El “Odebrecht español”, otro escándalo de corrupción que salpica a Colombia

Análisis
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Una investigación contra el Partido Popular español devela un entramado criminal transnacional que llega a varios municipios del Caribe colombiano

 

El país no ha salido del escándalo de corrupción de Odebrecht y se empieza a destapar otra olla podrida que de nuevo involucra a varios países, entre ellos Colombia. La Guardia Civil española puso en marcha la Operación Lezo y capturó a una docena de directivos del Partido Popular (ala derecha del espectro político ibérico) por un escándalo que tiene serias implicaciones en Santa Marta, Barranquilla y otros municipios del norte del país. Hasta allí llegaron los tentáculos de una empresa de corrupción que ahora se está desplomando.

 

La captura de los directivos del Partido Popular (PP) por un desfalco de 23,3 millones de euros abre la posibilidad de que se descubran los detalles de irregularidades en Colombia, en asocio con políticos de la Costa Atlántica. Entre los investigados en el país europeo se encuentran Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana; Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL y máximo accionista de esa empresa; Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia e Interior y exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; e Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Estas son las caras más conocidas de los 60 investigados que aparecen en la lista del juez que lleva el caso.

 

También sobresalen Pablo Manuel González, hermano de Ignacio González y expresidente de Mercasevilla; Pablo González Liberal, padre de Ignacio González; María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II; Adrián Martín López de las Huertas, exdirector general del Canal de Isabel II; José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de ICM; María Lourdes Cavero, pareja de Ignacio González y presidente de Subastas Segre; Santiago Barreno Sevillano, presidente del consejo de administración de La Razón; y José Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria y Energía.

 

En este megaescándalo se investiga la existencia de una red de corrupción transcontinental en la que las capturas en España serían “la punta del Iceberg”. De por medio habría sórdidos contratos, millones de euros sacados del bolsillo de los costeños, peticiones de extradición, operaciones de espionaje, excrementos flotando en el mar de Santa Marta y decenas de políticos de la Costa Atlántica colombiana involucrados. 

 

De hecho, toda la operación comenzó en Cartagena en un episodio de película que involucraba bolsas llenas de dinero, grabaciones y viajes secretos. El escándalo se destapó cuando la periodista española Pilar Velasco, de la Cadena Ser, hizo público un video grabado en 2008 que demostraba que algo andaba muy mal. En este se veía a Ignacio González reunido con Edmundo Rodriguez Sobrino, el hombre fuerte de la empresa Canal de Isabel II en América Latina, y algunos personajes de la ciudad del caribe. Todos entraban a una residencia en La Heroíca con unas bolsas de plástico en las manos y luego salían sin nada. Las autoridades creen que se trataba de dinero en efectivo. Según le dijo una fuente anónima al diario El Confidencial de España hace unos días, los altos funcionarios de ese país "fueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos".

El estrepitoso escándalo ha generado un terremoto político en España. Incluso el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del PP, ya recibió la citación de un juez para que declare ante su despacho. El mandatario deberá explicar, entre otras cosas, el alcance de sus vínculos con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y con su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos fueron capturados junto a una decena más de cuadros directivos del partido de gobierno. La justicia española, que además ordenó 30 allanamientos en oficinas, los puso tras las rejas y les atribuyó delitos como organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción.

 

En síntesis, se les acusa del desfalco de más de 23 millones de euros a través de la empresa pública Canal de Isabel II, que opera el servicio de agua en la capital española. El PP lleva 17 años gobernando Madrid. Y entre 2003 y 2015, las riendas de esa administración estuvieron en manos de González ya como presidente de la Comunidad Autónoma, vicepresidente o como máximo directivo de Canal. Bajo el poder de Rodríguez, la empresa se propagó creando filiales. La principal es la firma Inassa, con domicilio principal en Barranquilla y desde donde se ha dirigido la cuestionada operación de expansión en Colombia y hacia el resto de América Latina.

 

El capítulo colombiano del escándalo

 

En Barranquilla, el negocio tampoco ha sido favorable para la ciudad. Inassa se asoció a Triple A, la empresa operadora del acueducto y el alcantarillado, y fue creciendo hasta hacerse con la mayoría accionaria. Tras unas inversiones de ampliación de redes para darle agua al sur de “La Arenosa” con recursos de la Nación por valor de 70 mil millones de pesos, inexplicablemente la ciudad perdió participación accionaria al pasar del 84 al 67 por ciento. Después resultó que la ciudad renunció a recibir las regalías anuales a cambio de que fueran invertidas en ampliación de cobertura. Y posteriormente, en 2005, la empresa se vio obligada a una emisión de acciones por valor de 180 mil millones de pesos, y como el Distrito no invirtió lo que le correspondía, terminó disminuyendo finalmente su participación accionaria a solo el 14 por ciento, mientras los españoles y los socios colombianos aumentaban su participación quedándose con el 83 por ciento de la Triple A.

 

Otra de las filiales en Colombia era Metroagua, empresa que operaba el servicio del acueducto y alcantarillado de la capital de Magdalena. Metroagua, que por medio de una acción popular perdió el pasado 17 de abril la posesión y la administración sobre las redes de aguas potables y residuales, sólo entregaba el 2% de la facturación a la ciudad. La habilidad de los españoles y la complicidad de las autoridades locales hicieron que el acueducto terminara “secuestrado” por los privados, y que los samarios sufrieran por décadas de un pésimo servicio. Las alcantarillas rebosadas, el desabastecimiento de agua e inmundicias vertidas en el mar hicieron parte del paisaje de Santa Marta.

 

En Colombia, país de la corrupción gobernante, apenas comienza a estudiarse el caso. En la Fiscalía nunca ha prosperado ningún proceso que comprometa los intereses de Inassa. En la Procuraduría, hasta el año pasado, el estado era peor: hubo cuando menos diez expedientes, uno incluso en el despacho de la ex viceprocuradora Martha Castañeda Curvelo. Pero los pocos expedientes que tuvieron alguna actividad terminaron con el rótulo de “hechos disciplinariamente irrelevantes”. Los otros, simplemente nadie los miró nunca.

 

Para consolidar esta empresa criminal de corrupción en Colombia, el expresidente de la Comunidad de Madrid se valió principalmente de dos personas: Ignacio Rodríguez Sobrino, su mano derecha, y María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II y miembro principal de Inassa. Ambos fueron capturados en España y deberán explicar no sólo el capítulo Colombia (Triple A opera en 16 municipios del Caribe), sino toda la expansión de la firma a Brasil, Ecuador, Haití, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

 

Gracias a la insistencia de Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, y a su sucesor, Rafael Martínez, se logró que un juez ordenara romper legalmente el dominio de Metroagua sobre el acueducto y alcantarillado de la ciudad y que se inicie el proceso de adjudicación a un nuevo operario. Aunque el fallo se produjo hace unos meses, el pasado miércoles se materializó y por fin la ciudad pudo expulsar del negocio a los españoles. Al conocerse el fallo, los españoles iniciaron un reclamo por 58 mil millones de pesos por supuestas inversiones y mejoras al acueducto, aunque los informes técnicos de la Procuraduría, tras inspeccionar la red, concluyen que “no invirtieron ni en un tornillo”.

 

Precisamente por ello, el procurador Fernando Carrillo ordenó la apertura formal de una investigación contra Inassa, tal como ocurrió con los directivos en Colombia de Odebrecht, que aunque son privados están rindiendo cuentas ante el Ministerio Público, pues hay implicados cuantiosos recursos públicos. 

 

Además, en las próximas semanas Carrillo irá a España –donde fue embajador– para buscar una alianza con las autoridades de ese país a fin de que la Procuraduría pueda conocer formalmente todo el intríngulis de Inassa en Colombia, y descubrir cuáles son los funcionarios públicos responsables de que los españoles hayan hecho y deshecho en la Costa Atlántica sin que nadie les planteara un pero. Es decir, poder establecer cuántos funcionarios y empresarios están involucrados en actos de corrupción. Si la colaboración es efectiva, se podría descubrir qué llevaban las bolsas blancas y quién se quedó con estas.

 

Aunque es prematuro afirmarlo, este caso parece ser de máxima gravedad. Nos recuerda el caso no sólo de Odebrecht, sino también el de Reficar y los Papeles de Panamá. En todos estos casos, la corrupción local articulada a empresas trasnacionales ha sometido al pueblo colombiano a un proceso constante de empobrecimiento repudiable. ¿Los gobernantes de turno han convertido a Colombia en un paraíso para la corrupción trasnacional? Esperemos que la investigación avance y se destape de una vez por todas las ollas podridas de la corrupción.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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