Amnistía, crucial “pendiente” en la implementación del acuerdo de paz

Paz
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A pesar de ser uno de los primeros pactos de La Habana en ser puesto en marcha, su aplicación y reglamentación aún no se completa a cabalidad

 

Una amplia amnistía, uno de los puntos cruciales del acuerdo de La Habana, y en general en todo proceso de paz, sigue sin ser implementada y regulada a cabalidad en el proceso con las FARC.

 

A siete meses de expedición de la Ley de Amnistía, esta sigue teniendo pendiente su revisión en la Corte Constitucional, a la vez que espera ser implementada a cabalidad por la rama judicial.

 

Mientras las FARC culminaron ya la dejación de armas, y la Misión de la ONU inicia la extracción de los contenedores donde aquellas fueron depositadas, la amnistía marcha a paso de tortuga en los despachos de los funcionarios del Estado colombiano.

 

Según un corte de cuentas en julio pasado, apenas un poco más de la mitad de los reclusos de las FARC habían recuperado su libertad. Y unos 1.600 (aproximadamente) siguen esperando el trámite de las excarcelaciones del acuerdo de paz.

 

Con motivaciones kafkianas como la de certificar la pertenencia a las FARC (una de las razones por las que fueron encarcelados), funcionarios del Ejecutivo o jueces de la República han dilatado la liberación de cientos de personas que se aprestan para reincorporarse a la civilidad.

 

También se ha denunciado el saboteo de algunos jueces, que con motivaciones políticas se han negado a cumplir un mandato legal. No han bastado una ley de la República, dos decretos reglamentarios y una huelga de hambre para que la amnistía se aplique. Por eso se convierte en una de las grandes deudas de todo el conjunto del Estado colombiano, pues el cumplimiento del acuerdo de paz compromete a todos los poderes públicos.

 

Audiencia en la corte

 

De otra parte, la Ley de Amnistía, expedida en diciembre del 2016, sigue teniendo pendiente su revisión de constitucionalidad, pues los magistrados de la Corte Constitucional decidieron que su estudio debía ir en conjunto con el de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

En ese trámite, se programó este 2 de agosto una audiencia pública donde fueron citados altos funcionarios, académicos y miembros de organizaciones interesadas en el tema para que dieran su concepto sobre esta ley, crucial en el acuerdo de paz.

 

Así las cosas, mientras las FARC se aprestan a dar el paso definitivo hacia la vida política legal (el próximo primero de septiembre, cuando presenten su nuevo partido), la burocracia estatal aún da trámite a una norma que debía estar en firme desde un principio y materializada íntegramente tras varios meses de implementación.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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