Las y los prisioneros políticos frente a la jurisdicción especial para la paz

Presos Políticos
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Ponencia presentada por Gustavo Gallardo1 al “Primer Foro sobre Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia”, realizado en Florencia (Caquetá) el 22 de Julio de 2016.

Demonización del Opositor e Imposición del Derecho Penal del Enemigo

Con la globalización de la Doctrina de Seguridad Nacional y el concepto de Terrorismo, desde mediamos del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, así como con su reconfiguración en acciones de política exterior de intervencionismo disfrazadas como “acciones de defensa”, los Estados Neoliberales han desnaturalizado la complejidad de conductas inherentes al delito político para encasillarlas en tipos penales comunes, hasta llegar al punto de la intolerancia a cualquier intento de ruptura del orden nacional e internacional establecido, en estas lógicas cualquier forma de resistencia o rebelión ha sido objeto de la terrible calificación y juzgamiento de terrorismo o delincuencia común organizada, sin reconocimiento alguno de los objetivos políticos que las motivan.

En estas lógicas de globalización del terror, también se ha desarrollado en Colombia una guerra mediática (4ª generación), a través de la cual durante las últimas tres décadas a las y los colombianos se les ha arrebatado la paz, la verdad histórica y el libre desarrollo de la conciencia colectiva. De una parte, el Estado no ha asumido su responsabilidad en los crímenes que ha consumado contra la población y los gobiernos de turno han desdibujado las causas del conflicto social, político y armado, demonizando y quitándole el estatus político a su adversario. De otra parte, los medios masivos públicos y privados de comunicación han jugado un roll nocivo para la sociedad, ya que han estado atados al poder político y económico, auspiciando la confrontación, desinformando sobre la realidad social y política colombiana, invitando a la matanza, infundiendo el odio colectivo, legitimando gobiernos autoritarios y potenciando al paramilitarismo, razón por la cual el año pasado fueron acusados por el Tribunal Superior de Bogotá, en el cual los Honorables Magistrados concluyeron que (los medios (comunicación) fueron “complacientes” con el paramilitarismo, toda vez que publicaron extensas entrevistas con el máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño Gil, en las que el desaparecido fundador de las autodefensas habría publicitado su discurso antisubversivo)2.

El accionar estatal y la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación han inculcado en gran parte de la población tanto el discurso del odio como la banalización y la impunidad de los crímenes de Estado, ejemplo de ello se materializa en el mínimo rubor de la sociedad colombiana por las 5.700 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” consumados por el ejército colombiano, casos en los cuales 22 generales se encuentran vinculados a investigación penal por órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Pero contrario sensu, frente al adversario político del Estado, como es el caso de los insurgentes, se ha llegado al punto de naturalizar los crímenes más aberrantes contra ellos consumados como el asesinato en condiciones de indefensión, las torturas, la muerte lenta y la prisión perpetua y tortuosa, como respuesta a la anulación de la condición humana auspiciada por la institucionalidad.

Estos fenómenos también se han visto reflejados en las transformaciones de la tradición jurídica colombiana, en el sentido que se ha desnaturalizado el concepto del delito político (Sentencia C-456-97) y se ha omitido el reconocimiento del derecho a la rebelión recogido por el bloque de constitucionalidad (Art. 94 CN), priorizando el trato peligrosista y la aplicación del derecho penal de enemigo contra las y los opositores políticos, ya sean alzados en armas o civiles; situación que ha fragmentado el juzgamiento del accionar rebelde en multiplicidad de conductas delictivas catalogadas como comunes y peligrosas que limitan la posibilidad de la concesión de beneficios como las amnistías e indulto; todo ello basado en la aplicación tirana del populismo punitivo o lo que lo mismo un verdadero sistema de “Terrorismo Judicial”3 .

Situación de las y los Prisioneros Políticos

La condición o status de prisioneros/as políticos/as la tienen quienes son privados/as de la libertad por un Estado que les considera su enemigo. Es por ello que conforme a la experiencia colombiana identificamos como prisioneros/as políticos/astanto a civiles como a combatientes insurgentes en las siguientes categorías:

1. Prisioneros políticos de Guerra: opositores políticos alzados en armas.

2. Prisioneros políticos de conciencia: opositores políticos o pensadores críticos no alzados en armas o ciudadanos que han ejercido la protesta social y por ello han sido acusados judicializados.

3. Prisioneros políticos victimas de montaje judicial – falsos positivos judiciales: pobladores de zonas afectadas por la guerra acusados de pertenecer a la guerrilla.

Como dato histórico hay que resaltar que el primer prisionero político en el país fue Antonio Nariño, encarcelado en 1794 por traducir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, prueba que la represión estatal se ha extendido tanto al oponente armado como a discrepante no armado, para quienes se guardaba desde la pena de muerte hasta la prisión por 2 años y el destierro.

Durante el siglo XIX la práctica de las detenciones masivas y arbitrarias fue una constante y las prisiones se caracterizaron por estar habitadas de prisioneros políticos que contaron con 3 Whanda Fernández León, Populismo punitivo, http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Penal/noti- 121030-01-populismo-punitivo. la solidaridad constante de los obreros de la fábrica de Bavaria, ya que sin ninguna garantía del debido proceso eran sometidos a la ejecución inmediata, la aplicación de la ley de fuga o la ejecución publica con fines de escarmiento, entre otros actos de violencia estatal, por ello la consigna de los presos comunes era “no me maltrate, soy un prisionero político”.

Esta situación de violencia, radicalizo el apoyo de la sociedad hacia los prisioneros políticos que incluso se vio reflejada hasta en apoyo a fugas como la del 23 de octubre de 1900, donde los obreros de Bavaria fingieron una riña al lado del panóptico para distraer a los guardias y facilitar la fuga de 56 prisioneros.

Para 1984 existían 30.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 300 eran prisioneros políticos, y a partir del primer periodo de Álvaro Uribe (2002-2006) esta cifra se incrementó a 6.332, ello producto de la práctica sistemática de detenciones masivas y arbitrarias realizadas por el ejército y la policía a nivel nacional y promovidas por el primer mandatario. A pesar que la modalidad masiva cambió, las detenciones arbitrarias se han seguido perpetuando, estimando la existencia de alrededor de 9.000 personas privadas de la libertad por motivos políticos, frente a las cuales el Estado ha reconocido alrededor de 3.000 asociadas al alzamiento en armas.

Así como el conflicto social, económico, político y armado en nuestro país, la existencia de prisioneras y prisioneros políticos ha sido negada durante décadas, especialmente en los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe. Sin embargo, en el entendido que las prisioneras y prisioneros políticos son consecuencia del conflicto, durante el gobierno de Juan Manuel Santos ha habido avances significativos que abren luces para resolver la situación de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, tal como lo enuncia el ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO que se discute en la Habana entre las FARC -EP y el gobierno colombiano.

Es importante resaltar que además de la negación de su status político, las y los prisioneros políticos han padecido y padecen diferentes tipos de victimización, desde el momento mismo de la captura, durante el sometimiento a un proceso penal y en desarrollo del tratamiento penitenciario y carcelario, donde tanto la dignidad humana como los Derechos Humanos les son anulados, tales como:

1. El sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en desarrollo de la captura con fines de confesión, delación y/o aceptación de cargos.

2. Aplicación del derecho penal de enemigo, tratamiento de terroristas abuso de la detención preventiva, sometimiento a la justicia especializada con fines de alargar el tiempo de reclusión, el sometimiento a regímenes de alta seguridad, obstrucción al acceso al derecho a la libertad por pena cumplida, cadenas perpetuas y penas de muerte de facto y hasta la extradición.

3. Sometimiento a tratamiento penitenciario y carcelario tortuoso con fines de abdicación de sus ideales, que va desde la violación a la integridad física hasta el estigma, distanciamiento familiar, obstrucción de visitas, aislamientos, traslados arbitrarios, negligencia medida y/o por omisión de atención médica en heridos de guerra y enfermos terminales.

Expectativas de los Acuerdos de La Habana y la JEP

Para que los diálogos de Paz con las FARC- EP y los futuros con el ELN sean exitosos, y el pueblo colombiano vislumbre la reconciliación y la Paz estable y duradera, deben existir verdaderas garantías para los opositores políticos y que el nuevo Estado del pos acuerdo empiece con apartarse del sesgo de la prisión como única herramienta y solución a los problemas sociales.

La liberación de las y los prisioneros políticos es un gesto que ayuda a afianzar las confianzas entre los actores que buscan el cese de la confrontación armada, pero así mismo, es una forma de reparación de los daños que se les ha ocasionados a las miles de personas privadas de la libertad por motivos políticos, daños que por supuesto excedieron el derecho de castigar del Estado y que no pueden quedar en la impunidad. Entonces, frente a los avances en La Habana se hace necesario comprender que en ejercicio de la soberanía como pueblo podemos aplicar los instrumentos para conciliar la Paz, que sin lugar a dudas deben incluir la liberación de las y los prisioneros políticos procesados o condenados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP, sin trampas jurídicas ni manipulaciones aferradas a supuestos obstáculos frente al reconocimiento del delito político y la criminalización tanto de la protesta social como de la pobreza.

Al respecto, las organizaciones que nos articulamos en la Coalición Larga Vida a las Mariposas consideramos que el deber ser del punto 3.3 del Acuerdo General de La Habana y el acuerdo de victimas que incorpora el componente de Justicia o la Jurisdicción Especial Para la Paz –JEP-, conlleve a que antes, durante y posterior a la firma del acuerdo final sean abiertas las puertas de las prisiones para todas las personas procesados o condenados por pertenecer o colaborar con las FARC-EP, sin que ello implique condicionamientos de aceptación de responsabilidad, pues es bien sabido en el país muchas personas han sido víctimas de montajes judiciales y no deben ser excluidas de oportunidad alguna de recuperar su libertad.

Nuestra petición permanente a la Mesa de la Habana es que, sin distinción por situación jurídica ni grado de responsabilidad frente a los procesos o condenas, se proceda a favorecer con el cese de la acción penal, la amnistía o el indulto de las y los prisioneros políticos que se postulen en relación con los acuerdos.

De igual manera, se debe proceder a que la JEP, investigue y sancione a los agentes del Estado responsables de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra las y los prisioneros políticos, en el marco de su captura y tiempo de reclusión, los cuales en la actualidad gozan de impunidad generalizada.

En consecuencia, como acción previa a las liberaciones, es urgente avanzar en la asignación de los Patios Especiales anunciados desde noviembre de 2015, bajo los mismos criterios incluyentes, en los cuales se erradique el tratamiento de enemigo interno, se permita a las y los prisioneros políticos prepararse para la vida en libertad y tomar las decisiones más relevantes en el momento actual de sus vidas, que van desde postularse a beneficios que se deriven de los acuerdos y hasta manifestar su voluntad de trabajar para la Paz.

Es determinante que a las organizaciones de derechos humanos que nos dedicamos al acompañamiento y la atención integral de las y los prisioneros políticos se nos garantice el pleno ejercicio de nuestra labor, que en la actual coyuntura requiere de la eliminación de los obstáculos para la verificación y documentación de la situación jurídica de quienes manifiesten libremente su estatus de prisioneras y prisioneros perseguidos judicialmente con cargos atribuidos a las FARC-EP.

¡Seguimos forjando condiciones dignas y caminos de libertad para las y los prisioneros políticos colombianos!

 

Florencia, Caquetá, Julio 22 de 2016.

@Ggallardo12 - @FLazosDignidad

 

www.fundacionlazosdedignidad.org

 

 


1. Abogado; Presidente de la Fundación Lazos de Dignidad - ONG Defensora de DDHH integrante de la Coalición Larga Vida a las Mariposas y la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Victimas de la Prisión Política; miembro de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

2. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fallo-acusa-medios-de-haber-sido-complacientes-auc-articulo-525339

 

 

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