restauración neoliberal. No se ha agotado el ciclo progresista en América Latina, lo que ha llegado a su límite es el falso razonamiento que la izquierda puede “gobernar” con el asentimiento de la derecha o sin tocar sus intereses. Está claro que mientras mayor subordinación económica, política o cultural exista al capitalismo global, más débil se vuelve el proyecto emancipatorio. Miremos solo a manera de ejemplo, cómo-pese a lo reñido que puede resultar el próximo referendo constitucional- el proceso de transformación encabezado por Evo Morales en Bolivia, presenta en cambio un panorama económico, social y político bastante distinto, o cómo el tesón organizado de la revolución cubana ha logrado superar el “período especial”, y erigirse como un centro geopolítico global que obligó a la Casa Blanca al restablecimiento de relaciones políticas formales. Lo que si es cierto, es que aprovechando la coyuntura, la derecha hábilmente se ha remozado, haciendo uso del bálsamo mediático, mimetizándose en temas y formas light. Macri, Capriles, Peña Nieto, Jimmy Morales, Keiko, Fujimori o Peñalosa, mantienen todo el talante oligárquico y antidemocrático de las dictaduras y los gobiernos neoliberales, pero han logrado posicionarse de forma diferenciada en el imaginario colectivo, como supuestos renovadores,  lo que obliga de nuestra parte a una hábil estrategia de comunicación. política para instalar nuestros proyectos alternativos, reconociendo que parte de los recientes reveses electorales de la izquierda continental corresponde a un débil desarrollo de una cultura revolucionaria, distinta a la del consumo exacerbado que nos presenta el capitalismo.

El otro rasgo innegable de esta oleada de derecha es su articulación continental: responden a un plan orquestado, no dan tregua y son solidarios entre sí. Al unísono se reivindican y se aplauden entre ellos. Los medios oligarcas colombianos o argentinos cubren más a la Tintori que la misma MUD, y transmiten las protestas contra Dilma, mientras niegan las que ocurren en sus respectivos países. Lastimosamente Bogotá, con el gobierno de Santos a bordo, hace de cabeza de playa del Departamento de Estado norteamericano en la región y con el auspicio del falangismo español se vienen promoviendo un ramillete “diverso” de opciones de derecha que van desde el violento golpismo venezolano de Leopoldo López y María Corina Machado -apadrinados directamente por Uribe-, “partidos” de derecha empresarial como los tucanos brasileros o el PRO macrista, ONGs falsamente ambientalistas e indigenistas como las que amamanta la USAID en Ecuador o Bolivia, o la descarada “paramilitarización” del continente vía mercenarismo de los carteles de la droga y otras mafias, como ocurre hoy en toda Centroamérica, Paraguay y la frontera colombo-venezolana bajo el entrenamiento de los neoparamilitares colombianos.

Marcha Patriótica como organización heredera del legado del Libertador Simón Bolívar no debe dudar un instante en alistarse para la defensa y profundización de los procesos de cambio en Nuestra América, el apoyo solidario a todas los movimientos sociales y populares que luchan por el ascenso al poder político y por imprimir una clara ruptura con el capitalismo a las transformaciones sociales en curso. No podemos caer en sinos deterministas de cierres de ciclo, ni desmoralizaciones tempranas cuando mayor moral de lucha requieren nuestros pueblos ante la agudización de la disputa política en nuestro región, con la misma claridad del carácter continental que requiere la segunda emancipación. Nuestro papel empieza a realzarse ante la posibilidad cierta de un acuerdo de paz y el efectivo proceso de apertura democrático que éste implica. Así como la elección del comandante Chávez en 1998 significó un punto de inflexión para nuestros países, la consolidación de la solución política con la irrupción legal de una nueva y auténtica alternativa de poder en Colombia, puede ser síntoma de una nueva era para las luchas de nuestros pueblos.

 

2. Incorporación plena de Colombia en la crisis capitalista

Un segundo aspecto cardinal en nuestro análisis pasa por las implicaciones propias de esta crisis estructural del capitalismo en Colombia, máxime teniendo en cuenta la ortodoxia neoliberal que ha dirigido la política económica desde hace más de 25 años. La tecnocracia económica colombiana con el ministro Cárdenas a la cabeza, pretenden presentar la grave crisis económica actual como único producto de una tempestad externa, como si el anclaje de nuestro país a este modelo de manera dependiente no fuese sido una clara decisión de las autoridades colombianas.

Lo cierto es que fenómenos globales de la actual fase de la crisis capitalista afectan sustancialmente la economía colombiana, como al resto de países de la región. Dos principalmente hacen mella:

a) La caída del precio  mundial de las materias primas, especialmente del petróleo que pasó de U$ 100 en 2013 a menos de U$40 en 2015 y b) El fortalecimiento del dólar a nivel global producto de diversos fenómenos como la crisis europea, el estancamiento chino y la reciente alza en las tasas de interés de la Reserva Federal en EEUU.

Ahora bien, estos fenómenos generales, encontraran en Colombia un terreno abonado para mayores impactos económicos y sociales dada  la deformación de la economía colombiana producto del modelo neoextractivsta y  desregulado que ha traído consigo un déficit sostenido en la denominada cuenta corriente nacional, con saldos negativos tanto en la balanza comercial como en la de capitales. El déficit en la balanza de pagos cercano al 7% del PIB es catalogado como el más grande entre los denominados  países en desarrollo.  Los bajos precios minero-energéticos hicieron desplomar en un 35% las exportaciones colombianas, mientras las importaciones apenas descienden levemente.   Lejos de la visión monetarista del Minhacienda la devaluación que ha generado el déficit, no ha significado un repunte significativo de las exportaciones,  por la desolación productiva del campo y la industria, gestada por la misma apertura económica. Todas las metas macroeconómicas trazadas desde el Minhacienda y DNP hace un año fueron incumplidas.

El desbalance estructural de las cuentas nacionales genera fuga de dólares, devalúa y  desestimula la inversión extranjera en la que se ha basado el modelo, que había descendido en un 43% hasta octubre de 2015;  la devaluación del peso  significó este año la pérdida de más del 40% del valor de la moneda, cerrando el 2015 con el dólar más caro de la historia cambiaria del país por encima de los $3300.

Por todo ello y otros factores como el agotamiento del ciclo minero en términos de inversión -no de explotación-  se aprecia  una fuerte desaceleración de toda la economía llegando a un crecimiento por debajo de lo proyectado por las autoridades, cercano al 3% y muy inferior al presentado durante el último lustro.  Como es común para las maquilladas cifras oficiales si desglosamos por sectores el crecimiento económico nos daremos cuenta como durante los últimos 2 años este ha dependido sustancialmente del sector Construcción y del sector Financiero, mientras que la agricultura y la industria tuvieron crecimiento 0 el año anterior y  de la minería -otrora locomotora- fue negativo. Mientras tanto la Bolsa de Valores de Colombia no está desacelerada, sino ya en caída, habiendo perdido el índice Colcap un 24% en 2015.

Dada la dependencia del mercado externo, producto de los TLC los productos importados han puesto a cabalgar nuevamente la inflación, que se duplicó el año anterior con respecto a 2014 y con respecto a la meta trazada, cerrando en 6.7%, siendo el IPC para los sectores de menos ingresos el que tuvo mayor incremento, de 7.22% por encima del paupérrimo aumento del salario mínimo. Los colombianos que subsisten con el mínimo reciben este año ridículos $1500 por día, que no alcanza para un bus, ni para suplir el creciente costo de los alimentos con inflación general del 10.85% en el último año, pero con rubros como las hortalizas y legumbres, o las frutas de más del 41.5% y  24.7% de incremento anual respectivamente. Por más que el gobierno insista en echarle la culpa al Fenómeno del Niño, -contingencia que también ha sido agravada por las desastrosas consecuencias de la locomotora minera-, el mayor detonante inflacionario de la cesta básica pasa por la pérdida de la soberanía alimentaria generada por el modelo aperturista y la dolarización de nuestro subsistencia.

La respuesta del Banco de la República, fiel a la receta neoliberal ha sido empezar a elevar las tasas de interés para intentar así controlar la inflación y proteger la tasa de ganancia de la banca. Dos alzas a la tasa de interés en menos de 4 meses. No obstante, esto implicará el encarecimiento del crédito y el desestimulo a la inversión; por ende menor crecimiento económico -y menor empleo- en 2016. Además, hay componentes inflacionarios que no son solo monetarios y que corresponden con disminución o encarecimiento de la oferta de ciertos productos,  bien sea por importación, transmisión de la devaluación o por la llamada “estacionalidad”, así que de seguro sus efectos serán bastante moderados. Como agravante, y con el auspicio del ministro Lucho Garzón,  los salarios aumentaron por debajo del IPC de ingresos bajos ,  aspirando así controlar la inflación vía contracción de la demanda, como le gusta decirle los técnicos al empobrecimiento de los trabajadores y al hambre que mata niños en La Guajira pero mantiene bajas las tasas de inflación. En palabras de Eduardo Sarmiento: “La confluencia de déficits en cuenta corriente y elevación de las tasas de interés desemboca en recesión”.

Si este es el panorama de la economía en general, en términos fiscales la crisis capitalista representa igualmente grandes sobresaltos para las cuentas del estado colombiano. La “locomotora minera” solo lo fue para generar una gran dependencia de las cuentas nacionales de la renta del petróleo, a grado tal que en 2013 el 20% de los ingresos del estado provenían directa o indirectamente de ésta, correspondiendo a  23.6 billones de pesos. Para el 2016 se proyectan recibir por ingresos petroleros solo 3.3 billones de pesos, solo el 1.9% de los ingresos del GNC para el próximo año, con todo y cuentas alegres de un barril por encima de U$50. Solo en términos del valor en acciones de Ecopetrol, este patrimonio estatal se desvalorizó un 45% en el año que termina. Por eso las cuentas del ministro Cárdenas incluyen recortes por 1.2% del PIB y un mayor déficit fiscal por 1.3 % del PIB para este año, teniendo en cuenta que la devaluación le multiplicó los intereses de la deuda y otros gastos en dólares del presupuesto nacional. Es este el marco de desespero presupuestal en que el gobierno nacional opta por feriar ISAGEN a una fiduciaria canadiense a puertas de una crisis energética; todo ello  para financiar una banca de inversión para los constructores de 4G, cavando aún más el foso de desfinanciación del estado y de seguro cargándonos a los usuarios con una segura alza en las tarifas como ya ocurre con la privada Electricaribe.

El presupuesto de 2016 fue hecho de espaldas a la paz. Con las mismas preferencias presupuestales para el capital financiero y el complejo militar industrial que han cebado el conflicto: banca y guerra suman 78.6 billones de pesos de un presupuesto de 216 billones, solo en asignaciones directas. Esta columna vertebral del presupuesto público hacen casi anecdóticas las asignaciones a agricultura (2.4 billones), cultura, deporte o ciencia, que entre los 3 no suman 1 billón. Así pues por cada peso invertido en el campo colombiano en 2016 se gastarán más de $12 en los militares y se pagarán $20 en servicio a la deuda, pero aun así el déficit fiscal se elevará el año entrante a 3.3% del PIB.

Ante tamañas dificultades económicas y la continuidad de la crisis global desde el establecimiento se han venido fraguando “alternativas” capitalistas para evitar la recesión. En buena medida el enemigo equivocadamente ve el proceso de paz como su tabla de salvación -también- en términos de economía. La posibilidad de financiarizar y extranjerizar el campo, es quizás de los pocos recursos que le queda por jugarse dentro de su actual modelo económico. Y esta posibilidad que tiene un claro desarrollo normativo en la ley de ZIDRES recientemente aprobada, solo se ve viable sin la presencia del movimiento insurgente y su base social que pondría en peligro tamañas inversiones del gran capital. La aprobación de las ZIDRES es una burla por anticipado al acuerdo de Reforma Rural Integral como a lo pactado con la Cumbre Agraria, pero ellos lo ven como la garantía de atracción inmediata de inversión extranjera directa de forma constante, ante el agotamiento -por ahora- del ciclo minero-energético.

De otro lado, desde la mini-reforma tributaria de 2014, Cárdenas contrató una Comisión de Expertos que viene diseñando la llamada Reforma Tributaria Estructural, que permita estabilizar las finanzas públicas acorde a las exigencias del ingreso del país a la OCDE, pero obviamente a tono con los intereses del gran capital, ampliando bases gravables, impuestos indirectos y manteniendo exenciones empresariales. Este proyecto fue aplazado adrede para que no coincidiera con el año electoral y prácticamente espera el desenlace del proceso de paz para que pueda ser presentado. Dentro del paquete de propuestas está clara la voluntad de aumentar el recaudo fiscal a costa de las mayorías: aumento y expansión del IVA (5 tasas incluida una del 19%, aplicables a un mayor número de artículos) impuesto a los salarios de quienes ganen más de 3 mínimos, mantenimiento del 4xmil, y más impuestos a la gasolina que harán de Colombia el país exportador de petróleo con el combustible más caro, en momentos de derrumbe de precios del crudo.

Así pues, los afanes de Santos con la firma no son solo políticos sino económicos ya que la economía colombiana, así como el conjunto del sistema político padece una crisis insostenible. Obviamente debemos preguntarnos sobre las implicaciones de esta crisis para el pueblo colombiano  y la posible respuesta popular. En este sentido queda claro que la incorporación plena de Colombia a la crisis global capitalista aumentará las tensiones y la conflictividad social y que serían varios los sectores directamente tocados.  Sobra decir que no se trata de caer en mecanicismos, ni de pensar que la mera crisis económica hará derrumbar a un régimen, pero ésta si debe ser una variable clave a tener en cuenta en nuestros diversos escenarios de lucha. Nos obliga como Movimiento político y social en pensar en la movilización, ligando estas reivindicaciones con nuestra propuesta de paz y ANC, derrotando la tesis pregonada por enemigos del proceso de diálogos de derecha e “izquierda” que pretenden presentar el acuerdo como una capitulación en pos de la aplicación de la receta neoliberal a la crisis. La lucha social está llamada a llenar de contenido antineoliberal los importantes compromisos conquistados en La Habana, y no podemos ver contradicción entre la movilización y nuestro decidido compromiso por un acuerdo político hacia la paz y la ANC.

 

3. La definición del proceso de paz necesita del decidido apoyo popular

La mesa de La Habana representa la más grande esperanza de todos los colombianos por cerrar este largo periodo de conflicto social, político y armado. En medio de grandes esfuerzos y voluntad de las partes se ha logrado avanzar en 4 acuerdos parciales e importantes gestos de desescalamiento de la guerra, pese a la intransigencia gubernamental persistente aun hoy. Este importante camino recorrido nos permite mirar entusiasmado la posibilidad cierta de un acuerdo de fin del componente armado del conflicto, que no obstante requiere aun de grandes discusiones por saldar.

En primer lugar resta el abordaje en la mesa de 2 tópicos centrales de la Agenda: el punto 3 de Fin del Conflicto con sus 7 numerales, y el punto 6 de Implementación, Verificación y Refrendación, compuesto de 6 ítems. En estas dos temáticas se hallan condensadas las claves para que los acuerdos hasta ahora consensuados puedan plasmarse realmente. Las condiciones del cese al fuego y de hostilidades, el proceso bilateral dejación de armas, el tránsito de las FARC-EP a movimiento político legal, la liberación de los prisioneros políticos y de guerra, las garantías de seguridad y las medidas efectivas para el desmantelamiento del paramilitarismo hacen parte de los aspectos a abordar y definir en el punto 3, con base en el importante trabajo avanzado por subcomisiones de trabajo. No obstante, hay que subrayar que también se encuentra el punto 3.5 sobre las reformas y ajustes institucionales necesarios para la paz.

Esta discusión se convierte en fundamental y así mismo debe ser acompañada por el movimiento popular. En una lectura rigurosa de los acuerdos parciales, podemos apreciar que la mesa de diálogos ha creado más de medio centenar de nuevas instituciones, que no están subsumidas dentro de la actual institucionalidad del estado y que requieren un desarrollo normativo preciso para poder plasmar todo lo acordado. A manera de ejemplo las circunscripciones especiales de paz o el fondo de tierras no están reglamentados, solo enunciados con misiones y objetivos generales.  Por esto mismo, la reglamentación a esta nueva institucionalidad no puede quedar en manos de una sola de las partes, como pretende el gobierno con su proyecto unilateral del Congresito, sino que tiene que adelantarse conjuntamente en la mesa e incorporar la participación del pueblo soberano en el proceso constituyente.

Sin querer caer en tecnicismos, el Acuerdo Final que se labra en La Habana requiere tener fuerza normativa, pero también desarrollo normativo. Sin fuerza normativa, el acuerdo se convierte en promesas dependientes de la voluntad gubernamental. Sin desarrollos normativos lo acordado puede ser un “cheques en blanco”, a ser llenados por el actual poder constituido. Y estos dos aspectos centrales son el nudo gordiano de la discusión política en nuestro país para cerrar el ciclo de guerra y dar paso a una paz auténticamente estable y duradera. Claramente el desaguisado jurídico y político del mal llamado Plebiscito por la Paz, en el que insiste tercamente el presidente y uno que otro mal informado turiferario de él, no tiene capacidad de ningún tipo ni para dar fuerza jurídica ni mucho menos desarrollo normativo al Acuerdo Final. Si la Corte Constitucional falla acorde a derecho el plebiscito debe declararse inexequible en cuanto significa una transgresión del artículo 374 de la constitución política que define nítidamente las instancias para reforma constitucional inmodificable por una ley ordinaria como ésta; va en contravía de las disposiciones de la ley 134/94 que no ha sido derogada y que otorga al plebiscito meras competencias de pronunciamiento sobre disposiciones de resorte del ejecutivo y no facultades refrendatorias en transformaciones legales y constitucionales ajenas a los poderes presidenciales; y viola el mismísimo Acuerdo General de La Habana, en cuanto suprimiría unilateralmente el punto 6 referido con la Implementación, Verificación y Refrendación.

Como lo planteó la Marcha Patriótica en su ponencia al Foro Ciudadano sobre Fin del Conflicto, la vía del reconocimiento de los acuerdos de la mesa, como Acuerdo Especial, tipo tratado cobijado por los principios del derecho internacional público y por tanto integrante del bloque de constitucionalidad, puede ser una vía interesante y expedita en aras de darle fuerza normativa a lo pactado en los diálogos. Pero este mecanismo ni socava la necesidad de la ANC, ni tampoco del ineludible desarrollo normativo o reglamentación precisa de todo lo acordado.

La ANC cumpliría la labor de incorporar al orden jurídico el Acuerdo Final, -que no podría ser alterado por ésta Asamblea-, pero también los desarrollos normativos y la nueva institucionalidad definida por las partes, así como la definición de las 42 salvedades existentes hasta ahora en los 4 acuerdos parciales. Para que la Constituyente sea la expresión del pueblo soberano requerirá unas reglas particulares de representación que garanticen la presencia en ella de todos los sectores históricamente marginados de nuestro país, todo ello en medio de un gran acuerdo nacional que incluya al más amplio espectro de fuerzas políticas, haciendo uso de ser necesario del mecanismo constitucional de un referendo constituyente, como se plantea en la propuesta de Marcha en el Foro.

Los titánicos avances de la paz claman no ser dilapidados. El magno esfuerzo de todos por hacer madurar los diálogos de La Habana solo puede llegar a feliz término a través de la convocatoria a una ANC con base en un gran acuerdo nacional convenido desde diversos sectores. Pero para poder lograrlo, en medio de la engreída tozudez gubernamental y su contrahecha propuesta del plebiscito, las dudas de una izquierda electoral que no termina de reponerse de sus errores en la administración pública y las elecciones, y la obvia hostilidad de los defensores del statu quo, requerimos el mayor esfuerzo de Marcha y de todos los colombianos comprometidos con la paz. La ANC no puede ser vista ni presentada como una exigencia de los compañeros de las FARC-EP sino como una necesidad de todo el pueblo y de la paz, y es aquí donde nuestra iniciativa y esfuerzo político debe concentrarse, en la mayor acción política en pos de conquistar la ANC para la paz. La ANC no puede ser un pulso interno de la mesa, sino un pulso social y político de todo el bloque popular y alternativo, contra el bloque de poder. He aquí nuestra tarea.

Esto implica ante todo una intensa campaña de alfabetización política en nuestras bases sobre los acuerdos y la necesidad de la Constituyente, pero también una intensa campaña hacia toda la población, especialmente urbana, que definiría en últimas la convocatoria y conformación de este espacio. En mi opinión el proceso constituyente ya empezó, pero nos falta encauzarlo para que desemboque en la anhelada paz, estable y duradera.

 

@piedadcordoba