Campesinos claman: ¡Sustitución sí, violencia no!

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Miles de campesinos colombianos piden al Gobierno que se implemente inmediatamente el Punto cuatro del Acuerdo Final de Paz, el cual consagra la ‘sustitución concertada de cultivos de uso ilícito’ como política de Estado para proscribir la producción de coca, amapola y marihuana y prohíbe la erradicación forzada, cuya aplicación genera violencia en el campesinado.

Este es el caso de Tumaco: campesinos y campesinas del Departamento de Nariño exigen que se establezca un protocolo para la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito. El objetivo es, además de reducir la producción de materias primas para el narcotráfico, garantizar los derechos humanos, económicos y sociales de las comunidades campesinas; así como la protección ambiental de la región. Para ello hay que comprender que los cultivadores de coca, amapola y marihuana son víctimas del conflicto armado y del abandono del Estado, lo cual les obligó a acudir al cultivo de productos de uso ilícito como una alternativa económica de subsistencia.

Lo preocupante de esto es que la situación es generalizada en todo el país. Ante la lenta implementación de lo acordado, las comunidades campesinas continúan exigiendo la sustitución concertada y la suspensión de la erradicación forzada. En el caso particular del Departamento de Nariño la COCCAM ha establecido contacto con el Gobernador Camilo Romero, quien ha manifestado estar de acuerdo con la solución concertada para la sustitución de los cultivos de uso ilícito; no obstante, se requieren acciones contundentes que garanticen los derechos campesinos y la abolición del uso de la violencia por parte del ESMAD-Policía Nacional y Ejército Nacional.

Mientras que esto ocurre, los campesinos permanecen a la espera del compromiso adquirido por parte del Estado y que se cumpla lo pactado en La Habana en torno a la sustitución de cultivos ilícitos.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica 

 

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