Espacio público y derecho a la ciudad

Blogger Andrés Camacho
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Durante las últimas semanas son cientos de imágenes que por medios de comunicación, redes sociales y en carne propia hemos visto sobre desalojos y operativos para la “recuperación” del espacio público en Bogotá, la agresividad de dichos operativos contrasta con la política dialogante que hasta la fecha se venía teniendo con los vendedores ambulantes, lo cual sumado a otros conflictos desatados por medidas de la administración distrital, han generado un ambiente de  convulsión en la ciudad. ¿Pero qué está detrás de la problemática de las ventas ambulantes en Bogotá?

Para empezar es necesario señalar que la venta ambulante es un oficio de vieja data en las ciudades, de hecho, muchas economías locales tienen en la venta ambulante organizada un motor para la generación de riqueza, por ejemplo para el caso de Bogotá existen pronunciamientos y medidas del concejo de la ciudad que datan de 1932 cuando el cabildo distrital adopto algunas medidas sobre el gremio y sobre expendios de mercancía en la ciudad; mediante esta norma a los vendedores ambulantes se les definió como “aquellos individuos que venden mercancías, ya ofreciéndolas en las vías públicas, ya en los domicilios y locales particulares” mediante la misma norma se clasificaron algunas de sus actividades por categorías, así es que el debate sobre espacio público y ventas ambulantes tiene una larga historia, y su desarrollo siempre ligado a las condiciones económicas del país ha estado determinado por los ciclos sociales y políticos de la historia de Colombia.

En tal sentido es imposible caracterizar el fenómeno sin tener en cuenta las explosiones demográficas que ha vivido Bogotá, explosiones que coinciden con el recrudecimiento del conflicto en el país, es así como entre el 40-50 y luego en el 90 y 2000, nuestras ciudades duplicaron o triplicaron el número de habitantes, la mayoría, campesinos desplazados huyendo de la violencia.

En nuestros hogares se cuentan historias del padre o el abuelo que llegó por primera vez a Bogotá, muchos de ellos llegaron sin nada en sus manos y arrancaron una larga tradición de supervivencia en la ciudad.

Estos fenómenos demográficos explican por qué  Bogotá creció en los últimos 15 años de una manera tan acelerada, y por qué la mayoría de estos desplazados terminaron marginados y victimizados ahora en las urbes sin oportunidades. Así que referirse a los vendedores ambulantes en un país como Colombia significa evocar  las causas del conflicto que hemos padecido y las consecuencias sobre las ciudades. Dicho fenómeno de crecimiento exponencial de la población en las ciudades que debería ser uno de los problemas nodales para el Estado en cuanto al aseguramiento de vivienda, servicios públicos, salud, educación y empleo, fue el que empujó a la gente sin trabajo al rebusque, a la economía informal y que hoy pretende ser presentada como una discusión puramente estética y no estructural.

Por otra parte según la definición del DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) el espacio público está constituido por las “áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes y similares. Las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad”.

Entonces se nos presenta hoy una contradicción entre espacio público y economía informal, obvio defendemos el espacio público de la misma forma que defendemos lo público, sin embargo, el tratamiento del espacio público trasciende lo físico y debe contemplar la forma en la que en él, conviven peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y los vendedores informales o ambulantes, y como esté se constituye en el escenario para el ejercicio de la ciudadanía.

Por tal razón muchos nos declaramos contradictores de las medidas que le dan un tratamiento puramente policial sin considerar las características estructurales del mismo, de hecho salta a la vista un tratamiento hipócrita por parte de las instituciones, pues mientras los vendedores ambulantes son tenidos en cuenta en la estadística nacional para evaluar el empleo, conforme la definición: se considera empleado todo aquel dedica más de una hora a la semana y recibe una remuneración cualquiera por la prestación de un servicio, así es que mientras cuentan en la estadística que para el año 2015 situó la tasa de desempleo en 8,9% y sacan pecho diciendo que es la más baja en los últimos 15 años, por otra parte criminalizan el ejercicio de esa actividad económica informal.

Es incoherente dicho tratamiento y como otros tantos temas, en este Peñalosa hace gala de su improvisación, no existe un plan o una metodología construida por parte de su administración para abordar el tema y lo único que ha hecho es mandar “limpiar la ciudad”.

En la actualidad censados según cifras del IPES (Instituto Para la Economía Social) para 2015 existen 48.000 vendedores ambulantes en Bogotá, está es una cifra volátil si se tiene en cuenta las fluctuaciones de empleo, del desplazamiento y el rebusque, sin embargo, es la única que se conoce oficialmente. De las condiciones de dichos vendedores con cifras de 2004 también se conocía que el 57% de los vendedores ambulantes estuvo previamente empleado, el 55% quiere cambiar el actual trabajo en ventas que realiza en el espacio público, y el 43% realizó alguna actividad para conseguir empleo en el último año, lo cual ratifica el argumento que señala que la venta ambulante es una forma de subsistencia ante la falta de oportunidades, también es cierto que este fenómeno ha sido presa fácil de la delincuencia, es de conocimiento público la existencia de mafias que cobran por el uso del espacio público o de redes de tráfico que utilizan está fachada para delinquir, pero de todo lo que se pueda decir frente a este fenómeno lo más cierto es la ausencia de una respuesta estructural por parte de las instituciones, y mucho menos ahora que Peñalosa sin estudios o desconociendo los existentes como es usual en él, parece que haya acogido como política la limpieza social.

Sabemos por experiencias del pasado que no basta que los vendedores ambulantes sean incluidos en programas de reubicación que muchas veces no ofrecen las garantías en términos de ingresos para continuar su sostenimiento, o que abandonen el espacio público y se acojan a los programas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial, capacitación y  acceso a crédito sin que exista un mínimo de sostenibilidad para sus proyectos, por ello esté es uno de esos temas de ciudad que encaja en lo algunos denominamos una reforma urbana integral, la cual debería desprenderse necesariamente de los acuerdos de Paz y a fin garantizar unas condiciones de vida dignas para la gente en el campo y la ciudad, formas para incorporarlos en el aparato productivo, mientras tanto nos seguiremos oponiendo al despojo, la criminalización y la persecución a estos ciudadanos, exigiremos a la administración una política seria al respecto y no más maquillaje para Bogotá.

 

@andrescamachomp 

 

Máster en Energías Renovables, Ingeniero y Licenciado en Física. Fue Secretario General de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU- y es vocero de la Marcha Patriótica Bogotá.