Justicia especial de paz.

Blogger Carlos Lozano
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Tomo prestado el título de esta columna del colaborador Sergio de Zubiría Samper, quien en la edición del 12 de agosto próximo pasado, fue víctima de las travesuras del diablillo de las imprentas, que existe todavía a pesar de los tiempos de la cibernética y del internet. Su columna, así titulada en el original, fue cambiada y en el proceso de edición pasó a ser Justicia social de paz. Por supuesto la diferencia entre los dos títulos es de fondo como lo demuestra el debate que está abierto, porque los partidos del establecimiento dominante se niegan a una justicia restaurativa sino selectiva y discriminatoria en el afán de venganza que tienen contra las FARC-EP, al tiempo que desconocen que el bien supremo de la paz está por encima de todo lo demás.

Tomo prestado el título de esta columna del colaborador Sergio de Zubiría Samper, quien en la edición del 12 de agosto próximo pasado, fue víctima de las travesuras del diablillo de las imprentas, que existe todavía a pesar de los tiempos de la cibernética y del internet. Su columna, así titulada en el original, fue cambiada y en el proceso de edición pasó a ser Justicia social de paz. Por supuesto la diferencia entre los dos títulos es de fondo como lo demuestra el debate que está abierto, porque los partidos del establecimiento dominante se niegan a una justicia restaurativa sino selectiva y discriminatoria en el afán de venganza que tienen contra las FARC-EP, al tiempo que desconocen que el bien supremo de la paz está por encima de todo lo demás.

 

La Justicia Especial de Paz no debe tener ataduras en el derecho vigente nacional e internacional. La justicia no puede convertirse en un estorbo para la paz. Este tipo de justicia extraordinaria debe corresponder a la realidad colombiana y de un conflicto histórico que surgió de causas políticas, económicas y sociales que deben resolverse para erradicar todo aquello que lo originó. En este sentido, la paz es un derecho síntesis que debe reconocer el derecho a la rebelión en un país en donde se impuso la violencia desde el poder y se agenció el terrorismo de Estado para eliminar la lucha social y la actividad política de la izquierda. La rebelión fue la consecuencia del desarraigo social y de la violencia del poder que cerró el camino a la democracia.

La Justicia Especial de Paz está al servicio del bien supremo y por supuesto a encontrar salidas jurídicas y políticas para todas las partes concernidas en el conflicto. Tomando en consideración a las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este es el debate de fondo. Porque por el contrario, desde el gobierno y la “gran prensa” nacional e internacional, reclaman que la justicia es para las FARC-EP y su aplicación es asimétrica y compromete no más a los comandantes de la guerrilla. Es la concepción mezquina, vengativa y ventajosa que siempre aplica la oligarquía en el poder.

El pasado jueves 20 de agosto, el editor para América Latina del diario The Economist, me hizo una entrevista, que resultó en polémica sobre este tema de la justicia. Para el periodista gringo es inaceptable equiparar a los guerrilleros con el Estado. “Este último representa la legalidad” me dijo. ¿Cuál legalidad? le respondí. ¿La de asesinar y matar a sus opositores como fue el caso del genocidio de la UP? En la lógica de la derecha todo vale para defender el régimen de privilegios, pero en la lógica más avanzada y humanista es un derecho la rebelión para derrocar a los tiranos, como lo consagra la Carta Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Revolución Francesa.