¡Todos los caminos conducen a la paz y a la constituyente!

Blogger Piedad Córdoba
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Las 37 reformas constitucionales ya aprobadas y las otras tantas en curso, así como la perversión de poderes reales que penetran la economía, la política y la vida social colombiana, han destruido el frágil sistema de contrapesos entre instituciones públicas y han sumido en la abyección nuestro régimen político.

El escándalo actual de la Rama Judicial, aunque es hoy el más conspicuo, lastimosamente está lejos de ser la única muestra de agotamiento de la democratización y gobernanza que buscó el constituyente primario en el 91.

Las 37 reformas constitucionales ya aprobadas y las otras tantas en curso, así como la perversión de poderes reales que penetran la economía, la política y la vida social colombiana, han destruido el frágil sistema de contrapesos entre instituciones públicas y han sumido en la abyección nuestro régimen político.

El escándalo actual de la Rama Judicial, aunque es hoy el más conspicuo, lastimosamente está lejos de ser la única muestra de agotamiento de la democratización y gobernanza que buscó el constituyente primario en el 91.

 

No estamos ante una crisis que se resuelva con paliativos. Ni las renuncias individuales, ni un carrusel de controles entre eslabones todos maculados de la actual institucionalidad pueden ser salida real de un colapso funcional, político y ético del conjunto del sistema político, como lo atestiguan los presentes debates a propósito de las reformas constitucionales en curso sobre equilibrio de poderes, en medio de la creciente ilegitimidad de todas las ramas del Estado.

Por el contrario, el actual desbarajuste político e institucional, aunado a las inmensas posibilidades de reconciliación de los colombianos, muestra rasgos similares a los que engendraron el proceso constituyente plasmado en la Carta Magna de 1991.

Se nos presenta, entonces, por delante la posibilidad de un tránsito histórico que inexorablemente requiere un correlato jurídico; se trata de la confección de un nuevo ordenamiento político y legal acorde con la más grande transformación social y política del último siglo en el país: la finalización del extenso y doloroso conflicto social armado.

Por ello, como en el proceso que desembocara en 1991, lo que se pone en el orden del día no son las cortapisas jurídicas de la actual normativa legal para su transformación, sino los requerimientos políticos del pueblo soberano, los fines mismos de la nación colombiana, con la paz como derecho supremo.

Un cuarto de siglo después del valioso pero truncado esfuerzo democratizador del 91, vale la pena recordar que en aquel momento se privilegió el clamor nacional por buscar salida de la aguda crisis antes que del cuello de botella jurídico que apenas meses antes había hundido tímidas reformas constitucionales. La paz, como derecho fundamental y como fin mismo de nuestra nación, debe dar curso a las salidas políticas que requiere el nuevo momento histórico.

Aprendamos de nuestra historia: para que termine de verdad la guerra, esta no va a cesar con acuerdos acotados, superfluos y de espaldas al país nacional, ni tampoco con una mera acta de rendición de una de las partes, que solo sirva para dejar larvada la continuidad del conflicto. El acuerdo de paz requiere ser la columna vertebral que, en una nueva carta magna, selle esta voluntad de todos los colombianos, recree de forma incluyente nuestro sistema político y le dé cauce al creciente descontento ciudadano con una institucionalidad sumida fundadamente en la más profunda ilegitimidad.

Aprendamos de nuestra historia: el poder constituido nunca se ha reformado a sí mismo en Colombia. La falta de credibilidad y legitimidad que hoy padece nuestro régimen político difícilmente podrá provenir de los actuales poderes constituidos elegidos.

La verdadera paz sí requiere refrendación: refrendación soberana y popular.

Las voces que reducen la refrendación a un simple bálsamo político, de fondo acotan la firma de la paz a temas inocuos y resolubles dentro del actual poder constituido. Lastimosamente esto no es así. Si las reformas necesarias para la paz fuesen una simple potestad presidencial o mero trámite legislativo, de seguro hace décadas se le hubiera dado salida al conflicto.

Los cambios que exige el más elemental pacto de paz, aunque son conquistas políticas y sociales básicas ya alcanzadas hace años en buena parte de los países democráticos, requieren cuando menos de varias transformaciones del actual bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, la refrendación de la paz no solo es una necesidad formal, sino una gran oportunidad para nuestro país, para dotar de toda la solidez política y jurídica los acuerdos, dar cauce a la participación directa del pueblo colombiano en la construcción de la paz y abordar los otros componentes de la crisis nacional que, de seguirse degradando, darían al traste con los esfuerzos obtenidos en la mesa de diálogos.

Nadie creería en una paz estable y duradera en un régimen político en que el Legislativo es designado por una minoría de los votantes, y el Poder Judicial no es prenda de garantía ni entre los mismos togados.

Técnicamente, los actuales mecanismos de participación ciudadana, que, como el plebiscito o la consulta popular, no están facultados para reformas jurídicas están descartados de antemano ante el calado de lo acordado –y lo que aún falta por acordar– en La Habana. El sometimiento de los acuerdos de paz a estos instrumentos, por demás bastante maniatados en su reglamentación de la Ley 134 de 1994, los dejaría en la práctica en el limbo legal.

El referendo –tan pregonado por los medios de información–, si bien reconoce la necesidad de las transformaciones constitucionales para el fin del conflicto, no solo no se ha acordado por las partes, ni es a todas luces antitécnico por la multiplicidad y complejidad de los temas tratados en la mesa de diálogos, sino que castraría una participación deliberativa, participativa y vinculante del pueblo soberano sobre los acuerdos de paz, al circunscribir una visión unidimensional de la potencia democrática del pueblo soberano a un plano que, como el electoral, viene siendo preocupantemente minoritario en medio del desprestigio generalizado del actual régimen entre la mayoría de la población. Para repensar el país debemos repensar la participación ciudadana.

Poder constituyente, poder de la gente: el poder de la paz y la democracia.

La refrendación de los acuerdos de paz y la salida de la actual crisis nacional sobrepasan el mero asentimiento o rechazo a secas de un maremágnum de propuestas. La mayoría de puntos acordados en La Habana se encuentran aún aguardando delimitaciones más precisas, que podrían alterar su esencia misma, al tiempo que existen numerosos desacuerdos entre las partes, que el país requiere dirimir con celeridad y de la forma más democrática.

La opción de someter al Congreso de la República, y luego a la Corte Constitucional, la aprobación y reglamentación de los acuerdos de paz es una medida incoherente en términos políticos, que significaría probablemente la postergación innecesaria del fin del conflicto, sometido a los actuales plazos de trámite legal en dichas instituciones.

La asamblea constituyente sería el mecanismo más expedito para avanzar prontamente en seguridad jurídica y consolidar la transición política de la guerra a la paz, al permitir en un único proceso la integración del acumulado de los acuerdos y desacuerdos en La Habana, los diálogos lastimosamente aún en ciernes con el Eln, los movimientos constituyentes y de nuevas ciudadanías en alza en el país; al tiempo que lograría refrendar y reglamentar no solo los acuerdos de paz, sino aquellos otros aspectos de la álgida crisis política que requieren urgentemente resolución, como el consenso nacional de transformación de la Rama Judicial o la depuración del clientelismo corruptor de mafias legales e ilegales en todos los poderes públicos.

No se trata de una constituyente para las Farc, como desacertada y maniqueamente vociferan quienes añoran una contradictoria democracia restringida. Es una constituyente para la paz, que es de competencia de todos los colombianos; una constituyente para la gran crisis nacional, de la que la prolongación del conflicto armado es solo una de sus aristas; una constituyente para buscarles salida a unas ramas del poder público corrompidas e incapaces de reformarse desde adentro; una constituyente para la inclusión de nuevas ciudadanías que claman ser reconocidas a plenitud y que carecen de garantías y posibilidades de acción dentro del actual juego político. Una constituyente no para el país político, sino abierta al gran país nacional.

De eso se trata justamente, de una asamblea nacional constituyente plural con la participación no solo del caleidoscopio de fuerzas políticas actuales del país –incluidas las firmantes del acuerdo de paz–, sino donde la voz de la juventud, la mujer, los campesinos, indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTI, academia, iglesias, militares, gremios o colombianos migrantes tengan una decisiva presencia.

Los sectores democráticos del país no le tememos al pueblo soberano: reconocemos que los enemigos de la paz aún representan una fuerza viva del actual régimen, pero que también es inevitable enfrentarnos incruentamente con ellos, tanto en el proceso constituyente como en cualquier otro mecanismo de refrendación o implementación de los acuerdos de paz o de reformas políticas para la salida de la actual crisis.

El actual torrente histórico nacional nos conduce mayoritariamente hacia la solución política del conflicto, así que el contexto y el fin mismo de la constituyente son esta salida civilizada de la guerra y no el cercenamiento de la democracia ni la limitación de las conquistas y garantías conseguidas en 1991.

Confiamos ampliamente en la voluntad de paz de la amplia mayoría de los colombianos y en que, si se dan las garantías mínimas para el debate abierto de todas las vertientes políticas del país, podremos parir como nación un nuevo pacto constitucional para una Colombia nueva y en paz.

Colombianos: caminemos juntos por la paz y por un nuevo país; encontrémonos prontamente en la asamblea nacional constituyente para salir de la crisis nacional y de esta guerra inveterada. Los convoco a todos a asumir ampliamente esta trascendental discusión y a conformar una mesa de trabajo con todas las expresiones interesadas en construir e impulsar, como solución real y efectiva de este difícil trance histórico, el poder soberano y constituyente de nuestro pueblo.

 

Piedad Córdoba Ruiz *

Especial para EL TIEMPO

* Exsenadora, defensora de DD. HH. y miembro de Colombianos por la Paz