Colombia en la CIDH: Gobierno vuelve a negar la realidad

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Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales 

 

Por Colombia Plural

 

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

 

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

 

Intervención de Marcha Patriótica

 

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

 

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