Masacre contra las FARC y sus familias: ¿una tragedia anunciada?

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El Estado Mayor Central de las FARC-EP ha denunciado el día de hoy el asesinato de tres familiares de Guillermo León Osorio, integrante de las FARC-EP y que se encuentra ubicado en la Zona Veredal Transitoria de Normalización “Juan Carlos Castañeda”. Los cuerpos fueron encontrados en el barrio María Gaín en Tarazá, Antioquia y corresponden a Kellys Henao de 20 años de edad, Alberto Osorio de 33 años y Marcela Osorio de 14 años.

La comunidad ha informado que la madre de Guillermo sobrevivió a la masacre porque los asesinos no consiguieron abrir la puerta del lugar en el que se encontraba. Sin embargo, quienes serían integrantes de grupos paramilitares, le aseguraron que no se detendrían hasta conseguir matar a la familia entera.

Los hechos fueron denunciados al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, estructura compuesta por representantes de la Fuerza Pública, las Farc-ep y la Misión Especial de la ONU para Colombia. Sin embargo, los delegados del gobierno han afirmado que “no pueden prestar seguridad a las familias porque no existe presupuesto por parte de la Policía de Taraza y que ésta solo puede hacer el levantamiento de los cadáveres y no más”.

Esta afirmación, por parte de la Fuerza Pública, es de profunda gravedad si se tiene en cuenta que el Mecanismo tiene el fin de contribuir a la “generación de transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo” y que se creó para administrar los distintos factores que lo puedan poner en riesgo. ¿El asesinato de las familias de miembros de las Farc no será acaso un factor que pone en riesgo el Cese al Fuego? Miembros de las Farc cercanos a Guillermo León aseguran que se encuentra en un estado de total desesperación y con urgencia de ir al lugar en el que fueron asesinados sus familiares, aun cuando sabe el riesgo que correría su vida en caso de hacerlo.

La masacre cometida en Taraza fue, sin duda alguna, una tragedia anunciada. En el municipio, de acuerdo a información proporcionada por los familiares y vecinos sobrevivientes, habían estado circulando panfletos en los que se amenazaba a integrantes de las Farc-ep y sus familias. El caso tampoco es el único de este tipo: Willson Adrian Tapias, otro integrante de las Farc y quien se encuentra en la Zona Veredal de Carrizal, también ha recibido amenazas similares, sin recibir atención oportuna y la debida protección por parte del Gobierno.

Una masacre tras otra

El caso de la familia de Guillermo León también se suma al del secuestro, tortura y degollamiento, en el departamento del Chocó y por parte de grupos paramilitares, de los 2 hermanos (Dalmiro y Anselmo Cárdenas) de Robinson Victorio, miembro las Farc-ep que se encuentra recluido en la Cárcel de Chiquinquirá. 

En el departamento de Nariño fue asesinado con arma de fuego otro miembro activo de las Farc-ep, Luis Alberto Ortiz, justo después de conseguir beneficiarse con la Ley 1820 sobre Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales. 

Ante la sistematicidad de los asesinatos de miembros de las Farc y sus familiares resulta preocupante que no se haya creado, como está pactado en el numeral 3.4.4 del Nuevo Acuerdo, la “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” [1]

Pese a que no ha sido un secreto el riesgo que corren las vidas de los integrantes de las Farc en el tránsito a la vida civil, lo contenido en el Acuerdo de Paz buscó generar las medidas necesarias para salvaguardar a los excombatientes. Sin embargo, con lo acontecido en Tarazá, Chocó y Nariño, queda claro que el incumplimiento de cualquiera de esos puntos, incluyendo el de la creación de la Unidad Especial, no sólo es un ataque al cese al fuego sino una pena de muerte de facto contra los miembros de las Farc-ep. 

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica  

 

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1 Esta Unidad Especial tiene como mandato la investigación, persecución y acusación de los responsables de homicidios, masacres y violencia sistemática que amenace la implementación del Nuevo Acuerdo y la construcción de paz. 

 

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