Situación de derechos humanos en el Catatumbo es “alarmante”

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Al asesinato de líderes sociales se le suman combates con el ELN y la amenaza de erradicación forzada de cultivos por parte del gobierno nacional

 

Juan Carlos Quintero, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo y miembro de Marcha Patriótica en Norte de Santander, señala las problemáticas humanitarias que se vienen presentando en su región.

 

En entrevista con la Oficina de Prensa de Marcha Patriótica, Quintero denuncia el desplazamiento reciente de un centenar de campesinos a causa de combates entre el ejército y el ELN en Hacarí. Por eso “hace votos” por un pronto cese al fuego bilateral con esta organización insurgente.

 

Además, el líder social llama a avanzar en la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, según establece el acuerdo de La Habana. Según él, el nivel de la implementación ha sido hasta ahora “deficiente”.

 

Oficina de Prensa de Marcha Patriótica (OP): ¿Cuál es la situación de derechos humanos que se presenta actualmente en el Catatumbo?

 

Juan Carlos Quintero (JCQ): Es una situación alarmante. En los últimos días fue asesinado un miembro de la Marcha Patriótica, Ezequiel Rangel, quien era el principal líder de la Asociación Campesina del Catatumbo en el corregimiento de Guadualito, del municipio de El Carmen. Fue asesinado el domingo 16 de julio en horas de la tarde.

 

A eso se le suma la situación de orden público de la zona. En el municipio de Hacarí, más o menos cien campesinos fueron desplazados después de un combate que duró 24 horas en esta localidad de la región del Catatumbo.

 

OP: ¿Entre quiénes se presentó este combate?

 

JCQ: Entre el Ejército Nacional y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

OP: ¿Qué otras problemáticas se presentan en la región?

 

JCQ: Se suma a esto otra agresión contra la región, que es la amenaza de los erradicadores forzados, lo que genera una situación de incertidumbre frente a la implementación de los acuerdos de paz, en concreto en materia de seguridad en los territorios, en materia de sustitución de cultivos y en materia de garantías a los defensores de derechos humanos y sus organizaciones sociales.

 

OP: A propósito de este tema, ¿cómo transcurre la implementación de los acuerdos de paz a nivel departamental?

 

JCQ: Desafortunadamente la acción del Estado no es suficiente. Incluso ni en pedagogía, pues ésta ha sido un ejercicio, una tarea, que le ha correspondido al movimiento social. Podemos decir que, a plenitud, lo que se ha implementado cien por ciento del acuerdo es el punto tres, que tiene que ver con los combatientes, que es la dejación total de las armas. No ha empezado a regir de manera activa y efectiva ninguno de los demás puntos al cien por ciento. 

 

Estamos en un piloto de sustitución de cultivos con 500 familias, pero su avance ha sido bastante deficiente hasta ahora. El gobierno sólo ha garantizado la inscripción de 300 familias, y no ha cumplido con la implementación misma en los pasos que tiene el acuerdo para ejecutar esto. No ha querido el gobierno firmar un acuerdo municipal de sustitución, y sigue impulsando de manera unilateral los programas establecidos. Por ejemplo, anda impulsando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial sin el componente de las FARC. Es un escenario que también genera confusión en la comunidad y también genera desconfianza porque no se sabe si es verdad o no lo que funcionarios dicen a lo largo y ancho de la región del Catatumbo.

 

OP: ¿Qué peticiones hacen las organizaciones sociales frente a esta situación?

 

JCQ: Que se generen todas las garantías para los defensores de derechos humanos, sus organizaciones, los territorios. Hacemos votos para que se concrete pronto un cese bilateral de fuegos entre el Ejército Nacional y el ELN. Que se busquen canales de diálogo con el Ejército Popular de Liberación, el EPL, que también tiene presencia en la zona del Catatumbo.  Y que el gobierno exprese toda su voluntad política en materia de sustitución de cultivos. Es decir, que no priorice las tales 50 mil hectáreas que van a erradicar de manera forzada, sino los planes, programas y proyectos acordados en el punto cuatro de la agenda de La Habana.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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