Las bases para garantizar la protesta social

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Por: Marcela Osorio granados

La Comisión Nacional de Diálogo definió los lineamientos para un proyecto de ley con el que se buscará dar garantías a la participación y movilización ciudadana.

Mucho se dijo durante los diálogos de paz con las Farc en La Habana sobre que uno de los ejes centrales de la negociación era la búsqueda de mecanismos para una ampliación democrática que no sólo permitiera el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político -con garantías suficientes-, sino que además fortaleciera las organizaciones y movimientos sociales, y robusteciera los espacios de participación ciudadana.

Por eso, en el Acuerdo Final de Paz, quedó establecido que el Gobierno no sólo presentaría un proyecto de ley para permitir el tránsito de las Farc a la política, sino también uno que estableciera garantías y promocionara la participación ciudadana. Y habiendo casi concluido el primer trámite, ya comienza a trabajarse en el segundo.

Fue por eso que la semana pasada delegados del Gobierno y los 24 representantes de la Comisión Nacional de Diálogo se reunieron para definir la hoja de ruta de lo que sería la ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales y la protesta social. Las jornadas de trabajo dieron como resultado un documento final de 66 páginas, que contiene los lineamientos generales sobre los cuales el Gobierno construirá el proyecto para presentarlo a consideración del Legislativo, tal y como quedó consignado en el acuerdo de La Habana.

El texto recoge las propuestas que fueron formuladas y discutidas en espacios de participación de carácter nacional (seis foros regionales, un foro nacional y una consulta en línea) que reunieron a 2.209 líderes de los 32 departamentos del país.

El principio rector de los lineamientos se basa en la idea de que la ley de garantías debe amparar tanto a los movimientos como a los espacios de expresión y participación. “Lo que hicimos fue establecer una serie de principios claves y parten de la idea de que en Colombia se ha visto como algo negativo la existencia de organizaciones sociales y de la protesta. Para una verdadera democracia es muy importante una sociedad organizada y participante que se pueda expresar con garantías”, explica David Flórez, delegado de movimientos sociales y políticos en la Comisión de Diálogo.

El documento plantea tres grandes líneas: la creación de derechos para la organización y el movimiento social, la existencia de mecanismos efectivos para que se puedan hacer valer dichos derechos y las normas legales vigentes que, a consideración de la Comisión, deben cambiarse para que existan garantías reales.

Con la primera línea lo que se busca, básicamente, es generar una serie de derechos colectivos para las organizaciones sociales que en Colombia hoy no existen, partiendo de su reconocimiento como sujetos políticos y actores legítimos, y el respeto a su autonomía. Sobre el derecho a la protesta y la movilización, la Comisión plantea la necesidad de que el Estado la reconozca como una forma legítima de participación ciudadana que impulsa la ampliación de sus derechos.

Y en este punto particular, los compromisos del Estado serían varios: darles un trato pacífico y no violento a las protestas sociales, prohibir la criminalización y estigmatización de las movilizaciones y de las organizaciones que las promueven, no usar el sistema penal y la política criminal como mecanismos de represión, eliminar los trámites administrativos para poder realizar movilizaciones y definir autoridades civiles y no militares como competentes para garantizar el derecho, entre otros.

El texto incluso propone cambios fundamentales, como revisar (a través de una comisión con amplias facultades) la doctrina de seguridad nacional, reemplazar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por “un programa de gestores de convivencia que acompañen las movilizaciones”, y reestructurar -con un enfoque de género- la Policía Nacional “como un cuerpo civil, desvinculado del Ministerio de Defensa e integrado al Ministerio del Interior”.

En ese mismo sentido van enfocadas las recomendaciones que hace la Comisión sobre una serie de normas que -a su juicio- deberían ser modificadas en la legislación, pues criminalizan al movimiento social como algunas contempladas en el Código de Policía, la Ley de Seguridad Ciudadana y la de Inteligencia y Contrainteligencia. “Se deberá derogar y/o modificar normas entre las que se destacan la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía y Convivencia), la Ley 1453 de 2011 (reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio), la ley 734, la Resolución 02686 de 2012, que autoriza el uso de armas de letalidad reducida por parte de la Fuerza Pública (y se propone eliminar el uso de gases en el control de multitudes)”, detalla, por ejemplo, uno de los apartes del documento.

Las propuestas, que prometen levantar fuertes debates, están siendo estudiadas por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final y se espera que en pocos días se produzca el texto del proyecto. “Esto va a la comisión de seguimiento, allí se concerta un articulado y se espera que el 28 de este mes se radique ante el Congreso para que esa ley estatutaria empiece el trámite. Nosotros vamos también a convertir este documento en un articulado que queremos comparar con lo que finalmente presentará el Gobierno, para tener claro qué fue incluido”, concluye Flórez.

 

Nota en contexto: http://www.elespectador.com/noticias/politica/las-bases-para-garantizar-la-protesta-social-articulo-690950

 

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