¿Corte Constitucional promueve conflictos entre campesinos e indígenas?

Análisis
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Con la sentencia T-052/17, la Corte Constitucional ha perdido la oportunidad de resolver jurisprudencialmente la tensión territorial entre indígenas y campesinos, particularmente de la región del Catatumbo, pero que serviría como referencia para los conflictos interétnicos que tienen lugar a lo largo y ancho del país 

En Colombia existe un reconocimiento desigual entre los derechos de pueblos étnicos y los de comunidades campesinas, estas últimas históricamente desfavorecidas frente a las primeras. Los campesinos no aparecen en los censos, no son sujetos de reparación (ni individual, ni colectiva), no tienen tratamiento diferencial en salud, educación o vivienda y para acceder a cualquier beneficio del Estado tienen que acudir a su condición de víctima o su situación de desplazamiento. 

Sin embargo, para indígenas y pueblos afro la situación tampoco ha sido significativamente favorable pues, aun cuando hay reconocimiento jurídico sobre su calidad de sujetos culturalmente diferenciados, así como de su derecho a la territorialidad (resguardos y territorios colectivos), han tenido que luchar organizadamente por no ver desaparecer su cultura y territorio, ante la megaminería, los monocultivos o la amenaza paramilitar.

El Estado ha promovido, con el reconocimiento desigual y fragmentado, que las comunidades que coexisten en los mismos territorios generen pugnas por el acceso a la tierra y el ejercicio de la territorialidad. Son reconocidos los conflictos en el Cauca, la Serranía del Perijá y el mismo Catatumbo por haber transformado en una pelea a machete y flecha, entre indígenas y campesinos, lo que en la jurisprudencia es una falla en la ponderación de derechos. El conflicto entre estas comunidades pareciera ser impulsado desde algún escritorio en Bogotá. 

I. La tensión intercultural

La pugna entre el pueblo indígena Motilón Barí y los campesinos del Catatumbo es por el reconocimiento de sus figuras territoriales. Por su parte, el pueblo Barí ha solicitado la ampliación de sus resguardos en territorio que, aparentemente, también sería solicitado por los campesinos, representados por la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, para la constitución de la Zona de Reserva Campesina-ZRC. 

Sin embargo, la historia de la relación entre ASCAMCAT y ASOCBARI ( Organización que representa a las comunidades del pueblo Motilón Barí y que lidera el Consejo Autónomo de Caciques Bari) no inicia en los juzgados sino, precisamente, en el territorio. A propósito, quién hace la denuncia sobre la que la Corte ha fallado no es precisamente ASOCBARÍ, con quienes los campesinos han mantenido permanente interlocución sino una ONG llamada “Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí ÑATUBAIYABAR” y que, al momento de interponer la denuncia, contaba apenas con cerca de un año de creación.

Reconociendo la existencia de ambas comunidades en las tierras nortesantandereanas, en diciembre de 2012 y con la presencia de quien fuera en ese entonces Directora de Tierras del Incoder, Miriam Villegas, Ascamcat y el pueblo Barí concluyeron que la solicitud de ZRC no contravenía los intereses del pueblo indígena y, mientras se constituyera al margen derecho del río Catatumbo, la ZRC no afectaba a la comunidad Barí.

De esta forma, ASCAMCAT avanzó con la solicitud de constitución de la ZRC sin involucrar los territorios acordados con el pueblo Barí. Sin embargo, posteriormente, estos acuerdos fueron desconocidos por la comunidad Barí alegando que habían sido presionados para acceder a las intenciones de constitución de ZRC; presiones que, valga mencionar, no han sido especificadas y sobre las cuales no existe denuncia formal alguna. 

El 26 de junio de 2013, representantes del pueblo indígena Barí presentaron a la Comisión Nacional de Territorios una propuesta para el saneamiento y ampliación de resguardos y, pese a que la solicitud de ZRC del Catatumbo data del 2011 (aunque la idea surgió desde el año 2006, como una propuesta de la Defensoría del Pueblo ante el desplazamiento y las afectaciones de las que los campesinos de la región han sido víctimas) y a finales de 2012 se habían alcanzado los acuerdos ya mencionados, inició la pugna porque indígenas y campesinos solicitaran la consolidación de su figura territorial en la misma área geográfica.

Pese al conflicto jurídico que esta “pugna por el territorio” pudiera representar, lo cierto es que indígenas y campesinos llevan varios años trabajando conjuntamente por reconocer el territorio catatumbero y fortalecer lo que, de facto, son relaciones interétnicas de vieja data. La coexistencia de comunidades étnicas y campesinas en el territorio no sólo ha generado una mixtura cultural en territorios fronterizos entre el resguardo y lo que sería la ZRC, sino que ha permitido el surgimiento de redes comerciales, familiares y sociales para la permanencia en el territorio, una defensa conjunta de los derechos humanos y algunos acuerdos interculturales para la conservación del ambiente.

II. Las amenazas al territorio catatumbero

La misma sentencia de la Corte reconoce en los procesos jurídicos de ambas comunidades una narración común de lo que sí serían verdaderas amenazas para el territorio y que inician con las autorizaciones que (desde 1905) dio el Gobierno Nacional para adelantar actividades de exploración y explotación de petróleo en la zona que ambas comunidades reconocen como el hábitat natural del pueblo indígena Barí. 

“Señalan que todo el desarrollo de esa zona, incluyendo la construcción de campos petrolíferos, oleoductos, carreteras y el poblado de Tibú, se hizo a expensas de la destrucción de ese hábitat y el desplazamiento de la comunidad indígena, cuyo territorio fue progresivamente reducido hacia espacios cada vez más pequeños.” Los campesinos no fueron ajenos a esta problemática y, como producto del desplazamiento interno forzado, empezaron a colonizar zonas que antiguamente fueron pobladas por los indígenas; la arremetida paramilitar y la violencia de la que eran víctimas las comunidades campesinas fueron motivo de solidaridad por el pueblo Barí quienes, en los primeros años de colonización, acogieron a la población mestiza que llegaba a sus zonas.

En la actualidad, no sólo la explotación petrolera y carbonífera de la región amenazan el territorio catatumbero, sino también la erradicación forzada de los cultivos de coca (en detrimento de una forma de economía campesina y una expresión de la cosmogonía indígena), la constante violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, la incursión paramilitar que ocurrió luego de la salida de las FARC del territorio y los vestigios del EPL y el ELN que siguen en confrontación armada con el Estado. Indígenas y campesinos han señalado que la solicitud de constitución de sus figuras territoriales no pretende desconocer a las otras comunidades, sino servir de protección del territorio ante todas las amenazas que hay sobre el Catatumbo.

III. La sentencia

Toda esta situación es reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia T-052/17 en la que, incluso, se asegura que “el interés y los derechos de los pueblos indígenas han prevalecido totalmente sobre el interés de las comunidades campesinas” y que dicho interés no puede simplemente ser desestimado por “enfrentarse” con el interés de un grupo étnico con el que estas comunidades campesinas compartan el territorio. 

La Corte asegura que, ante estos casos de confluencia de múltiples intereses en una única zona, las autoridades “deben hallar fórmulas de armonización que permitan dar efectividad plena, o al menos la más alta posible, a los dos intereses en juego, pues ambos son objeto de especial protección constitucional.” 

Sin embargo, pese a la larga exposición de motivos, la mención de antiguas sentencias en las que la Corte reconoce la deuda que existe con el reconocimiento del campesinado y la referencia a la normatividad internacional que cobija a la población campesina (incluyendo el trámite que está surtiendo en las Naciones Unidas la Declaración de los derechos de los campesinos y las campesinas) la Corte ha tomado el camino fácil, reconociendo prioritariamente los derechos de los indígenas y supeditando a estos los derechos de las comunidades campesinas. Es la pérdida de una gran oportunidad para formular alternativas que reconozcan equitativamente a las comunidades rurales, víctimas del abandono estatal y que pueden ordenar sus territorios de manera conjunta.

La Corte ha ordenado que la Agencia Nacional de Tierras (antiguo Incoder) resuelva la solicitud de ampliación del resguardo en un plazo máximo de un año para, posteriormente, evaluar la posibilidad de la constitución de Zona de Reserva Campesina. En caso de que se haga evidente la necesidad de realizar consulta previa, no se puede tardar más de cuatro meses.

Al mismo tiempo, la Corte ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente que se realicen todos los “actos preparatorios” para la declaración de la ZRC, con el fin de que el trámite no sufra más dilación luego de la resolución de las aspiraciones indígenas. El Ministerio de Agricultura, además, deberá convocar y presidir una mesa consultiva con representantes de la comunidad Barí y ASCAMCAT, acompañados por la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC para “avanzar en la concertación de fórmulas de desarrollo alternativo para los territorios en los que conviven indígenas y campesinos, con miras a la efectiva y armónica protección de los intereses de ambas comunidades”

Pese a la oportunidad que representa la mesa consultiva, la sentencia de la Corte pone en vilo, un año más, la constitución de ZRC en el Catatumbo, solicitud que habría cumplido con el último requisito establecido por la norma (una audiencia pública) en el año 2012.

ASCAMCAT ha manifestado que acogerá la sentencia de la corte (aunque no la comparta plenamente) y la reconoce como una victoria conjunta para el pueblo Barí y la comunidad campesina, en tanto no es más que una oportunidad para seguir construyendo una “nueva territorialidad, hombro a hombro, campesinos e indígenas”. ASCAMCAT ha solicitado, por su parte, la instalación de una sala especial de seguimiento a dicha sentencia pues teme que, como ha sido la constante, se pierda en la tramitología o se desconozca arbitrariamente por algún funcionario.

Al parecer, las comunidades en los territorios continúan avanzando más rápidamente que la legislación que las cobija. 

Nota de la redacción: Nos preguntamos, a propósito, cuál es el papel que está jugando la Cumbre Agraria en la solución de los conflictos interétnicos e interculturales de las comunidades que representa y la invitamos a compartir con esta oficina de prensa cuáles son los avances y acumulados que existen al respecto.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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