ONU recibió a Constituyente de exiliados colombianos

Constituyentes
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En audiencia especial víctimas del gobierno dieron testimonios que conmovieron a los presentes. Piden a la ONU vigilar violación de derechos humanos en Colombia y revictimización en el exterior.

Eliécer Jiménez Julio

En un emotivo y sensible acto se convirtió la entrega oficial ante la ONU en Ginebra (Suiza) las conclusiones de la Constituyente por la Paz de Exiliados perseguidos por el Estado colombiano, donde estuvieron presentes Anders Kompass, director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y Milton Moreno, delegado de la Acnur, y como invitados especiales y testigos de excepción Félix Peña de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela y el ex asesor del gobierno suizo Jean-Pierre Gontard, quienes escucharon y recibieron a una treintena de víctimas del Estado colombiano llegados de España, Bélgica y diversas ciudades de Suiza, delegados de Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano, Aipazcomun, Observatorio de Derechos Humanos Alfredo Correa d’Andreis de la U. Distrital, capítulo Europa, entre otros.

El evento protocolario, que se realizó el pasado 18 de diciembre en el emblemático Palacio Wilson de Ginebra, sede de la ONU para el tema de los derechos humanos, además de entregar las memorias y propuestas de las víctimas perseguidas por el Estado colombiano con destino a la mesa de diálogo entre las insurgentes FARC-EP y el gobierno en La Habana y el ELN en Ecuador, tuvo como objetivo central visibilizar la tragedia que desde hace muchos años viven los opositores y perseguidos políticos en el exilio por parte del gobierno, y al mismo tiempo mostró los niveles de organización que hay entre estos miles de colombianos diseminados por diversos países del mundo donde incluso siguen revictimizados tanto por gobierno colombiano que los continúa persiguiendo de diversas formas como sufriendo discriminación por parte de algunos países de acogida.

La presentación del tema estuvo a cargo de Pedro Osorio, del Partido Comunista Colombiano, quien en su intervención destacó que “con decenas de masacres, genocidios y miles de asesinatos selectivos, miles estamos desterrados a plomo y cárcel y otros 400 mil anónimos, según la misma Acnur, desplazados, regados por todo el mundo; mas de 10 mil convertidos en prisioneros políticos y muchos sentenciados a señalamientos policiales internacionales, unos extraditados y varios pedidos en extradición. Pero lo mas grave: todo el tejido social en el que se actúa se convierte en campo de batalla victimizante, cuya destrucción o captación se convierte en premio a la criminalización de la movilización y la protesta social”.

“Todos nuestros derechos humanos fueron violentados. Quienes nos atrevimos a optar por el refugio político, en alto número de casos, seguimos siendo revictimizados por las condiciones del mismo refugio en los países de acogida o por la aplicación de planes de persecución, vigilancia y espionaje de todo tipo aún vigentes por el Estado colombiano, como es la Operación Europa para nuestro caso, la cual no ha parado, y que son desarrollados por la inteligencia militar colombiana en territorio europeo”, e igualmente destacó el dirigente del PCC la decisión de las insurgentes FARC-EP de decretar un cese de fuego unilateral indefinido, pero pidió al gobierno colombiano que también haga lo mismo para frenar el derramamiento de sangre en el país, ya que el Estado colombiano es el culpable y responsable directo de la violencia que vive el pueblo desde hace mas seis décadas.

Posteriormente hicieron uso de la palabra las víctimas del estado, Rita Tobón, ex alcaldesa de Segovia (Antioquia), por la Unión Patriótica, movimiento político que junto con el Partido Comunista históricamente han puesto la mayor cuota de sangre, muertos y encarcelados en Colombia por ser oposición. Recordó la dirigente que “en enero de 1989, estuve aquí en la ONU en las sesiones de derechos humanos denunciando el asesinato sistemático del que éramos víctimas los militantes del movimiento político Unión Patriótica. Igualmente solicitamos que se interviniera ante el gobierno colombiano a fin de parar el derramamiento de sangre y solicitamos protección para nuestras vidas y la de todos nuestros miembros. Hoy, 25 años después, vengo a lo mismo”.

Se destaca en el testimonio de la dirigente de la UP que el genocidio político llevado a cabo por el Estado colombiano a través de diversas modalidades, entre ellas los paramilitares en asocio con Policía y Ejército y patrocinado por empresarios y multinacionales, fue básicamente por el triunfo obtenido por la UP en zonas fuertes económicamente en el agro y ricas en minerales.

Dijo Rita Tobón: “La UP obtuvo 24 alcaldías propias y otras tantas en alianzas. Esas 24 alcaldías, entre ellas la de Segovia, correspondían a municipios donde se encontraban las más grandes producciones y exportaciones de banano y plátano del país, y Colombia era el tercer productor mundial; otras alcaldías de la UP concernían a todos los municipios donde se encuentran los yacimientos de petróleo; las alcaldías restantes se encontraban en la región donde están los yacimientos de oro; para ser mas exactos, los municipios de Remedios y Segovia producían el 90% del oro colombiano y el país era el segundo productor mundial de dicho metal después de Sudáfrica”.

“Para la fecha, ya eran muchos los militantes asesinados. Cuando los detentores del poder analizaron las elecciones de alcaldes, se dan cuenta de que nosotros, los alcaldes de la Unión Patriótica, estábamos administrando los municipios que aportaban cerca del 40% del presupuesto nacional. A partir de dicha constatación, la persecución, el acoso, las amenazas, las desapariciones forzadas, las torturas y los crímenes individuales fueron sistemáticos. Una nueva modalidad de acabar con nuestro movimiento hizo irrupción: ¡las masacres!”.

Esta parte del acto fue muy emotiva y tocó las fibras de todos los asistentes, incluidos los delegados de la ONU que se mostraron conmovidos por lo desgarradores, macabros y tristes relatos de ejecución de masacres y actuaciones despiadadas de los grupos paramilitares en asocio con el Ejército y la Policía colombiana que asesinaron de forma cruel a miles de militantes de la Unión Patriótica, Partido Comunista y demócratas en diversas regiones del país utilizando motosierras para cortar en pedazos a sus víctimas, o quemándoles vivos en hornos crematorios, otros lanzados a los cocodrilos, o sencillamente tiraron sus cuerpos despedazados a los ríos, una centena de nombres de más de cinco mil asesinados y otros 55 mil desaparecidos entre amigos, familiares o sencillamente militantes de la izquierda colombiana que fueron asesinados vil y cobardemente, fueron recordados por los presentes.

“Yo sobreviví a tres atentados, a la destrucción con dinamita de mi vivienda y a una masacre: Mis hijos, de escasos 3 y 5 años, fueron víctimas de una tentativa de secuestro. A pesar de muchas denuncias penales, de un sinnúmero de búsquedas de solución, nunca obtuvimos ni protección ni ayuda efectiva del Estado colombiano”, resaltó la ex alcaldesa de Segovia.

Beatriz Gómez, ex diputada de Antioquia, también de la UP, y Evelio Loaiza, médico oriundo de Cali, ex prisionero político, dieron testimonios donde mostraron la ferocidad con que el gobierno colombiano apoyado en los paramilitarismo desarrolló todo un plan de exterminio contra dirigentes opositores al régimen, planes estos que hoy no se han parado ya que el aniquilamiento y persecución continúan al orden del día en este país suramericano y que aún persigue a los exiliados políticos, quienes son metidos en listas de la Interpol para buscar ser extraditados a Colombia acusándoles de auxiliadores de las insurgencias.

El llamado de todas las víctimas presentes a los funcionarios de la ONU fue además de que se haga justicia, se dé la reparación, no se sigan dando hechos de repetición y que se pare la persecución que hoy continúa contra los opositores al régimen, donde más de 70 militantes de Marcha Patriótica han sido asesinados, otros miles permanecen encarcelados con el agravante de que cada día opositores al gobierno siguen siendo sindicados de guerrilleros o colaboradores de la insurgencia y con falsos positivos judiciales encerrados en las mazmorras, mal llamadas cárceles en Colombia, por lo que se le reiteró por enésima vez a la ONU que actúe y exija al gobierno del presidente Santos verdaderos cambios sociales y aperturas democráticas para la población marginal en Colombia, donde hoy no hay garantías para ejercer la oposición política.

Así mismo intervino Hugo Orejuela, dirigente de Marcha Patriótica residente en Bélgica, quien en apartes de su intervención dijo que “cuando decimos que el Estado ha sido culpable de tales horrores, estamos hablando con la pura y limpia verdad. Tal afirmación nos ubica del lado de quienes estamos dispuestos a continuar en la búsqueda de la verdad, de la memoria histórica, y, sobre todo, ratifica nuestra condición de trabajadores por la paz con justicia social”.

“La búsqueda colectiva por el reconocimiento de la condición de víctimas de crímenes de Estado es una tarea que redignifica, que valora el diálogo por la paz, que entiende la necesidad de la solución política de un conflicto de más de medio siglo de existencia. También sabemos que existen otros espacios de encuentro de víctimas y de migrantes, que se han dado en otro lugar, que tienen otros ritmos y diversas configuraciones. Les enviamos a todos ellos nuestros más sinceros saludos y les decimos públicamente que nos generan nuestro más profundo respeto, aunque no nos sintamos recogidos en sus conclusiones o deliberaciones”.

“Les decimos hoy, desde Ginebra (Suiza), un lugar emblemático en la lucha por los derechos humanos y el reconocimiento a los perseguidos políticos, que seguiremos abriendo más espacios constituyentes, foros, festivales culturales y movilizaciones por la paz. En cada rincón del mundo donde se encuentre un compatriota víctima de crímenes del Estado colombiano estaremos reconstruyendo la verdad, la memoria y trabajando incansablemente por la paz con justicia social”.

“No tenemos lobbystas en el parlamento, ni capitales para viajar, ni riquezas para el marketing político. Sin embargo, pensamos que tenemos el derecho a ser escuchados. Somos parte de aquella historia del país que se debe conocer como paso imprescindible para construir la paz con justicia social y democracia”.

“A las partes las invitamos a continuar dialogando hasta lograr un acuerdo general de terminación del conflicto, y saludamos la noticia sobre cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, declarado por las FARC-EP, el cual sin duda contribuirá a que escuchen las voces de las víctimas de crímenes de Estado que nos encontramos en condición de refugiados”.

“A los países garantes y facilitadores, les pedimos que apoyen con amor este proceso para que se desarrolle con éxito, a la ONU y a la Acnur los invitamos a que sigan tendiendo puentes para la participación de la ciudadanía en las mesas de dialogo por la paz de Colombia. A Unasur, Celac, el CICR y el Frente Amplio por la Paz a que realicen la veeduría, como camino para alcanzar el cese bilateral al fuego, el cual es un clamor nacional”.

A su turno y una vez recibidas de manos de varias víctimas presentes en el acto las memorias y propuestas con destino a la mesa de dialogo de La Habana, los señores Kompass y Moreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Acnur respectivamente, coincidieron de forma protocolaria en señalar durante sus intervenciones en los diversos tipos de labores que ambas oficinas vienen desarrollando en Colombia y las diferentes acciones que ejecutan estas oficinas en el país, comprometiéndose a continuar vigilantes y hacerles seguimientos a las denuncias que sobre violaciones de los derechos humanos hagan las personas víctimas de acciones ejecutadas por el estado colombiano.

Finalmente Victoria Kuhn, Hellen Holland y Claudia Gerez Czitrom, funcionarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU abrieron un espacio con las víctimas del Estado colombiano a fin de escuchar los testimonios que sobre revictimización y persecución del gobierno colombiano hoy continúan y hasta las discriminaciones de gobiernos europeos que han acogido a los exiliados políticos en Europa.

Para ello se acordó que se recogerán todos los testimonios posibles sobre esta situación a fin de hacerles seguimientos y desarrollar acciones tendientes y parar esta situación para lo cual se fijó la fecha del 6 de marzo de 2015 para una nueva audiencia especial con las víctimas en Ginebra (Suiza), las cuales ahora tienen la tarea de acopiar documentaciones al respecto.

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