Que el Estado dé garantías a los excombatientes y perviva el anhelo de paz

Análisis
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Garantizar la vida e integridad de los miembros de las FARC en tránsito a la legalidad es uno de los compromisos cruciales del Estado colombiano

 

Brutney Alfonso Ávila es el más reciente miembro de las FARC en proceso de reincorporación que resulta asesinado tras la firma del acuerdo de paz. Se suma a Norbey Téllez y a Jesús Adán Mazo, ultimados la última semana en Norte de Santander y Antioquia, respectivamente.

 

Ávila, de la zona veredal “Martín Villa”, ubicada en Filipinas (Arauquita, Arauca), recibió varios disparos de sujetos armados que se movilizaban en moto en el caserío de Puerto Jordán este 17 de agosto.

 

 

 

Con él, ya se suman 23 los miembros de las FARC o familiares que han sido victimizados durante la implementación del acuerdo de paz.

 

“La falta de garantías ya ha cobrado varias vidas de integrantes de las FARC en distintas regiones. ¡Es momento de exigir cumplimiento!”, reclamó Pablo Catatumbo, dirigente de esa organización, tras el hecho.

 

La situación se da en momentos en que culmina íntegramente la dejación de armas y su extracción por parte de las Naciones Unidas. Y cuando las FARC se alistan para constituir un nuevo partido político legal.

 

Por eso es un tema que preocupa a todos los sectores que anhelan la paz, máxime cuando en el propio acuerdo de La Habana se estipulan una serie de medidas encaminadas a brindar protección y seguridad a los excombatientes en proceso de reincorporación.

 

Que no se repita la historia

 

En nueve meses de implementación, se sigue presentando el sicariato contra integrantes de las FARC, lo cual atenta contra el éxito del proceso de reincorporación. Una situación que puede sembrar una nueva oleada de violencia, como lo que se presentó con Guadalupe Salcedo, guerrillero del Llano que le apostó a la paz y fue acribillado en 1957; o Carlos Pizarro, líder del M-19, tiroteado cuando aspiraba a la Presidencia tras dejar las armas en 1990.

 

También se teme la situación que vivió la Unión Patriótica, organización surgida en el proceso de paz de La Uribe en los años 80, y que sufrió un plan de exterminio que cobró la vida de cientos y miles de sus militantes y dirigentes, incluidos parlamentarios y candidatos presidenciales.

 

Treinta años después, y a pesar del total y efectivo proceso de desarme de las FARC, se alerta una nueva campaña de exterminio, pues el asesinato de excombatientes se viene dando de manera sistemática en varias zonas del país y ante cada avance en la implementación del acuerdo.

 

Para Marcha Patriótica, este tipo de hechos buscan generar temor en las comunidades y menoscabar la esperanza que surge con la consolidación de la salida política negociada al conflicto armado y el inicio de una apertura democrática hacia la paz con justicia social.

 

Garantías para la paz

 

En momentos en que las FARC avanzan en el cumplimiento de sus compromisos, es hora de que las instituciones del Estado colombiano brinden plenas garantías para sus integrantes, que desde el 15 de agosto pasado emprenden, en firme y sin retorno, su camino a la reincorporación a la legalidad.

 

En concreto, urge dar cumplimiento a las iniciativas contempladas en el acuerdo de paz en materia de garantías de seguridad (punto 3.4). Allí se contempla una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento del paramilitarismo y las organizaciones sucesoras de este fenómeno. También una Unidad Especial de Investigación del paramilitarismo. Adicionalmente, un Cuerpo Élite de la Policía Nacional y una instancia de alto nivel para la seguridad en el ejercicio de la política.

 

Igualmente se estipulan otras medidas complementarias enfocadas a velar por la seguridad no sólo de los excombatientes sino de las comunidades, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que también vienen siendo victimizados en los últimos meses.

 

En ese sentido, resulta un exabrupto que en momentos en que los miembros de las FARC pasan a ser parte de la legalidad, se sigan presentando asesinatos de excombatientes y líderes sociales.

 

Situación que se perfiló como uno de los principales temores ante el inicio del proceso de la negociación de La Habana. Por eso es hora de que el conjunto del Estado colombiano (funcionarios e instituciones de todas las ramas del poder público), cumplan sus compromisos y brinden garantías plenas a aquellos que le apostaron a la palabra y a los votos como su única vía de lucha política.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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