Todo lo que debe saber sobre el nuevo régimen de tierras en Colombia

Paz
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Con el Decreto 902 de 2017 se cierra una primera discusión en el tema de tierras, luego de lo acordado en La Habana. La conciliación de las visiones de país de gobierno y Farc continuará en el Congreso y, con seguridad, estará varios años más en la discusión pública.   

La discusión entre el gobierno y las Farc fue un verdadero tire y afloje en el tema de tierras. No en vano, se abordó como primer punto y, además, fue el que más tiempo tomó para alcanzar un acuerdo en la negociación de La Habana; depurar uno de los temas más conflictivos, implicaba un esfuerzo por confiar, reconocer y respetar el acumulado político de cada parte. 

Sin embargo, pese a que todo arrojaba que la negociación había terminado con la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, la etapa del fast track demostró lo contrario. Un nuevo tire y afloje, ahora a costa de la interpretación que cada una de las partes le daba al Acuerdo, hizo que la negociación continuara en la CSIVI y en el Congreso. 

Las facultades extraordinarias que se asignaron al presidente, según el Acto Legislativo 01 de 2016, para expedir decretos con fuerza de ley que permitieran la implementación del Acuerdo de Paz, finalizaron el 31 de mayo. Por ello, el 29, dos días antes de que se cumpliera el plazo, presidencia entregó al país un paquete de 34 decretos con dicha finalidad.

El Decreto 902 de 2017, “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras" es uno de los 34 adelantos normativos que el presidente Santos firmó, haciendo uso de sus facultades extraordinarias.

Con 82 artículos, el Decreto 902, regula lo que tiene que ver con acceso, formalización y seguridad jurídica de la tierra. Temas pendientes en la política pública y que guardan sintonía con lo pactado en La Habana.

 

¿Quiénes se benefician con la implementación de la Reforma Rural Integral? 

Uno de los objetivos del Decreto 902 es avanzar en la adjudicación y titulación de tierras a quienes no las tengan o las tengan en cantidades insuficientes. Así, como sujetos de acceso a tierra y formalización de la misma, el articulado contempla:

1. Campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras, pueblos y comunidades éticas, así como organizaciones cooperativas y asociaciones con vocación agraria. Estos serán beneficiarios, a título gratuito, en los casos en los que no tengan tierra o la tengan en cantidad insuficiente. 

Priorizando a víctimas, mujeres y población desplazada y aquellos, los beneficiarios deberán demostrar poseer un patrimonio neto menor a 250 mínimos mensuales legales, no poseer tierras, poseerlas en cantidad insuficiente o sin aptitud para proyectos productivos. Así mismo, dentro de estos beneficiarios se tendrán en cuenta aquellos que hayan sido despojados de su predio y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras, según la Ley 1448 de 2011.

Se priorizará también, la adjudicación de aquellos predios que tengan como objetivo la protección del medio ambiente, la sustitución de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de la producción alimentaria.

2. Como beneficiarios, a título parcialmente gratuito, se considerarán a los mismos sujetos contemplados en la titulación gratuita, pero que se diferencien de estos por tener un patrimonio neto entre 250 y 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el mismo sentido, serán considerados sujetos de adjudicación a título oneroso (es decir, con un pago a cambio) aquellos que reporten un patrimonio neto mayor a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los predios adjudicados, en el marco del Decreto 902, tendrán el carácter de inembargable, inalienable e imprescriptible por un periodo de siete años (los territorios étnicos lo mantendrán, según la legislación vigente). Durante este tiempo, ninguna transacción comercial se podrá realizar con dichos predios, sin autorización de la Agencia Nacional de Tierras-ANT y su usó deberán incluir el trabajo con el proyecto productivo asignado, luego de la adjudicación.

A las organizaciones campesinas o asociaciones de economía solidaria, también podrán adjudicarse predios en común y proindiviso a favor de múltiples personas o núcleos familiares que cumplan con las características previamente mencionadas.

 

¿Quién decide a quién adjudicar los predios?

El decreto 902 crea el Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO como la herramienta que se utilizará para registrar, ordenar y priorizar a los beneficiarios de la adjudicación y titulación de predios. 

El RESO será administrado por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de ANT y se construirá, en un primer momento, combinando las bases de datos de registros administrativos como el SISBEN, el Registro Único de Víctimas, y el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RUPTA, así como las bases de datos que se hayan construido en el INCORA, la UNAT, el INCODER y la ANT y que resulten pertinentes para el objetivo del RESO. Posteriormente, se ampliará con otros registrantes e incluirá un módulo étnico.

Este Registro asignará una puntuación preferencial a sujetos con necesidades básicas insatisfechas, mujeres campesinas, víctimas, campesinos al interior de reservas naturales o territorios étnicos, hogares en los que existan sujetos de protección o en el que haya madres cabezas de familia, así como a quienes pertenezcan a organizaciones campesinas y aquellos que demuestren residencia, actual o previa, en la región en la que se adjudique el predio.

Quienes mientan o incluyan en alguna falta al momento de inscribirse en el RESO, serán excluidos del mismo de manera inmediata y por un periodo de 10 años.

El RESO también se utilizará para adjudicar los predios pertenecientes al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, pero no se limitará a ellos.

 

El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral

El Acuerdo Final, en su numeral 1.1.1, establece la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, con el propósito de “lograr la democratización del acceso a la tierra de manera especial a los campesinos o campesinas sin tierra o con tierra insuficiente; y de las comunidades rurales más afectadas”.

El Fondo creado en el Decreto 092, se trata de un fondo especial que “operará como una cuenta, sin personería jurídica”, pero integrado por dos subcuentas: la primera de ellas destinada para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales y, la segunda, para dotación a comunidades étnicas.

La subcuenta campesina contará con predios conseguidos mediante extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, expropiación o recuperación de baldíos indebidamente ocupados, entre otros. La subcuenta étnica, además de los predios que legalmente ya se priorizan para comunidades indígenas y afros, tendrá en cuenta las diferentes aspiraciones territoriales que haya sobre las tierras a adjudicar, con el fin de no profundizar conflictos territoriales entre pueblos étnicos y campesinos.

Los recursos con los que funcionará el Fondo, además de los que la Nación asigne para él, provendrán de programas de asignación de subsidio integral de reforma agraria (según la Ley 160), el ingreso que la ANT perciba por enajenación de bienes, el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión -FDREI, conforme a lo establecido por la Ley 1776 de 2016 para la adquisición de tierras por fuera de las ZIDRES, entre otros.

Esta inversión, de acuerdo a la exposición de motivos del decreto, se considera un “presupuesto necesario para comenzar el trámite que busca la disminución de la brecha existente entre el campo y la ciudad, así como para atender a la deuda histórica con los campesinos y campesinas, y trabajadores y trabajadoras agrarios.”

 

Tierra… ¿sin proyectos productivos?

El decreto contempla una articulación entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural-ADR con el fin de que las tierras, adjudicadas o formalizadas, estén acompañadas por proyectos productivos sostenibles social, ambientalmente y que cuenten con asistencia técnica. Esto, con el fin de garantizar, luego del acceso a la tierra, la permanencia en el territorio de los beneficiarios.

Estos proyectos productivos corresponderán, en los territorios en los que existan, a los formulados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, creados el 28 de mayo por el Decreto 893, y en los Planes de Desarrollo Sostenible-PDS de las Zonas de Reserva Campesina; en los Resguardos Indígenas, se ceñirán a los Planes de Vida de dichas comunidades.

En los demás casos, los proyectos productivos se definirán de acuerdo a los lineamientos y criterios técnicos que realice la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA sobre cada predio. Las actividades adelantadas por las mujeres, bajo la denominación de economía del cuidado, también serán consideradas como proyectos productivos.

Esta convergencia ANT-ADR también contempla la creación del Subsidio Integral de Acceso a Tierra, SIAT, como un aporte estatal no reembolsable que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra o del proyecto productivo.  

 

¿Qué tierras se adjudicarán?

El Decreto 902 contempla dos procesos generales: La adjudicación y la formalización. El primero trata de la entrega de los baldíos de la Nación a aquellos que no tienen tierra y, el segundo, de la formalización de la propiedad de la tierra a aquellos que la han ocupado históricamente pero que no tienen ningún documento legal que soporte su propiedad. 

La ANT surtirá un proceso de individualización e identificación precisa de cada predio, dando cuenta de la cabida, linderos y ubicación para alimentar el Catastro Multipropósito. Esta herramienta será la que permitirá conocer el estado de cada “trozo” de tierra que existe en el país, con el fin de clarificar a quién pertenece y cuál es el uso adecuado que debe dársele.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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