“El cartel de la toga”: corrupción que pone en entredicho a las altas cortes 

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Exmagistrados de la Corte Suprema están envueltos en un nuevo escándalo que vuelve a cuestionar la legitimidad de la Justicia ordinaria colombiana

 

El senador Musa Besaile reconoció este 29 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia haber pagado dos mil millones de pesos en sobornos a Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos, expresidentes de ese mismo tribunal. 

Besaile también señaló al exfiscal Luis Gustavo Moreno, procesado por irregularidades cometidas en el cargo de “fiscal anticorrupción”.

En un comunicado, la corte le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar al exmagistrado Ricaurte y al propio Moreno, procesado por las autoridades estadounidenses por los cargos de “conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción”.

Tras un interrogatorio en la Corte Suprema, el senador Besaile dijo a los medios de comunicación que había sido “extorsionado” por Gustavo Moreno cuando éste era asesor del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Moreno luego fue nombrado por Martínez como director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, pero fue capturado el 27 de junio por presuntamente haber recibido sobornos para obstruir investigaciones.

La Corte Suprema también le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar a Leonidas Bustos por “una serie de actos de constreñimiento” señalados por el senador Besaile.

Los pagos de Besaile, procesado por relaciones con grupos paramilitares, tenían como fin obstruir la investigación, enmarcada en el caso conocido como la “parapolítica”.

Los exmagistrados Bustos y Ricaurte habrían cobrado sobornos por “ayudar” en procesos contra algunos congresistas. Otros favorecidos serían Hernán Andrade, senador del Partido Conservador; y el uribista Luis Alfredo Ramos.

El caso fue cuestionado por usuarios de las redes sociales, que lo señalaron como “el cartel de la toga”. Los hechos también recuerdan la crisis que padeció la Corte Constitucional con el caso Jorge Pretelt y vuelven a poner en entredicho la legitimidad de su Rama Judicial, afectada por la corrupción incluso en sus niveles más altos.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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