Esto es lo que proponen las Farc para la implementación del punto de tierras

Paz
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Luego del rechazo generalizado que despertó la propuesta gubernamental para la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz y que llevaba como título “Decreto Ley Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, las Farc-Ep han presentado su propuesta normativa para el mismo punto llamada “Decreto Ley para la Democratización del acceso y uso adecuado de las tierras”.

Aun cuando existe una instancia definida para la conciliación de los instrumentos normativos que dieran vida al Acuerdo de Paz (La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación – CSIVI), que existan dos propuestas fundamentalmente opuestas da cuenta de que la confrontación de intereses entre las partes no terminó en la Mesa de La Habana.

La propuesta de las Farc, en caso de aprobarse, saldaría muchas de las deudas históricas que tiene el Estado colombiano con los habitantes del campo pues el objetivo que reza en el articulado es el de “establecer las normas que contribuyan a la Reforma Rural Integral del país, democratizando el acceso a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y en especial a las mujeres rurales, de las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, a través de la regularización, adjudicación y formalización de los derechos sobre la misma, el ordenamiento y zonificación ambiental, el cierre de la frontera agrícola, la promoción de la economía campesina, el apoyo a la producción de alimentos y la protección de las zonas de protección ambiental a través de zonas de reserva campesina.”

Se trata de una Decreto Ley que tiene como principios la transformación estructural, el desarrollo integral del campo, el bienestar y buen vivir de las comunidades, la igualdad y enfoque de género, la promoción de la economía campesina y la garantía del derecho a la alimentación. Además, es probablemente la única iniciativa de ley que hace efectivo un reconocimiento integral del campesinado como sujeto político y de reforma agraria.

En cuanto a la institucionalidad que haría posible la implementación del Punto Uno, el proyecto de Ley recoge lo establecido en el Acuerdo de la Habana y, en caso de ser aprobado en el fast track, crearía el Sistema Nacional para la Reforma Rural Integral (SNRRI) y la Unidad Administrativa Especial de Reforma Rural Integral -UAERRI- que, por un término de quince años, tendría la misión de adelantar todos los procesos relacionados con la ejecución de las políticas de acceso a la tierra y de formalización del Punto 1.1del Acuerdo de Paz.

La tierra que se le adjudicaría a campesinos y comunidades étnicas sin tierra o con tierra insuficiente (esto es menos de la Unidad Agrícola Familiar -UAF establecida para cada territorio) sería la contenida en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral que dispondrá de una base de 3 millones de hectáreas, durante sus primeros doce años, con potencial y aptitud productiva campesina.

En la adjudicación de tierras, según el Decreto Ley que proponen las Farc, se dará un trato especial y preferencial a las víctimas, los beneficiarios de la Restitución De Tierras, aquellos solicitantes que demuestren pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario, las mujeres campesinas y los pobladores urbanos en condiciones de pobreza con vocación agropecuaria. En todos los casos, la selección de beneficiarios y la adjudicación de predios involucran a las comunidades desde el nivel veredal, con un acompañamiento y participación permanente del gobierno central y regional. 

Adicionalmente, pese a toda la especulación que se ha dado en torno al tema, la expropiación de predios sólo podría efectuarse en los casos en que no se llegue a un acuerdo con el propietario y, además, si se demuestra que es un caso de acumulación que viola la función social y ecológica de la tierra. La tal amenaza a la propiedad privada, no existe en la propuesta de las Farc.

No se permitirá, eso sí, que mediante contratos u otras figuras asociativas se pretenda se pretenda acumular extensiones de tierra adjudicadas con fines de reforma agraria o reforma rural integral. Casos de acumulación de tierra de manera “legal” pero producto del despojo, no se repetirían. 

Sobre la asistencia técnica  (uno de los puntos más controversiales del proyecto de Ley del Sistema Nacional Agropecuario),  el “Decreto Ley para la Democratización del acceso y uso adecuado de las tierras” no sólo involucra a la academia tradicional sino que, además, incluye el intercambio campesino a campesino, fortaleciendo tanto la organización campesina como su conocimiento y saber cultural. Este, entre otros temas ya mencionados, hace parte del reconocimiento integral que hacen las Farc de los sujetos campesinos, entendiendo que su dimensión política, cultural y económica es de especial protección (algo que ya había dicho la Corte Constitucional un tiempo atrás)

La garantía para la permanencia en el territorio y el aprovechamiento productivo de los predios por parte de los sujetos de reforma agraria incluye que, en los casos en los que se otorguen créditos para compra de tierras (por ejemplo, si el predio que se tiene previamente es inferior a la UAF del territorio) el crédito será libre de interés y su actualización se limitará a la corrección monetaria. La propuesta de las Farc evitaría que los campesinos adquirieran deudas imposibles de pagar.

Por ahora, la discusión sobre la implementación del Punto 1 del Acuerdo, que muchos han calificado como la columna vertebral del proceso de paz, continúa abierta. La CSIVI tendrá que encontrar un mecanismo que permita democratizar la tierra, con la legitimidad suficiente para que los grandes acumuladores de tierras no continúen arremetiendo contra los reclamantes despojados y desplazados de sus territorios.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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