Por falsos positivos de Soacha condenan a 21 militares

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La Justicia dicta penas de entre 37 y 52 años por cargos como desaparición forzada y homicidio agravado, entre otros

 

Veintiún militares fueron condenados a penas de entre 37 y 52 años de cárcel al ser encontrados responsables del asesinato de cinco jóvenes que fueron reclutados en Soacha, Cundinamarca, en el 2008, con ofertas de trabajo en el Norte de Santander y poco después reportados como muertos en combate, actos conocidos como “falsos positivos”.

 

El Juzgado Primero Especializado del Circuito de Cundinamarca determinó que los uniformados cometieron delitos de desaparición forzada; concierto para delinquir agravado; falsedad ideológica en documento privado; homicidio agravado; y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. 

 

Los militares comprometidos con los falsos positivos son el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa, sargento segundo Jáner Ediel Duque Marín, cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas, cabo tercero Ricardo Coronado Martínez y el cabo primero Manuel Ángel Zorrila Agámez.

 

Asimismo, fueron condenados John Ánderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez y los soldados profesionales Géiner Fuertes Carrillo, Pedro Johan Hernández Malagón, Juan Ramón Marín Martínez, José Orlando González Ceballos, Kevis Alberto Jiménez Escalante, Juan Gabriel Espinosa Restrepo, Medardo Díaz Ríos, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo y José Adolfo Fernández Ramírez.

 

Las víctimas mortales de la acción de los militares fueron Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Mancera, Jair Andrés Palacio Bustamante y Víctor Fernando Gómez Romero.

 

La fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que participó en el proceso aseguró que las víctimas “fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron entregados a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada Móvil 15, acantonada en dicha ciudad. El 28 de enero del 2008, fueron reportados como muertos en combate como ‘narcoterroristas’”.

 

La jueza agregó que está condena no impide que a futuro estos 21 militares se puedan postular a la Jurisdicción Especial para La Paz, pero dejó en claro que serán los magistrados de esta justicia transicional quienes decidan si estos uniformados pueden o no acceder a esos beneficios legales, porque estos crímenes no fueron en combate. 

 

Sin embargo, las madres de las víctimas piden que estos crímenes no sean llevados a la JEP. “Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo”, dijo doña Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo.

 

Asimismo, Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez, sentenció que “llevándolos presos no me van a devolver a mi hijo, pero quiero que haya justicia y les den la máxima condena, cómo va uno a perdonar a alguien que le quitó a un ser querido”.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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