Esta es la oportunidad de desconcentrar la tierra en Colombia

Paz
Typography

Los pasados 5, 6 y 7 de julio tuvo lugar el II Encuentro Nacional Común Acuerdo, cuyo objetivo fue realizar un balance de la implementación del acuerdo de paz y avanzar hacia la construcción de una agenda ciudadana nacional de paz. 

Yenly Méndez, directora del Centro de Estudios para la Paz (Cespaz), presentó el balance de la primera etapa de la implementación, dedicada a la construcción normativa para el trámite legislativo vía “fast track”,  del punto 1 sobre Reforma Rural Integral. Cespaz es un organismo liderado por el profesor Darío Fajardo y hace las veces de equipo técnico de las Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

En su exposición, Méndez explicó que el acuerdo de paz es una herramienta transformadora de la realidad de los habitantes del campo, por lo que su implementación debe ser de facto, a partir de las experiencias y los ejemplos demostrativos que las comunidades realicen en el territorio, más allá de lo consignado en las normas. Debido a ello, aun cuando el proceso de paz se ha posicionado en el mundo como un referente de resolución estructural de conflictos, no debe sorprender que, en torno a la implementación del acuerdo, aparezcan todo tipo de intereses y tensiones.

Así las cosas, el equipo técnico de las Farc en la CSIVI presentó un balance tan favorecedor como de alerta. Y, pese a que convoca a una defensa acérrima del acuerdo, también enfatiza en que en él no se agota la agenda política y reivindicativa del movimiento social.

Yenly Méndez asegura que la negociación con el gobierno no fue sencilla. Como CSIVI “decimos ‘sin amague’ que la pretensión del gobierno era la de mantener las condiciones que garantizan la persistencia de los patrones concentradores de la tierra (...) hay, además, una urgencia por desconocer la participación de las comunidades. Se trata de una institucionalidad con una fuerte resistencia a la participación comunitaria”

El desconocimiento que el gobierno le dio, no sólo a las comunidades sino además a la instancia de la CSIVI, fue evidente en el trámite “manoseado” que se hizo del llamado Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Este proyecto de Ley que el Ministerio de Agricultura presentó al país, desconociendo el trámite acordado en la CSIVI, fue, según Méndez, uno de los intentos del gobierno para desempolvar iniciativas propias que no había podido posicionar, pero que estaban lejos de representar la naturaleza del acuerdo.

Y es que no sólo la CSIVI-Farc o las organizaciones de izquierda manifestaron su oposición al proyecto de Ley del Gobierno. Lo hicieron también los gremios y los grandes latifundistas  que sintieron amenazada la propiedad privada. Adicionalmente, la comisión de expertos integrada por académicos de las Universidades de los Andes, el Externado y la Eafit (que se constituyó con el fin de orientar las reformas normativas del tema de tierras luego de la victoria del No en el plebiscito), señaló que el proyecto de Ley excedía lo contenido en el acuerdo con las Farc.

La comisión, además, mostró su preocupación porque la propuesta del gobierno afectaba los derechos de pequeños, medianos y grandes propietarios. Se trataba de un proyecto de ley que parecía no beneficiar a nadie, pero que el gobierno insistía en refrendar a toda costa.

Finalmente, Gobierno y Farc coincidieron en el texto del Decreto 902 como primer instrumento normativo para la implementación de la Reforma Rural Integral, el cual crea el Fondo de Tierras y delimita los mecanismos para hacerse beneficiario/a del mismo. El reto ahora, según Méndez, consiste en que lo refrendado no se convierta en “letra muerta” ni ocurra lo mismo que con la Ley 160 de 1994, de cuyo contenido, más de 20 años después, aún hace falta reglamentación.

Con la firma presidencial del decreto, quienes empiezan a jugar un papel protagónico en la implementación de lo acordado son las comunidades en los territorios. La directora de Cespaz afirma que “el gobierno aún no tiene clara la forma como va a implementar el Acuerdo en el territorio; sigue habiendo una práctica excesivamente centralista y en las regiones, en el mejor de los casos, se ha limitado a “informar” la nueva normatividad”. Así las cosas, en tanto la implementación es responsabilidad y de obligatoriedad para el gobierno, este es el momento en el que  todos los miembros de la vida civil deben buscar y generar puntos de acuerdo e interlocución con la institucionalidad para impulsar el Acuerdo.

Es necesario hacer uso de los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional y reforzados por el Acuerdo, como las veedurías ciudadanas, los presupuestos participativos, etc pero, además, Méndez sugiere potenciar y reproducir experiencias que ya están en curso y que, enmarcadas en la implementación, refuerzan y legitiman el acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de las experiencias de autoprotección en el territorio (guardias campesinas) o de los Comités Territoriales de Tierras que, desde el nivel veredal, pueden resolver y avanzar en las aspiraciones y solicitudes del Fondo de Tierras.

 

La CSIVI-Farc considera que se trata de “ la oportunidad de desconcentrar la tierra, de construir de abajo hacia arriba una redistribución equitativa de la tierra en el país”, por lo que, antes de asumir una postura negativista e inmovilizadora, la defensa del acuerdo debe hacerse de manera activa y no meramente retórica; “construyendo sobre lo construído”.

Así, el reto que supone articular desde las comunidades, con la institucionalidad (en muchos casos por primera vez en la historia) no será exitoso si no se tiene como principio de actuación el reconocimiento pleno de todos los actores del territorio: en su condición de sujetos políticos y sociales, todos igual de indispensables para la implementación.

Sin embargo, pese a que el equipo técnico de la CSIVI-Farc, en cabeza de Yenly Méndez, convocó a la defensa del acuerdo, su balance también dejó como precedente algunas críticas contundentes a lo construído en el decreto 902. Por un lado, Méndez criticó la persistencia en la defensa del derecho a la propiedad pues considera que éste jamás estuvo en duda. Adicionalmente, la sujeción a la regla fiscal aparece como otro elemento amenazante pues “se está sujetando la alimentación del Fondo de Tierras al pago de servicios y empréstitos, algo que también ocurre con el Marco General del Acuerdo y que desdibuja la obligatoriedad que tiene el Estado con la implementación”. 

Finalmente, Méndez dejó constancia de la preocupación que tiene la CSIVI-Farc con el hecho de que haya quedado sin una reglamentación clara el tema de acceso a subsidios y créditos, situación que abre la puerta a malversaciones como las acontecidas con Agro Ingreso Seguro.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement