Carta a Jean Arnault, Representante del Secretario General de NN.UU.

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Señor JEAN ARNAULT, 

Representante del Secretario General de NN.UU. para el proceso de paz 

El último contingente guerrillero conformado por combatientes de los Frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC ya está en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Agua Bonita, en Montañita Caquetá. Se ha concluido de esta manera el ciclo de ubicación de las FARC en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización convenidos. Con este paso trascendental e histórico hemos reafirmado nuestra indeclinable determinación de paz.

Sin embargo, como es de conocimiento público, ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad. Todos ellos están pernoctando en cambuches improvisados, y no es cierto que el 80 por ciento de las áreas comunes están concluidas como lo afirma la cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). A la gente nuestra le ha tocado hacer sus dormitorios con plásticos y palos al mismo tiempo que ponen su mano de obra en la construcción de las mencionadas áreas comunes y de lo que irán a ser sus lugares de vivienda. Si hay demora en las construcciones no ha sido por falta de voluntad de las FARC, sino porque los materiales no llegan a tiempo, aunque advertimos en la última etapa mayor empeño de parte del Gobierno en resolver este tipo de dificultades.

Valga precisar que lo que la cancillería y la OACP denominan Tercera Fase, que sería la construcción de los alojamientos por parte de las FARC, no es una responsabilidad nuestra sino del Gobierno. No obstante, estamos poniendo toda nuestra cooperación, sin que esta aparezca consignada en protocolos, para sacar la obra adelante.

Cualquiera que pase por las zonas podrá percatarse que no hay áreas de recepción y que si los guerrilleros están instalados en las adyacencias de las zonas campamentarias, es precisamente porque no están terminadas. En la mayoría de dichos lugares no están resueltos problemas como el del agua potable, la energía, la conectividad, ni el de la vialidad. ¿Si no hay campamento, qué protocolos se pueden invocar que no sean los del sentido común? En todo caso la guerrilla ha actuado de manera disciplinada, responsable y con absoluta cordialidad e integrados con las comunidades, a las que agradecemos su cálido recibimiento.

Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación.

Nunca la cancillería ni la OACP han planteado en el marco de la CSIVI la realización de un balance con el MM&V como puede derivarse de la lectura de las actas, por lo que no es bueno que de manera prejuiciada el gobierno ahora le eche la culpa de las falencias en terreno a las FARC y a la Misión de Naciones Unidas y no suena bien que la OACP pretenda asumir el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Por otra parte, ¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente.

Estamos totalmente de acuerdo en que lo que siga sea la activación de los protocolos, pero con la realización de las condiciones mínimas para su ejecución. De igual manera, debe darse la activación de la implementación plena para el conjunto de los acuerdos.

Lo que ocurre respecto a las zonas y Puntos Veredales y el Proceso de Dejación de Armas tiene que ver con la implementación de todo lo acordado, y en esto, el cumplimiento de los compromisos debe ser recíproco. Pacta Sunt Servanda: lo pactado obliga y debe ser cumplido de buena fe. Respondámonos a esta sencilla pregunta: ¿Si el Acuerdo de Paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso en representación del pueblo, por qué pretenden algunos voceros de la institucionalidad modificar el texto de los compromisos?

Todos sabemos que hay un concierto de enemigos de la reconciliación que desde hace rato está buscando destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, sabotearla, enredarla con sofismas para proteger a terceros, es decir, a quienes sin meter la mano directamente, dieron órdenes que causaron victimizaciones o de otros que financiaron al paramilitarismo, y que como denominador común, le tienen miedo a la verdad. No se pueden mezclar el agua y el aceite que son la JEP y la Jurisdicción ordinaria, aduciendo de mala fe, la persecución a delitos de ejecución permanente.

Es el colmo que después de varios meses de firmado el acuerdo no haya seguridad jurídica para los guerrilleros de las FARC.

Que la implementación no sea convertida en una nueva renegociación, por favor. Y debe entenderse que los compromisos son de ambas partes. En consecuencia, por ejemplo, antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos.

Necesitamos que se aplique la Ley de amnistía aprobada hace 45 días por el Congreso de la República para que el proceso se llene de confianza. Que se produzca ya la excarcelación de los guerrilleros y de todos aquellos privados de la libertad por su involucramiento en el conflicto, especialmente, de todos los detenidos como consecuencia de la protesta social. Que los guerrilleros ni nadie piense que pueden estar siendo engañados.

Estamos dispuestos a presentar a la mayor brevedad las listas de los compañeros y compañeras que deben moverse por todo el país haciendo pedagogía de paz, pero ¿cómo completar estos nombres si seguimos a la espera de la liberación de los amnistiados? Ni siquiera los indultables por vía de la ley 418 han terminado de salir de las cárceles.

Por todo lo anterior, es que  las FARC están planteando en la CSIVI, no solamente el comienzo de la segunda misión de Naciones Unidas, sino la activación inmediata del componente internacional de la implementación, como la participación, en los términos del acuerdo, de todas las instancias internacionales previstas en el mismo.

Y dentro de estas circunstancias aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas.

Cordialmente,

ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

 

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