Gobierno juega a ser Pedro con las Farc y Judas con los campesinos

Análisis
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Bastante se ha dicho que el origen del conflicto armado se encuentra en la inequitativa distribución de la tierra; fueron campesinos abandonados por el Estado los que se alzaron en armas en Marquetalia y conformaron la guerrilla más antigua del continente: Las Farc. No en vano el primer punto de negociación entre dicha insurgencia y el gobierno colombiano giró en torno a la transformación estructural del campo. 

De no solucionar la deuda histórica del Estado con las comunidades rurales, ningún Acuerdo de Paz podría garantizar la no repetición del conflicto o la estabilización del orden público en las regiones con influencia histórica de las Farc.

Así las cosas, luego de cuatro años de negociación en la mesa de La Habana y de la refrendación del Acuerdo por el Congreso de la República (posterior a la victoria del No en el plebiscito) tramitar la normatividad para la implementación del punto uno “Reforma Rural Integral” se convertía en la oportunidad perfecta para que el gobierno nacional saldara su deuda histórica con el campesinado y garantizara la no repetición del conflicto armado.

Sin embargo, todo el protocolo acordado en La Habana para la presentación de la normatividad vía fast track, especialmente del punto uno, fue burlado por el gobierno nacional. El escenario creado para conciliar las propuestas normativas, antes de su radicación en el Congreso, es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final- CSIVI; en la CISIVI convergen los equipos técnicos de Gobierno y Farc, buscando garantizar que los proyectos de ley presentados ante Cámara y Senado para su refrendación, recojan el espíritu del Acuerdo de Paz.

En su comunicado N° 1 del 11 de mayo de 2017, el componente de las Farc en la CSIVI denunció que el gobierno habría estado desconociendo el procedimiento acordado y que, entre otras inconsistencias, había radicado en Congreso dos Proyectos de Ley (el que crearía el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria )  y el referente al Servicio Público de Adecuación de Tierras) sin que estos hubieran cumplido el proceso de revisión, ajuste y discusión conjunta entre gobierno y Farc.

En el mismo documento, la CSIVI-Farc denunció que la propuesta de “Decreto de Ordenamiento Social de la Propiedad” que el gobierno se encontraba socializando en las diferentes regiones del país y del que aseguraba  tener una versión lista para consulta previa con comunidades étnicas, tampoco había surtido el trámite acordado entre las partes de la Mesa. Las Farc, sin sentirse recogidas en el documento del gobierno, le presentaron al país su propuesta normativa para la implementación de la Reforma Rural Integral.

Sin embargo, el 12 de mayo, las delegaciones de las Farc y del Gobierno en la CSIVI, consiguieron llegar a un documento consensuado que recogió lo contenido en el Acuerdo, al respecto de Acceso a Tierras. Este documento recogía los elementos básicos del Fondo de Tierras, los mecanismos para hacerse beneficiario del mismo y algunos lineamientos sobre los subsidios para la adquisición de predios en los casos de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Este ejercicio, según la CSIVI-Farc permitió avanzar en la “superación de las dificultades ocasionadas por los reiterados incumplimientos del gobierno en el trámite de la implementación normativa de la Reforma Rural Integral”

Luego de la jornada para consensuar el documento (se trataba de un Decreto Ley), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se comprometió a enviarlo a la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas con el Gobierno Nacional-MPC, para surtir el trámite de Consulta Previa dispuesto en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En caso de que las comunidades recogidas en este espacio dieran el visto bueno a la propuesta normativa, esta pasaría a firma presidencial para establecerse como Decreto Ley y hacer parte del bloque de constitucionalidad que contiene el Acuerdo de Paz.

Sin embargo, según el comunicado N°3 del 21 de mayo, el componente Farc de la CSIVI ha denunciado que el proyecto entregado a la Mesa de Concertación de Pueblos y Organizaciones Indígenas no corresponde al documento consensuado entre Farc y Gobierno. El Gobierno no sólo negó, en un ejercicio desleal, la discusión política avanzada con las Farc sino que, además, introdujo modificaciones al Decreto Ley radicalmente opuestas a lo que se había consensuado entre las partes.  

Según la CSIVI-Farc, el Documento Ley acordado reconocía como beneficiarios del Fondo de Tierras a campesinos y campesinas, en cumplimiento de la priorización y los lineamientos establecidos en el Acuerdo de Paz. De manera contraria y a manera de traición con las comunidades campesinas, el Decreto radicado por el Gobierno en la Mesa de Concertación “extiende los beneficios a grandes propietarios a través de los derechos de uso”. Esto quiere decir que, mientras el documento acordado entre las partes priorizaba la adjudicación de predios a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, el radicado por el Gobierno pone al mismo nivel una especie de “arrendamiento” de dichos predios, por parte de grandes propietarios.

El Gobierno, con este gesto, no sólo niega a las Farc como interlocutor político (algo que, en tiempos de construcción de paz es violento a diferentes escalas) sino que, además, traiciona los sentires y necesidades de las comunidades campesinas, esperanzadas en la implementación de la Reforma Rural Integral. El Gobierno Nacional está jugando a ser Judas y Pedro al mismo tiempo.

Tal como lo señala la CSIVI-Farc, “está en riesgo la oportunidad histórica de lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra”.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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