¿Qué es lo que tanto le debe el Estado al Catatumbo?

Regionales
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La región del Catatumbo ha dado nuevamente mucho de qué hablar. Con la aparición de hombres armados y que se autodenominaron paramilitares en la vereda Las Timbas, cuando se realizaba el traslado del Frente 33 de las FARC hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización – ZVTN- de Caño Indio, la región se ha puesto nuevamente en boca de la opinión pública.

Luego de que miembros de la vereda Las Timbas denunciaran la presencia de un aproximado de 15 hombres fuertemente armados y vestidos con un camuflado negro que llevaba impresa un águila blanca, el miedo y zozobra que se han apoderado de la región no distingue de filiación política o identidad étnica. Máxime cuando los hombres manifestaron ser paramilitares que llegaban a la región a ejercer poder y amenazaron con matar a cualquiera que se opusiera a sus intenciones.

Si bien ha sido la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT- la que, desde 2005 y especialmente en el 2013, ha trasmitido y evidenciado las necesidades del campesinado de la región, la situación que se vive hoy en el Catatumbo ha sumado los esfuerzos de otras expresiones organizativas campesinas e indígenas, como el Comité para la Integración Social del Catatumbo -CISCA- o el pueblo Barí Ocbabuda y Suerera. Adicionalmente, organizaciones como la Juventud Rebelde del Catatumbo, tres ASOJUNTAS y el Frente Fronterizo por la Paz se han unido al clamor catatumbero por la no presencia de paramilitares en la región.

¿Qué piden las comunidades?

Campesinos, jóvenes e indígenas han convocado la presencia en la zona y una sesión ampliada de la Comisión de Impulso a la Verificación e Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Concejo  Nacional de Reincorporación  (CNR). Para ellos, lo que está ocurriendo en la región es apenas una muestra de lo que acontecerá en el país luego de que las guerrillas retornen a la vida civil y las regiones históricamente abandonadas por el Estado queden sin ningún control territorial.

Juan Carlos Quintero, vocero de ASCAMCAT, señala que “las comunidades sólo están exigiendo que se cumpla lo que en el Acuerdo tiene que ver con el desmonte de las estructuras paramilitares y similares. Hace 18 años también alertamos de la presencia de paramilitares en la región, no nos escucharon y lo que vino después fue la Masacre de La Gabarra, en la que resultaron asesinados cerca de 40 campesinos, sin contar los heridos y desaparecidos”

Y es que, a través de múltiples comunicados, las comunidades han solicitado al Gobierno Nacional hacer presencia en la región pues, aunque ya han gestionado y realizado varias misiones de verificación con líderes de Juntas de Acción Comunal, la Defensoría del Pueblo y otras entidades internacionales y religiosas, son concientes de que no sólo la obligación, sino la capacidad de hacer frente a la amenaza paramilitar se encuentra en manos del gobierno.

Sin embargo, solamente la guerrilla atendió al llamado que hacían las comunidades para tener presencia del CSIVI y el CNR. Una delegación compuesta por Pastor Alape integrante del CNR, Jimy Guerrero comandante del Frente 33 de las FARC-EP y Rafael Malagon integrante del mismo frente, se reunión con las 68 Juntas de Acción comunal, los mil campesinos y campesinas y los 6 sectores sociales del municipio de Tibú que se encontraban concentradas en la vereda La Neiva, del municipio de La Gabarra, para evaluar posibles salidas a la crisis humanitaria.

 Pastor Alape declaró que, luego de reunirse con las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo y atendiendo a sus reclamos por presencia estatal “El proceso de facilitación lo va a hacer las FARC y le entrega al gobierno el pliego de exigencias para resolver, poder desmontar todas esas preocupaciones y generar seguridad en el territorio” (sic.) Alape señala también que esa decisión, así como la de permitir el paso de la caravana de la guerrilla hacia la ZVTN de Caño Indio, se tomó por parte de las comunidades, sin ninguna injerencia suya.

Así, después de cinco días de tener detenida la caravana que movilizaba a las FARC-EP  hacia la ZVTN, y luego de dos misiones de verificación realizadas y que comprobaban las denuncias de la comunidad de Las Timbas sobre la presencia de paramilitares en la región, las comunidades campesinas e indígenas que se encontraban bloqueando pacificamente la caravana decidieron, no sólo permitir su paso, sino acompañarla hasta su destino.

“Las comunidades hicieron una reflexión interna y se dieron cuenta que tener detenida la caravana en la que  se movilizaba la guerrilla hacia la ZVTN de Caño Indio había servido para generar presión y hacer sentir sus exigencias, pero el compromiso catatumbero por la Paz es más grande que el miedo y la zozobra, así que decidieron dar paso y acompañar la caravana sin dejar de buscar otros mecanismos para seguir denunciando y evidenciando la situación” precisó Quintero.

Uno de los mecanismos que adoptó la comunidad es la instalación de un Refugio Humanitario en el que se encuentran actualmente cerca de 500 campesinos y que tiene como objetivo salvaguardar la vida de los mismos. Las comunidades esperan que, en el transcurso de los días, lleguen más catatumberos al Refugio y así evitar el desplazamiento forzado, pues no sólo se desconoce el paradero de tres familias de la comunidad de Las Timbas que huyeron luego de la intromisión paramilitar, sino que se ha registrado un desplazamiento masivo hacia Venezuela.

La Comisión de Derechos Humanos del Frente Fronterizo por la Paz  informó que “entre el viernes 10 y sábado 11 de febrero se viene presentando un desplazamiento masivo hacia el lado venezolano, huyendo a la presencia y la amenaza paramilitar. Aproximadamente 200 personas se han desplazado desde “La Cooperativa” en Colombia, hacia El Cruce (Municipio Jesús María Semprúm- Estado de Zulia – Venezuela).

Campesinos e indígenas del Catatumbo convocan a la sociedad colombiana a

Qué ofrece el gobierno

El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas ha indicado que desplegó 2200 efectivos para fortalecer la región, entre miembros del Ejército Nacional y la Policía. Adicionalmente, la Fuerza Aérea envió “helicópteros artillados a esa zona y un dispositivo de Aeronaves no Tripuladas, otra aeronave artillada adicional y un oficial de enlace”. Sin embargo, pese a la aparatosa militarización del territorio, el gobierno no ha realizado siquiera un pronunciamiento que rechace lo ocurrido.

Por el contrario, Villegas ha afirmado que el despliegue militar tiene como objetivo no sólo garantizar el correcto desplazamiento de las FARC-EP hacia la ZVTN de Caño Indio, sino proteger a las comunidades de las amenazas que pueda representar el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Ni una palabra sobre las amenazas paramilitares.

Al respecto del desplazamiento que registra el Frente Fronterizo por la Paz, Villegas también ha señalado que “no existe” y que no “hay pruebas” de que esté ocurriendo. En conversación telefónica con su homólogo el general Vladimir Padrino López, el Ministro de Defensa Colombiano informó no tener registro de lo acontecido, en contradicción con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro del domingo pasado en las que advierte una “migración en masa” de colombianos hacia Venezuela.

En un símil al famoso “El tal Paro Agrario no existe” Villegas desconoce las cifras del gobernador del Estado de Zulia en Venezuela (fronterizo con Colombia) alertando que en los últimos días “por un solo punto entraron 359 colombianos a Venezuela.”

La estrategia política usada por el gobierno, tal como se ha denunciado recientemente, se concentra en desmentir la existencia de estructuras paramilitares y negar la sistematicidad de asesinatos de líderes sociales, para no hacer frente a las verdaderas crisis denunciadas por las comunidades, en este caso, catatumberas.

¿Cuál es la deuda?

Los campesinos e indígenas catatumberos no estarían tan preocupados si la historia no les hubiese sido tan adversa.En 1991, ante la amenaza de presencia paramilitar en la región, varias ONG convocaron Consejos de Seguridad (al igual que las comunidades en la actualidad) para denunciar y alertar del peligro que corrían las comunidades de Tibú. Según el portal Verdad Abierta, “el jueves 19 de agosto de 1999, dos días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana estuvo en un consejo de seguridad en Cúcuta, convocado por la oenegé, Minga.”

El 29 de mayo de ese mismo año, los paramilitares hicieron un retén en la carretera y según fuentes oficiales, con lista en mano asesinaron ocho personas, aunque algunos testigos indiquen que pudo ser el doble. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, “ante la masacre, centenares de habitantes del sector cruzaron la frontera hacia Venezuela abandonando sus fincas”, tal como está ocurriendo hoy en día.

Desde ese día, hasta la fecha de la masacre (22 de agosto) “el CTI de la Fiscalía registró 77 muertos en Tibú, La Gabarra y algunas otras veredas del municipio.”

La militarización del territorio anunciada por Villegas tampoco representa seguridad para la población. No en vano, en 1999 cuando las ONG y comunidades alertaban de la presencia paramilitar, fue el comandante del Batallón Contraguerrilla nº 46 de ese entonces, teniente Luis Fernando Campuzano, quien permitió el ingreso de los paramilitares al casco urbano de La Gabarra, ordenando levantar el retén del ejército y orientando a los uniformados no salir de la base militar.

El ingreso de un grupo de 150 paramilitares a la región, dejó el saldo de 35 muertos en una noche y una cifra incalculable de mutilados que fueron lanzados al río.

Así las cosas, las medidas tomadas por la población catatumbera son apenas sensatas y se constituyen como una alerta temprana de lo que puede ser una tragedia. El Estado tiene una deuda con el Catatumbo por tantos años de abandono y, en particular, por haber sido cómplice de la peor masacre de su historia.

Es la oportunidad para que el Estado se redima, escuche a las comunidades y demuestre que el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP es para beneficio de los campesinos e indígenas que han sufrido en carne propia la guerra. #SantosNoDejeSoloAlCatatumbo

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

 

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