Pueblos indígenas y afrodescendientes “rajan” al gobierno por Proyecto de Innovación Agropecuaria

Análisis
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El pasado 19 de abril se llevó a cabo, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley 04 de 2017. El proyecto, que tiene como objetivo “la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)” sería la propuesta jurídica gubernamental para implementar el punto 1 del Nuevo Acuerdo de Paz “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, en lo que respecta a la asistencia técnica de los Planes Nacionales.

Lo contenido en el proyecto de Ley, además de establecer el funcionamiento y estructura del SNIA, crear nuevas funciones y competencias para las entidades involucradas en él, también crea el servicio público de extensión agropecuaria.

Para la Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ [1] -  el proyecto de ley “no conserva el espíritu del Acuerdo de Paz” y limita la participación de las comunidades a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) que, en la práctica, han demostrado no representar a las poblaciones étnicas y campesinas por estar permeados con lógicas politiqueras y corruptas. El proyecto sería un “más de lo mismo” pues no contempla la reingeniería del Estado en términos de innovación agropecuaria y sólo genera una nueva estructura que fácilmente, sin el seguimiento y apropiación por parte de las comunidades, terminaría siendo un “elefante blanco”.

-Las inconsistencias entre el Acuerdo y el Proyecto de Ley

Pese a que lo contenido en el Acuerdo establece que el propósito de la asistencia técnica será “fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y estimular procesos de innovación tecnológica” , el proyecto gubernamental busca “mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano”, sector al que define como aquel cuya actividad pertenece al ámbito agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, sin perjuicio de la extensión del predio trabajado, la cantidad de producto generado o los ingresos recibidos por el productor. Es decir, el proyecto aplica indistintamente para campesinos, indígenas, pueblos afrodescendientes o latifundistas y grandes empresarios del campo. La inequidad en la planeación de políticas públicas (que ha reafirmado y profundizado la desigualdad en el campo) y que el Acuerdo de Paz buscaba subsanar, se refuerza con esta propuesta legislativa.  

Uno de los principios del proyecto de ley es el de “Gradualidad y temporalidad” que establece que el subsidio a la tarifa del servicio público de extensión agropecuaria otorgado a los usuarios será diferencial, decreciente y finito, lo que sonaría bastante positivo si en el Acuerdo no estuviese establecido, literalmente, que “la asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños productores y productoras, priorizando a mujeres cabeza de familia, y contará con un subsidio progresivo para los medianos productores y productoras”. El proyecto no sólo olvida la gratuidad de asistencia técnica acordada para pequeños productores (y que además existe en la actualidad) sino que, además, condiciona el subsidio de dicha tasa a la capacidad adquisitiva del beneficiario: en términos sencillos, es necesario tener dinero para solicitar un préstamo.

Por otro lado, el proyecto establece que todos sus productos y desarrollos se sujetarán a la normatividad de propiedad intelectual, en busca de que privados e inversionistas tengan plena confianza de que se “respetarán” sus derechos de acuerdo con estándares internacionales. Sin embargo, tal como señala Luz Mery Panche Chocue, ponente de CENPAZ en la Audiencia Pública, el proyecto no contempla el derecho a la propiedad intelectual de las comunidades como patrimonio de la nación o la valoración de conocimientos ancestrales de indígenas, campesinos y afros como parte importante de los procesos de innovación agropecuaria. Observación que no viene a menos si se tiene en cuenta que han sido dichos saberes los que han salvaguardado territorios y ecosistemas amenazados con desaparecer, entre ellos, las selvas amazónicas. Defender la propiedad intelectual de privados e inversionistas, sin contemplar la protección y reproducción de los conocimientos étnicos y campesinos, asegura la desaparición progresiva de dichos saberes ante la maquinaria hegemónica de las patentes.

En el mismo sentido, el proyecto de ley busca articular los resultados de procesos investigativos con la asistencia técnica a los productores, con el fin de garantizar una actualización permanente de la misma. Entidades como el Sena, el Ministerio de Educación o las universidades y colegios con contenido agropecuario aparecen en los tres subsistemas del SNIA (de Investigación y Desarrollo Técnico Agropecuario, de Extensión Agropecuaria y de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria) y tendrían que acompañar al sector agropecuario de manera permanente.

Esto, sin embargo, no deja de ser un saludo a la bandera si se reconoce que, tal como lo señala Panche Chocue, no se trata simplemente de dar al Ministerio de Educación tareas de formación a productores, sino de rediseñar el modelo de educación vigente, construido para la guerra. Un nuevo modelo educativo en tiempos de paz, más que priorizar la tecnificación de procesos productivos para satisfacer el mercado, debe tener como pilar fundamental la protección de ecosistemas estratégicos como las selvas amazónicas y del pacífico, entre otros, que representan una “riqueza natural para todos los colombianos”.

CENPAZ respaldó la propuesta de Fensuagro sobre la urgencia de construir una universidad del campo como escenario para el intercambio de saberes ancestrales y culturales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con el fin de convertir dichos conocimientos en innovación tecnológica y permitir su transferencia entre las diferentes regiones del país.

El proyecto de ley, según CENPAZ, deja por fuera temas importantes para la implementación y que requieren de manera urgente procesos de innovación tecnológica, como la regulación y/o prohibición de semillas transgénicas, el uso de agroquímicos y sus precios en el territorio, entre otros. Para la Coordinación Étnica, el gobierno debe considerar la soberanía alimentaria y genética como un asunto de soberanía y seguridad nacional y avanzar hacia la construcción y consolidación de bancos de semillas tradicionales del pueblo colombiano; la innovación agropecuaria debería entenderse de manera integral, incluyendo conocimientos ancestrales, semillas nativas,  investigación, validación, encuentros e intercambios entre modos y técnicas de producción de campesinos, afrodescendiente e indígenas que, sin lugar a dudas, pueden aportar al conocimiento universal en materia agropecuaria.

Al respecto de este tema,  el Acuerdo de Paz (subpunto 1,3.3.2) establece como un criterio para la asistencia técnica “la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras, para que las comunidades -hombres y mujeres- puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios (…)” lineamientos generales que, como los otros aspectos mencionados, NO están incluidos en el proyecto de Ley promovido por el gobierno.

Pese a que el proyecto de ley contradice a varias luces lo acordado entre el gobierno nacional y las Farc-Ep, CENPAZ reiteró al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, su voluntad por acompañar el proyecto de innovación agropecuaria, con las críticas y ajustes que se expusieron y que puedan surgir en el camino. 

Hace falta, según la Coordinación Étnica, que se sienta la voluntad política del gobierno para contribuir, mediante las políticas públicas, a la resolución del problema de la tierra que originó la guerra colombiana.

Nota de la redacción: Como ha sido sistemático, este proyecto de ley tampoco incluye ninguna mención a las comunidades campesinas, desconociendo su condición se sujetos políticos y de derechos. ¿Para cuándo el reconocimiento de los y las campesinas?.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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1. CENPAZ es la instancia de participación de las comunidades étnicas del país, representadas en los pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueras e indígena. Se constituye como un  “movimiento étnico por la paz de Colombia que garantice la defensa y promoción de los derechos políticos, económico, culturales, ambientales y sociales de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianos raizales y palenqueras y que abogue por la defensa y la implementación de los acuerdos de la Habana y otros proceso del fin del conflicto social y armado para la construcción de la paz con justicia social” en los territorios.

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