Opinión: Proyecto de Ley de Tierras, golpe bajo a los acuerdos de paz

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El proyecto permitirá dar baldíos a personas sin los requisitos de vulnerabilidad y pobreza, revive la aparcería y reedita la propuesta de los “derechos reales de superficie”, con lo cual se legalizará el despojo violento de los predios y se abrirá paso a la extranjerización del uso del suelo.

Reconocido es, por propios y extraños, que el origen del conflicto social armado en Colombia, así como su solución, pasan necesariamente por reconocer y resolver el histórico conflicto sobre la tenencia de la tierra en nuestro país; de allí que la propuesta presentada por el gobierno Santos, “Proyecto de Ley para el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, que mejor deberíamos llamar “El Carimagua de Santos”, se convierte en un “golpe bajo” a los acuerdos de paz de La Habana.

El proyecto que el Gobierno viene socializando, o mejor: presentando de forma engañosa a las comunidades rurales en una maratón de seminarios por varias regiones del país, permitirá entregar baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, revive el viejo modelo de la aparcería y reedita la nefasta propuesta de los llamados “derechos reales de superficie”, con lo cual se legalizará el despojo violento de los predios y se abrirá paso a la extranjerización del uso del suelo por empresas transnacionales, a quienes campesinos empobrecidos por el modelo de desarrollo rural tendrán que alquilar sus tierras.

Esta propuesta retardataria, y a todas luces contraria al espíritu de reconciliación y justicia social de los acuerdos, debe ser frenada de manera inmediata por las organizaciones rurales en primer lugar, y por el movimiento popular en general. La primera acción debe ser ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, es decir: a los representantes de las FARC-EP, el alto comisionado para la Paz, el ministro del Interior y el consejero para el Posconflicto, encargados de revisar que las propuestas legislativas para el posconflicto se ajusten y respeten el marco del acuerdo final.

La segunda y más contundente acción debe ser enfrentar con la movilización social las pretensiones del Gobierno de burlar una vez más al campesinado, desviando el sentido de la implementación de los acuerdos, favoreciendo, como ha sido costumbre del régimen, los intereses del latifundismo y del capital transnacional. 

 

Por Húbert Ballesteros

Dirigente campesino de Fensuagro y de la Marcha Patriótica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. 

 

Nota en contexto: http://radiomacondo.fm/2017/05/08/opinion-proyecto-ley-tierras-golpe-los-acuerdos-paz/

 

 

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